La política de vivienda vuelve a convertirse en motivo de choque frontal entre los socios de coalición. Con la Ley Por el Derecho a la Vivienda encallada por la falta de acuerdo y de apoyos en el Congreso, el PSOE ha llevado a cabo una maniobra parlamentaria en dirección opuesta al espíritu de ese texto ya consensuado por el Consejo de Ministros. El grupo socialista registró hace unos días dos enmiendas a dos leyes que nada tienen que ver con el anteproyecto pactado pero que en la práctica supondrán que se puedan llevar a cabo desalojos exprés en casos de allanamiento o usurpación. Una iniciativa que han llevado a cabo en mitad de las negociaciones por desatascar la ley y sin comunicación previa con sus socios.
“Se trata de que, en caso de allanamiento y ocupación ilegal, el juez dé un plazo de 48 horas tras la denuncia para que sean desalojados. Eso agiliza mucho los trámites de estas cuestiones y da respuesta a una preocupación que nos estaban planteando muchos alcaldes de ocupaciones de muchas viviendas”, sostenía el portavoz socialista, Patxi López, este miércoles en el Congreso.
Preguntado por el espíritu de la ley de vivienda que contemplaba proteger a todas las personas vulnerables antes de ser desalojadas independientemente de que el caso tuviera que ver con un impago o con una ocupación, López ha defendido que “cuando esté aprobada la ley de vivienda buscaremos soluciones habitacionales para esta gente”, aunque en todo caso ha remarcado que se trata de “defender también el derecho de la gente a tener una vivienda”. Esa enmienda la ha registrado el PSOE a la ley de enjuiciamiento criminal, algo que el propio portavoz ha justificado porque “hemos visto que en esta ley nos encajaba para poder hacerlo cuanto antes”.
El movimiento ha pillado por sorpresa en Unidas Podemos, para quienes la política de vivienda resulta estratégica. Creen los morados que sus socios de coalición le compran el discurso sobre ocupaciones a la derecha y a la extrema derecha, y se muestran alarmados porque el principal partido del Ejecutivo ponga ahora el foco en una situación que consideran residual y no en el aumento del precio de los alquileres y las hipotecas.
“Veo a Patxi López descentrado y tiene que recordar que no está gobernando con Mayor Oreja”, salió a contestar también en el Congreso el diputado de Unidas Podemos, Rafa Mayoral. Para Mayoral supone un riesgo “asumir la agenda de la derecha, porque así gana la derecha”, y alerta de que la gente está esperando una respuesta diferente a sus problemas. “Es muy importante que se dé cuenta de que la gente tiene problemas con las subidas abusivas del alquiler y con la subida de las cuotas de las hipotecas. No tiene sentido que cuando estamos negociando la ley de vivienda salgan con esto que está fuera de lugar. Que se centre y piense cuál es la mayoría parlamentaria que está sosteniendo al Gobierno”, pidió el diputado de Podemos a Patxi López.
Las enmiendas del PSOE
En el texto registrado por el PSOE para agilizar los desalojos se detalla que “en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el Juez o Tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble”.
Respecto a la posibilidad de dejar en la calle a personas vulnerables, ese mismo texto deja en manos del juez y de los servicios sociales la decisión final, exponiendo que si “se pusiera de manifiesto la existencia de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad o una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, el Juez o Tribunal lo comunicará inmediatamente a la entidad pública local o autonómica competente en materia de servicios sociales y de protección de menores así como al Ministerio Fiscal, a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias”.
En otra enmienda diferente, en este caso a la ley de Eficiencia Organizativa, el PSOE propone además que ya no sea necesario que los casos de allanamiento sean juzgados por un tribunal popular sino que sea un juez el que pueda hacerse cargo, agilizando por tanto los trámites judiciales. Durante toda la legislatura la oposición ha acusado repetidamente al Gobierno de permisividad con las ocupaciones ilegales, llegando incluso a acusar al Ejecutivo de ampararlas en la ley de Vivienda por especificar que, en caso de vulnerabilidad, nadie pueda ser desalojado o desahuciado de un inmueble hasta no tener garantizada una solución habitacional independientemente de la situación legal en la que se encuentre. Con este movimiento, y a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales, el PSOE dice dar respuesta a una petición expresa de alcaldes y ayuntamientos.