Los abogados del PSOE han decidido recusar únicamente a Enrique López de entre los tres jueces que formarán el tribunal del primer gran juicio a Gürtel. Los socialistas, que ejercen la acción popular, consideran que el magistrado no está en condiciones de mantener su imparcialidad apoyándose en cuatro hechos: la participación de López en 54 conferencias de FAES y una ponencia política del PP; el nombramiento del juez como vocal del CGPJ a propuesta de los conservadores; la insistencia de éstos en que ingresara en el Tribunal Constitucional aun “sin reunir los méritos necesarios”; y el parentesco con un estrecho colaborador de uno de los acusados que se sentará en el banquillo.
Esto, en cuanto a los hechos detallados y documentados en el escrito. Las consecuencias de los mismos para el PSOE son que Enrique López reúne las condiciones de los apartados 9 y 10 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para ser recusado, esto es, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquier de las partes y mantener interés directo o indirecto en la causa. “En el presente caso se evidencia que, quizá, el ánimo del magistrado recusado no esté lo suficiente sereno para emitir una resolución imparcial y por tanto incompatible con la función jurisdiccional que tiene conferida”, asegura el PSOE en su escrito de recusación, al que ha tenido acceso eldiario.es.
El PSOE incide en que el magistrado, como cualquier otro ciudadano, puede y debe tener ideología, pero precisa que en su caso se torna en “afinidad política”. Y ésta “puede desviar las posiciones imparciales necesarias para el enjuiciamiento, debido a la amistad o el interés en la defensa de unas determinadas personas que pertenecen a un concreto partido político”. Hasta el punto de que esa afinidad “puede traicionar su subconsciente y enturbiar su imparcialidad”, añade.
Pero no solo se trata de sus vínculos con dirigentes del partido sino con el partido mismo. En este sentido, el PSOE recuerda que la mayoría de los más de 40 acusados en el juicio formaban una asociación para delinquir, como señalan las peticiones de condena de la Fiscalía y que, a su vez, “el grueso de ellos” pertenecen¡ al PP, “realizando en numerosas ocasiones tareas de financiación ilegal del propio partido, por cuyo motivo el partido también está acusado a título de partícipe lucrativo”. En la misma línea, el PSOE recuerda la imputación de tres extesoreros del partido en la causa.
El PSOE argumenta que si López fue requerido en 54 ocasiones para participar en los cursos de FAES, “propuesto y elegido” como miembro del CGPJ y del Tribunal Constitucional, en los dos casos a propuesta del PP, esto podría llevarle a razonar que una sentencia adversa para el partido o sus excargos podría perjudicarle en el futuro. Así lo expresa el escrito: “Resulta inevitable que incida, aunque fuere de manera indirecta, en su percepción de que las propuestas pudieran dejar de producirse si la resolución que adoptara produjera un perjuicio para sus mentores”.
La acusación popular del PSOE se plantea si López llegó a cobrar de FAES, toda vez que la asistencia a los cursos requería de una inscripción que costaba dinero. Por eso, solicita a la Sala Segunda de la Sala de lo Penal que requiera a la fundación información sobre “los emolumentos o dietas” que haya podido percibir. También solicita que el PP informe si pagó a Enrique López por su participación en la conferencia política sobre el modelo de Estado que los 'populares' celebraron en 2006.
Los socialistas recuerdan que en el patronato de FAES figura Ana Mato quien, como el PP, se sentará en el banquillo como responsable civil a título lucrativo. O lo que es lo mismo, como posibles beneficiarios del dinero negro de la trama Gürtel. También es parte de ese patronato, Federico Trillo-Figueroa, “persona que mantiene una estrecha relación y fue propulsor de la carrera judicial del ahora recusado durante el periodo que éste ocupo el cargo de secretario de Justicia y Libertades Públicas del PP y como portavoz del partido en la comisión constitucional del Congreso”, añaden los socialistas.
De otro lado, destaca el PSOE, López coincidió en los cursos de FAES, según alega el PSOE, con Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de la Comunidad de Madrid para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión y 9 de inhabilitación.
La mano derecha de Ulibarri, su cuñado
Además, el PSOE recupera que Enrique López es cuñado del empresario Miguel Hernán Manovel García –casado con su hermana-, a la que la acusación popular señala como “persona de confianza” de José Luis Ulibarri, imputado en la trama. Ulibarri, señala, designó al cuñado de López como consejero delegado de UFC, empresa que aparece en el sumario, y como su vicepresidente en todo el grupo Begar.
Para otra de las acusaciones populares, ADADE, López es el “antimodelo de juez imparcial”. Con los mismos argumentos del PSOE, ADADE se pregunta: “En el estamento judicial español tenemos muchos buenos imparciales y competentes jueces, ¿por qué este caso con tanta significación política del PP, amén de jurídica por supuesto, ha de resolverse por magistrados tan significados políticamente en favor de muchos encausados?”.
Esta acusación popular ha optado por recusar igualmente a Concepción Espejel, llamada a presidir el tribunal. De esta jueza, ADADE recuerda los “encendido elogios” públicos que le ha dedicado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.