El PSOE se ha comprometido a promover un cambio legislativo en un plazo inferior a tres meses para que las listas electorales sean cerradas y desbloqueadas, es decir, que los votantes puedan tachar o excluir algunos de los nombres que las integran. Este es uno de los puntos del acuerdo que Pedro Sánchez ha suscrito con la organización Transparencia Internacional y que contempla otras medidas como la eliminación de los imputados con indicios sólidos de delito de las candidaturas o la retención de las subvenciones para aquellos partidos que no remitan la documentación requerida al Tribunal de Cuentas.
La Conferencia Política del PSOE celebrada en otoño del año pasado ya estableció como prinicipio que el partido promovería una modificación de la ley electoral para incluir las listas cerradas y “para que los electores puedan marcar en ellas sus preferencias”. El proyecto político de la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba planteaba que se pudiera “marcar una preferencia en todas las circunscripciones y dos, en aquellas circunscripciones en las que se elijan más de 10 diputados”.
El convenio de colaboración con Transparencia Internacional hace que ese compromiso se acelere y tenga que cumplirse en un plazo no superior a tres meses. Aunque les da a elegir entre las listas abiertas o desbloqueadas, los socialistas son más proclives a la segunda modalidad porque consideran que ofrece más garantías.
Fuentes de la dirección han explicado que aún no se ha determinado a través de qué sistema se impulsará el cambio legislativo ni la modalidad de listas desbloqueadas que se planteará. El texto suscrito por Sánchez especifica que el objetivo es que los votantes puedan tachar o excluir a “algunos de los candidatos”.
Otras medidas que el PSOE se ha comprometido a promover en el Parlamento pretenden garantizar la limpieza de las cuentas de los partidos. La nueva dirección socialista ya ha adoptado algunas de las planteadas, como la publicación de las cuentas anuales.
También apoyan que se retengan las subvenciones públicas a los partidos que no hayan remitido sus números al Tribunal de Cuentas.
El convenio también incluye la prohibición de que los bancos puedan condonar las deudas asumidas por los partidos o la prohibición de que las personas jurídicas puedan entregarles donaciones. Estas medidas ya fueron aprobadas por el Gobierno a finales de 2013.
La regeneración democrática es otro de los intentos de las organzaciones que han suscrito el acuerdo. Así, el PSOE se ha comprometido a que en sus listas no irán imputados con indicios sólidos de delito o a “procesados por corrupción -con apertura de juicio oral o escrito de acusación del fiscal-”.
El código ético aprobado recientemente prevé que los socialistas expulsarán de sus filas de manera provisional a aquellos representantes a los que se haya abierto un juicio oral. Respecto a los imputados, la decisión queda en manos de la dirección del partido ante la que el afectado tendrá que rendir cuentas.
Las medidas planteadas por Sánchez desde la campaña por hacerse con el liderazgo del partido, como la limitación de los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados y la eliminación de los indultos a condenados por corrupción, también forman parte de este acuerdo que los socialistas deberán impulsar en el Congreso en los próximos tres meses.