Han pasado 22 días desde el convulso Comité Federal en el que se escenificó la total división en el PSOE. Los socialistas vuelven a reunir a ese órgano de dirección para afrontar uno de los tragos más complicados de su historia reciente: dejar gobernar a Mariano Rajoy. Lo hacen también divididos, pero con las aguas más calmadas fruto del paso del tiempo.
Javier Fernández decidió dilatar al máximo la decisión de la abstención para “bajar el nivel de la temperatura interna” tras la caída de Pedro Sánchez. En estas tres semanas, los dirigentes afines a la gestora han hecho “pedagogía” para sumar apoyos a la tesis de la abstención. Lo han conseguido en varios casos, como el del alcalde de Móstoles, David Lucas, o del diputado murciano Pedro Saura.
“Es que ahora ya no hay otra alternativa”, expresa uno de los parlamentarios que ha virado del no a la abstención. Dirigentes socialistas admiten en privado la complicación que conlleva defender esa postura por el amplio rechazo que suscita en las bases socialistas y acusan a la anterior dirección de haber planteado la discusión en clave orgánica.
“Se ha cometido un error de importantes dimensiones que ha sido el de plantear una decisión en torno a la gobernabilidad de España con la existencia de dos bandos en el PSOE”, defiende Soraya Rodríguez en una entrevista en eldiario.es.
El PSOE asume que la abstención se impondrá en la votación de este domingo. Además del cambio de posición de algunos dirigentes, los partidarios del no han perdido varios votos ya que los miembros de la Ejecutiva Federal de Sánchez ya no pertenecen a ese órgano. “Ya no partimos de 107”, reconocía un miembro próximo al exsecretario general en alusión al resultado de la última votación de ese órgano en la que la propuesta del exsecretario general fue rechazada por 25 votos.
Situación límite con el PSC
La duda que planea en las filas socialistas es la fórmula en la que los socialistas plasmarán la abstención en la segunda votación de la investidura (en la primera los 84 diputados votarán no): con solo once diputados, que voten abstención o se ausenten, o si la decisión afectará a todo el grupo parlamentario. Existe división sobre qué estrategia seguir y también sobre si debe ser el Comité Federal el que marque la pauta o dejarlo en manos de la gestora y del grupo parlamentario.
La “abstención técnica” puede evitar la escenificación de la ruptura en la bancada socialista ya que el PSC y varios diputados, como Susana Sumelzo, Margarita Robles y Odón Elorza, aseguran que votarán en contra. La segunda obliga a todos los parlamentarios, incluido Sánchez, a retratarse. Es la opción que defenderán Susana Díaz y Javier Fernández.
El rechazo del PSC -un partido independiente pero hermanado con el PSOE- a acatar la abstención si es lo que se decide finalmente en el Comité Federal está llevando a una situación límite la relación entre ambas formaciones. Dirigentes afines a la gestora sostienen que si los socialistas catalanes participan en la reunión del Comité Federal tendrán que cumplir lo que “democráticamente” se decida. Sin embargo, la delegación encabezada por Miquel Iceta tiene previsto votar en contra de la abstención este domingo y que sus siete diputados mantengan el no a Rajoy en la investidura.
Esa fue la decisión que tomaron los delegados catalanes en una reunión mantenida este viernes. Solo dos de ellos, José Zaragoza y el alcalde de Cornellá, Antonio Balmón, defendieron que no deberían participar en la votación del Comité Federal si después no pretenden cumplir el mandato que salga de ella en el Congreso. Dirigentes del PSOE sostienen que, darse esa situación, se llegaría a un “punto de inflexión” en el que tendrían que replantearse la relación con el PSC. Algunas de esas fuentes sostienen que la revisión debería suponer sacar a los socialistas catalanes de los órganos internos, como el Comité Federal o los congresos del PSOE.
Vía libre para el acuerdo PP-Ciudadanos
El efecto de la decisión del PSOE es que Rajoy seguirá en Moncloa y pondrá en marcha su acción de gobierno fundamentada en el acuerdo que suscribió con Albert Rivera. Los socialistas, tanto los fieles a Sánchez como los que estaban alejados de él en el momento de la primera investidura, rechazaron aquel documento.
“Lo que hace es ratificar las políticas que ha practicado la derecha estos cuatro años”, expresó a finales de agosto Antonio Pradas, el hombre fuerte de Andalucía en la Ejecutiva de Sánchez, que se encargó mes y medio después de presentar en Ferraz las 17 dimisiones que pretendían forzar la salida del secretario general. Para Pradas, el acuerdo de PP y Ciudadanos dejaba “aparcados” los principales compromisos electorales del PSOE.
A pesar de que los conservadores insistieron en que su acuerdo repetía hasta 100 medidas incluidas en el pacto del abrazo de Sánchez y Rivera, el PSOE lo rechazó frontalmente. El principal reproche del PSOE es que no toca la reforma laboral del PP. También mantiene intacto el salario mínimo interprofesional y no recupera el subsidio para los desempleados mayores de 52 años.
Con Rajoy en Moncloa, el plan que acordó con Rivera tendrá luz verde si logran el respaldo parlamentario de otras fuerzas de derechas, como PNV y la antigua Convergència, que apoyó al PP en la pasada legislatura cuando no era necesario porque contaba con mayoría absoluta en medidas como la reforma laboral o la amnistía fiscal. PP y Ciudadanos dependen de un puñado de votos para aprobar la existencia de tres contratos -indefinido, de formación y de protección creciente- o un complemento salarial por importe de 1.300 para el primer año.
Sin embargo, los defensores de la abstención en el PSOE sostienen que podrán defender su programa electoral desde el Congreso y marcar la agenda del gobierno a través del Parlamento en aquellas apuestas de “cambio” en las que coinciden PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, fundamentalmente las relacionadas con la regeneración. El Ejecutivo se reserva el derecho a veto de las propuestas que supongan un exceso de gasto sobre el previsto, pero en las filas socialistas sostienen que tendrá que “ceder” en algunas medidas si pretende lograr su respaldo en otras. El primer escollo que el PSOE prevé que encontrará Rajoy es la aprobación de los presupuestos, que no pretenden respaldar.
“Un suicidio” con los militantes en contra
Frente a los que defienden la abstención para un gobierno en minoría de Rajoy como “mal menor” ante un “gobierno en mayoría”, los partidarios del “no”, entre los que se encuentran algunos secretarios generales como la presidenta balear, Francina Armengol, o el castellanoleonés, Luis Tudanca, o destacados dirigentes como Patxi López o Josep Borrell, consideran que es “un suicidio” permitir que el PP siga en el poder.
Algunos de ellos defienden una consulta a los militantes ante la envergadura de la decisión, que comparan con otras decisiones como la reforma del artículo 135 de la Constitución o el congreso de Suresnes en el que el PSOE abandonó el marxismo. Sostienen que las bases rechazan la abstención. “Hay un divorcio entre lo que representa la gestora del PSOE y los militantes”, expresó Margarita Robles. El temor que tienen es que se produzca una desbandada de afiliados, aunque Ferraz oculta las peticiones de baja que han recibido por el momento.
Decenas de agrupaciones, entre ellas las andaluzas de Dos Hermanas (Sevilla), Cádiz ciudad o Fuengirola (Málaga), han aprobado resoluciones en las que defienden mantener el rechazo al PSOE y un equipo capitaneado por el alcalde de Jun ha recogido firmas para forzar la convocatoria de un congreso extraordinario inminente. Dicen tener más de 86.000 firmas, pero no las registrarán en Ferraz hasta conseguir 7.000 más que necesitan para que la petición sea efectiva, como recogen los estatutos, que fijan en la mitad más uno de los afiliados el listón para que puedan obligar a la convocatoria del congreso.