Silencio y discreción. Esa es la consigna. PSOE y ERC se sientan este jueves en el Congreso de los Diputados a hablar de la investidura, pero antes ha habido un trabajo invisible entre negociadores para allanar el camino y, sobre todo, pulir discrepancias. Ni un tuit, ni una declaración, ni una filtración al respecto. Si algo no quieren es que la negociación se retransmita en directo, como ocurrió en julio con las negociaciones entre Podemos y el PSOE previas a la investidura fallida de Pedro Sánchez.
Ahora todo es tan distinto que durante las conversaciones previas a la cita de este jueves se ha llegado incluso a plantear que la próxima reunión tenga lugar en Barcelona sin que haya habido objeción por ninguna de las dos partes. Eso solo ocurrirá si, como parece, encarrilan definitivamente el diálogo. Nadie prevé en todo caso que el acuerdo sea inminente. Pero se mantendrá la cautela respecto a posibles avances. De hecho, es probable que tras este primer encuentro no se informe en rueda de prensa del resultado sino que haya un mensaje pactado emitido desde cada una de las partes mediante un comunicado.
El artículo del vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, el pasado domingo en La Vanguardia para poner negro sobre blanco las cuatro patas sobre las que debía sustentarse un posible acuerdo hizo saltar las alarmas entre los socialistas. A partir de ahí, la comunicación y el intercambio de posiciones se ha mantenido e incluso intensificado en las últimas horas para no cruzar un solo reproche cuando llegue el momento de sentarse este jueves en la mesa. El primer encuentro de los equipos negociadores se ha preparado a conciencia en Moncloa con una 'cumbre' presidida por Sánchez y a la que asistió la vicepresidenta, Carmen Calvo, y los dirigentes que se sentarán con ERC: Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa (PSC).
ERC acude a la reunión con una propuesta de mínimos que permitirá avanzar y consensuar los términos de un posible acuerdo. De hecho, en esta primera fase no está en su ánimo –pese al discurso que necesariamente tendrán que hilvanar en público para sus intereses partidistas– establecer líneas rojas como el derecho de autodeterminación o la amnistía para los presos del procés que pudieran dinamitar cualquier avance. Su objetivo es que se produzca un reconocimiento explícito de la existencia de un “conflicto político” en un documento pactado, que desaparezca del discurso político el empeño en que el único problema es una “crisis de convivencia” entre catalanes y que se acuerde un calendario donde se concrete el contenido y los plazos de una siguiente mesa de negociación ya entre gobiernos.
A la primera reacción de pesimismo total ante las “inasumibles” condiciones de ERC que invadió las filas socialistas, le siguió un cierto alivio tras las explicaciones de los republicanos, que llevaron al Gobierno a enfatizar la importancia de que primero se reúnan los partidos y luego haya una “segunda fase” a detallar tras la investidura. Ese mayor optimismo aumentó, además, tras la última rueda de prensa de Gabriel Rufián en el Congreso en la que planteó que facilitará la investidura si tiene un compromiso del PSOE para la negociación posterior entre Gobierno y Generalitat. Los socialistas circunscriben ese diálogo a la comisión bilateral recogida ya en el actual Estatut. Algunas de las condiciones de ERC ya han empezado a ser asumidas en el discurso político que entonan desde La Moncloa.
Tanto es así que en su primera y única aparición pública ante la prensa desde las elecciones, Sánchez se refirió ya al conflicto en Catalunya como una “crisis política”, y no de convivencia como hizo durante toda la campaña electoral. Fueron palabras que llegaron justo después de la primera reunión entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián, y en la que el portavoz de ERC defendió que su partido se mantenía en el 'no' ante la ausencia de señales que hicieran pensar que el PSOE fuera a abandonar la “vía represiva”.
La tensión de hecho se reprodujo este miércoles en el Congreso durante la convalidación del decreto ley que Sánchez aprobó en plena campaña para “poner punto y final” a la “república digital catalana”. El llamado “155 digital” salió adelante con el voto del PSOE, PP y Ciudadanos, pero el Gobierno se ha comprometido a acometer los cambios que le solicitaba Unidas Podemos a cambio de su abstención. En esas modificaciones futuras, ERC espera que los socialistas deroguen buena parte de ese decreto sobre el que la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dicho que no tiene que ver con la “república digital catalana”. Señal evidente de que lo vivido en los últimos días ha tenido más de escenificación que de desacuerdo profundo entre socialistas y republicanos con el objetivo de meter presión al PSOE que, por otra parte, no ha tenido reparo en llamar a la puerta de Ciudadanos mientras exploraba la abstención de ERC.
El propio Sánchez pidió la semana pasada a algunos barones socialistas que remaran en esa dirección para reclamar el apoyo del partido que en breve dirigirá Inés Arrimadas, ante la posibilidad de que pudiera descarrilar el diálogo con ERC.
Los independentistas, que no han aceptado mediaciones ni interferencias de terceros en esta primera fase exploratoria, parecen dispuestos a soportar la presión de sus socios en el Govern y pasar del “no” a la abstención en la investidura siempre que la pista de aterrizaje que les proporcione el PSOE les permita vender algún éxito entre los suyos con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas.