La reunión celebrada el viernes por la tarde en Suiza entre el líder Junts, Carles Puigdemont, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, fue todo lo mal que ambas partes habían vaticinado. Convertida en un cruce de reproches por los incumplimientos que se achacan desde uno y otro lado de los acuerdos alcanzados hace justo un año para la investidura de Pedro Sánchez, la cita sirvió ante todo para constatar que el Gobierno no podrá contar en adelante, y hasta nuevo aviso, con los siete votos de los independentistas catalanes en el Congreso de los Diputados.
En el PSOE, conscientes desde hace semanas de que el pacto con ERC para investir a Salvador Illa había supuesto un punto de inflexión en la relación con Junts, no ha sorprendido el resultado del encuentro. Las últimas votaciones de los de Puigdemont en el Congreso, con sus votos sumados a los de PP y Vox para asestar derrotas parlamentarias al Ejecutivo, y los mensajes explícitos del expresident en sus redes sociales, no dejaban mucho margen a la reconstrucción de los puentes.
“Ya sabemos que Puigdemont está un poco a lo suyo. Nosotros estamos a lo de los demás”, resumía este lunes un alto cargo de Ferraz a modo de conclusión de la reunión en Suiza. Lo que deslizan los socialistas con esas referencias a “lo suyo” es que se han encontrado a un expresident enrocado en su situación procesal, al margen de los beneficios de la ley de amnistía por decisión del Tribunal Supremo. Algo que reprocha expresamente al Ejecutivo.
“Ni que dependiera de nosotros”, apunta otro alto cargo del PSOE, que recuerda que el principal compromiso adquirido a cambio de la investidura de Pedro Sánchez fue asumido y llevado a cabo. “Nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso de aprobar una ley de amnistía que está vigente y que nos ha supuesto mucho esfuerzo, mucho desgaste durante meses. Pero nosotros sí cumplimos nuestros acuerdos”, subraya esa misma fuente.
En público, la portavoz del PSOE se limitó a contestar a los periodistas que la reunión del viernes no arrojó “ninguna novedad”. “Fue una reunión ordinaria y nosotros no comentamos reuniones, comunicamos acuerdos. Y por el momento no hay nada nuevo que comunicar”, afirmó Esther Peña.
En el Gobierno ya asumen que los próximos pasos en el Congreso también contarán con el rechazo de Junts. El más inmediato se espera para este próximo jueves, cuando está previsto que vuelva a votarse una senda de estabilidad que implica 11.500 millones de euros de margen fiscal extra para comunidades y ayuntamientos y que en lo político es considerada la antesala de los Presupuestos Generales del Estado. Esa senda, que volvió a ser impulsada por el Consejo de Ministros a principios de septiembre, ya fue tumbada en julio por el PP, Vox y Junts. Una situación calcada a la que podría volver a darse esta semana salvo que, como algunas fuentes parlamentarias entre los socios del PSOE apuntan, el Ejecutivo decida a última hora retirar del orden del día para evitar una nueva foto de derrota parlamentaria.
“Lo hemos dejado claro. Si se presenta la misma propuesta que se votó en contra, evidentemente se votará en contra. Si se modifica, se analizará la modificación y se decidirá el voto. A nadie debe sorprenderle”, avisó este lunes el secretario general de Junts, Jordi Turull. En sus redes sociales, Carles Puigdemont también señaló ese camino tras la reunión con Santos Cerdán aunque quiso desligarlo de cualquier doble lectura política. “Nuestro voto en relación con el techo de gasto no se decidirá con el objetivo de estabilizar o desgastar sino en función de lo que existe en la mesa de negociación para este caso concreto. Cada cosa tiene su negociación y objetivos. Y es necesario negociar pieza a pieza”. Y sobre el futuro de la legislatura, avisó: “Ponernos de acuerdo en una cuestión no prejuzga que en la siguiente cuestión ya estaremos de acuerdo. Y al revés: que en una no hayamos puesto de acuerdo no presupone que en la siguiente tampoco nos pondremos”.
En la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva de este lunes, desde el PSOE se volcaron en interpelar directamente a Alberto Núñez Feijóo y a los presidentes autonómicos del PP para no dejar caer la senda de estabilidad. Y obviaron directamente de la ecuación parlamentaria a los siete diputados de Junts. “Si el Partido Popular vota en contra de la senda de déficit es probable que el Gobierno pierda la votación. Eso es lo de menos, porque lo que es seguro es que el señor Feijóo perderá cualquier oportunidad de presentarse ante los españoles como un político de Estado”, dijo la portavoz socialista, Esther Peña.
Con ese horizonte parlamentario de una mayoría de oposición de derechas las expectativas que existen en la Moncloa sobre sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado están, a día de hoy, bajo mínimos. El escenario contemplado es ya directamente el de prorrogar las cuentas por segundo año consecutivo el próximo 1 de enero de 2025.
“Nuestra obligación es trabajar para que salgan (...) sería mejor tener los Presupuestos, pero si no es posible es evidente que hay unos en marcha”, valoró el nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante una entrevista en TVE.
En el PSOE, sin embargo, hay quien prefiere atisbar una rendija abierta a medio plazo y albergar esperanzas sobre la reconstrucción de la mayoría parlamentaria que invistió presidente a Pedro Sánchez hace menos de un año. Aunque admiten que esa perspectiva solo se sustenta en una única certeza: que Carles Puigdemont, para una cosa y para la contraria, es absolutamente impredecible.