El Congreso debate esta tarde una proposición no de ley en la que pide que se derogue la reforma laboral del Gobierno. La iniciativa del PSOE contaba en principio con el apoyo de Unidos Podemos. La negativa de Ciudadanos a aprobar nada que suponga “derogar” ha hecho que presenten una enmienda que defiende la búsqueda de un nuevo marco para ponerse de acuerdo con los socialistas. También la antigua Convergència ha presentado otra enmienda en ese sentido. Los socialistas admiten que mantienen una negociación para una transaccional con el resto de grupos, pero aseguran que la palabra “derogación” deberá aparecer en el texto.
El acercamiento entre el PSOE y Ciudadanos, cuyo acuerdo de Gobierno nunca abogó por la derogación sino por “plantear un cambio en el marco de las relaciones laborales para empezar a resolver los problemas del paro y la reforma laboral” puede hacer que Unidos Podemos dé marcha atrás. La formación de Pablo Iglesias es tan contraria a la reforma laboral conservadora como a la socialista, por lo que puede optar esta tarde por abstenerse o incluso votar en contra.
De esta forma, todo depende de la votación de los 67 diputados de la formación y los cuatro de Compromís.
El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha admitido que están negociando una transaccional con el resto de grupos pero ha asegurado que la palabra “derogación” deberá aparecer en el texto final. “Si no hay acuerdo, mantendremos nuestra iniciativa”, ha asegurado en rueda de prensa.
Unos minutos antes de que se reuniera la Junta de Portavoces, Aitor Esteban ha adelantado su intención de respaldar el techo de gasto que el Parlamento discutirá la próxima semana. El portavoz de los nacionalistas vascos, que hace pocos días enfriaba mucho la posibilidad de respaldar los Presupuestos, ha reconocido que es un “paso importante” y que el acuerdo “será positivo para Euskadi”.
De esta forma, los apoyos a las cuentas de Mariano Rajoy para el próximo año están más cerca de ser aprobados. A la negociación económica se une además los contactos entre los Gobiernos central y vasco destinados a reducir la ligitiosidad en el Tribunal Constitucional.
Además de las exigencias económicas, el Gobierno de Iñigo Urkullu exige más respeto a las leyes vascas y que el Ejecutivo renuncie a interponer varios recursos.