No hay de momento ningún as bajo la manga. PSOE y Moncloa se habían conjurado para que no se escapara ningún detalle de las 110 medidas que Pedro Sánchez presentaba este miércoles como su principal contrato con los ciudadanos para el 28 de abril, pero el documento guardado con sumo celo no contiene grandes novedades. Ferraz ha optado por la línea continuista de lo que ha sido su acción de Gobierno en los últimos meses y por no arriesgar en una batalla electoral donde han tomado la delantera, según todas las encuestas.
Los socialistas se ven vencedores de esa carrera, pero eso no les garantiza repetir en el Gobierno y la duda sobre el margen que sacarán a sus rivales y la composición del futuro Congreso es todavía una incógnita. Con todo, el mensaje de Sánchez busca la movilización del electorado y mantener la tensión de sus votantes para que no se confíen por la buena marcha de las encuestas y evitar que se repita el batacazo de Andalucía donde el PSOE perdió la Junta tras 36 años años ininterrumpidos de poder. Los socialistas tratan de agitar el fantasma de la extrema derecha para concentrar el voto y marcar una distancia suficiente que obligue al resto de partidos a facilitar su investidura.
“Si logramos ser la fuerza mayoritaria, los demás tendrán que acercarse si quieren ser útiles”, resume la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en una entrevista en eldiario.es.
La obsesión de los dirigentes socialistas es no cometer ningún error que puedan pagar caro en las urnas. El PSOE confiaba, además, en tener un relato armado con respecto a Catalunya. De hecho, ni siquiera su propuesta para acabar con el conflicto territorial a través de una reforma constitucional figura en las medidas destacadas del programa de Sánchez, que siempre ha presumido de ser el único que tiene una solución. No cometer errores en ese campo era importante también para el PSOE porque el modelo territorial y, en concreto, el conflicto territorial en Catalunya es uno de los asuntos más sensibles internamente.
En las filas socialistas ha cundido la preocupación tras unas declaraciones del líder del PSC, Miquel Iceta, en las que rechaza la independencia de Catalunya dado que tiene el respaldo solo del 47% de los catalanes. “Si el 65% de los ciudadanos quiere la independencia, la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitarla”, afirma en una entrevista en el diario vasco Berria. Iceta también explica que los independentistas deberían renunciar al referéndum diez o quince años. Después se ha visto obligado a matizar sus palabras.
En las filas socialistas esperan que la polémica suscitada, y que ya han utilizado sus adversarios, quede aplacada. “Ha salido aclarando”, justifica una dirigente del PSOE.
En cuanto al avance del programa, que tiene como eje la lucha contra la desigualdad, el PSOE ha evitado arriesgar con sus promesas electorales. Las 110 iniciativas –entre las que se encuentran ocho pactos de Estado en un momento que se prevé de máxima fragmentación parlamentaria– estaban ya en otros programas del PSOE o se han incorporado a lo largo de la legislatura. Está la consideración de familias numerosas para las monoparentales o monomarentales con dos o más hijos que formó parte de una proposición no de ley que presentó en el Parlamento. El Gobierno de Mariano Rajoy tenía previsto ese cambio legislativo unos días antes de la moción de censura.
Fuentes gubernamentales aseguran que la falta de anuncios nuevos demuestra que el PSOE tiene un “proyecto sólido” y que tiene en su actuación de Gobierno la hoja de ruta que plantea a los ciudadanos. “Salimos con una acción de gobierno muy concreta. Hemos escrito el prólogo de un excelente libro. La ciudadanía nos ha visto y nos ha podido examinar durante ocho meses. Yo creo que es un buen preámbulo”, expresa Celaá. Esas mismas fuentes explican que el programa sigue la línea del trabajo que han desarrollado los socialistas en los últimos años, también en los que estuvieron en la oposición, como los diez acuerdos de país que propuso a principios de 2018.
Además, el PSOE ha rehuido algunos de los debates que le persiguieron en las anteriores campañas. De momento, evita hablar de la derogación íntegra de la reforma laboral. Esa era una expresión que figuraba en el programa de 2016 y que luego Sánchez rectificó al asegurar que no se puede suprimir esas medidas aprobadas por el PP sin una nueva ley que lo regule (y para la que no contó con mayoría parlamentaria durante los ocho meses de de Gobierno). La promesa de cara a las autonómicas de mayo es: “Aprobar los cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012”.
Lo mismo sucede en el caso de la 'ley mordaza' que sigue vigente cuatro años después de que Mariano Rajoy perdiese la mayoría en el Congreso. El PSOE planteó en las últimas generales su “eliminación” mientras que ahora se compromete a aprobar una nueva legislación.
En el documento que vio la luz este miércoles, Sánchez concreta algunas de las medidas que prometió en 2016. Si hace tres años se comprometía a ampliar la dotación de las escuelas infantiles para apostar por la “gratuidad progresiva” ahora se propone: “Avanzar hacia la gratuidad de las escuelas infantiles para niños y niñas de cero a tres años, comenzando por las familias más vulnerables. El objetivo es que para 2025 un 50% de los menores de tres años estén atendidos”.
Otras de sus promesas tenían más detalles en textos anteriores. Es el caso del Ingreso Mínimo Vital, la gran apuesta de Sánchez hace unos años para acabar con la pobreza infantil. En el documento de las 110 medidas para el 28A se limita a enunciarlo, mientras que en 2015 explicaba que la pretensión era invertir 6.000 millones anuales para llegar a 783.000 familias.
Lo mismo sucede en el caso de la ley contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual: el documento presentado este miércoles no hace alusión a la sanción penal al alquiler de locales para el ejercicio de la prostitución que sí figuraba en el de 2016. Un documento interno del PSOE abogaba incluso por castigar por la vía penal a los clientes de la prostitución, pero en la elaboración del anteproyecto legislativo en la vicepresidencia del Gobierno surgieron dudas sobre ir tan lejos. Nada dice al respecto el avance del programa hecho público por los socialistas.
Sánchez lleva a su programa algunas de las iniciativas que ha llegado a aprobar en el Consejo de Ministros pero que han caído en saco roto con el anticipo electoral, como la ley contra la violencia infantil, la reforma constitucional para acabar con los aforamientos o la ley educativa que acabe con la Lomce, entre otras.
El PSOE está convencido de que la llegada al Gobierno le catapultó a la primera posición y Sánchez, de que la agenda que ha llevado a cabo en estos nueve meses es su mejor carta de presentación. “Hemos sentado las bases de las grandes transformaciones”, presumió ante los asistentes al acto. “Hemos marcado el rumbo de los grandes cambios, ahora lo que hacemos es pedir la confianza de los españoles para consolidar ese cambio de rumbo”, dijo el presidente flanqueado por una docena de banderas españolas y europeas.
Desde esa posición central en la que se ha colocado Sánchez tras pasar por La Moncloa propuso ocho pactos de Estado sobre materias muy diversas: desde la educación, la ciencia o la cultura hasta la lucha contra la corrupción pasando por la financiación autonómica, las infraestructuras, la industria y la profundización en el ya sellado sobre el combate a la violencia machista. Lograr ese último acuerdo costó meses de negociación y esfuerzo y las posiciones se han radicalizado con la cercanía de los comicios. La nueva configuración del Congreso se prevé aún más polarizada, pero los socialistas tratan de evitar el asunto del día después y confían en conseguir una mayoría amplia que arrastre a los demás hacia sus posiciones.