El acuerdo sobre la amnistía es ya una realidad. Tras meses de negociación y de tramitación parlamentaria, el PSOE, Junts y ERC han hecho oficial este miércoles un pacto para sacar adelante la norma en el Congreso tras el bloqueo al que se había visto abocada en las últimas semanas.
La enmienda transaccional pactada que aprobará este jueves la Comisión de Justicia incluye algunas modificaciones en el redactado de la norma, que mantiene los delitos de terrorismo y de traición en sus modalidades más graves como no amnistiables.
Entre los cambios que se introducen están las permanentes referencias al “derecho europeo e internacional” en cuanto a su aplicación en los delitos de terrorismo y traición, y no así al Código Penal español. Una modificación que en el PSOE defienden como “técnica” y que solo busca la asimilación a “los estándares europeos” y que en Junts interpretan como un regate a la posible acción de la Justicia española respecto a las causas abiertas contra líderes independentistas como Carles Puigdemont.
Otra de las modificaciones tiene que ver con la fecha de los delitos amnistiados. Ahora se amplía el plazo de la cobertura de la ley desde el 1 de noviembre de 2011 y quedan incluidos todos los acusados por el Tribunal de Cuentas (la fecha que constaba ahora era el 1 de enero de 2012).
La enmienda acordada introduce además todas las recomendaciones de la Comisión de Venecia en cuanto a los casos que no se podrán acoger a la medida de gracia. Ocurre así, por ejemplo, con el delito de malversación, respecto al que se especifica que no podrán ser amnistiados quienes sean encausados por un tipo de corrupción “que suponga enriquecimiento personal”.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido este jueves en el Congreso el acuerdo alcanzado entre el PSOE, Junts y ERC para desbloquear la ley de amnistía como una buena noticia que “pone fin a una década de fracaso colectivo” y abre paso a una etapa de “diálogo, de hacer política dentro de las instituciones y de la Constitución”.
Bolaños no ha querido pronunciarse sobre si los cambios introducidos en el texto garantizan que dirigentes como el expresident, Carles Puigdemont, puedan beneficiarse de la norma. “No responderé sobre ninguna persona concreta, son los jueces los que tienen que pronunciarse. La voluntad de todos los que hemos acordado esta ley es que todas las personas implicadas en el procès independentista queden amnistiadas, todas”, ha dicho.
Desde el PSOE argumentan que “el acuerdo, en línea con el aval de la Comisión de Venecia, refuerza la plena concordancia de la norma con la Constitución, el derecho europeo y la jurisprudencia internacional, con el fin de que sea una norma impecable”. Y resaltan que, en cualquier caso, “no serán amnistiables los delitos más graves de terrorismo, torturas, traición o contra la independencia de España” ni tampoco se amnistía “la corrupción que suponga enriquecimiento personal”.
En Junts, por su parte, sacan pecho de haber arrancado a los socialistas una norma que, según defienden, ofrece más garantías que el texto que hasta ahora se tramitaba. “Gracias a que Junts aguantó la posición y votó que no, hoy tenemos una ley con garantías y hemos podido incorporar todas las mejoras de la Comisión de Venecia”, sostienen. “Ahora sí, ahora tenemos una ley conforme a los estándares del derecho internacional y europeo”, añaden.
En un comunicado conjunto, PSOE, ERC y Junts confirmaron el acuerdo en la tarde de este miércoles. “Después de días de trabajo conjunto, y teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia, los grupos parlamentarios del PSOE, ERC y Junts han llegado a un acuerdo, mediante una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas, para reforzar la ley de amnistía, que es una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales”, apunta ese comunicado.
El PP promete “combatir la ley” en los juzgados
El Partido Popular ha asegurado que combatirá el acuerdo para la ley de amnistía “en las instituciones y en los juzgados”. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha señalado en un comunicado que el pacto “es la evidencia de que Sánchez acepta que durante un periodo de tiempo concreto en Cataluña no había leyes que cumplir y que ya no hay sentencias que aplicar”.
“No aceptamos esta humillación”, dice el PP en un comunicado, en el que añaden que el pacto del PSOE significa que “España le pide perdón al independentismo por orden de Pedro Sánchez”. Según el PP, España “ha normalizado que el PSOE mande escritos con su logo junto al de los partidos que quieren desmembrar” el país, en referencia al comunicado emitido por las tres formaciones en la tarde del miércoles.
Acuerdo tras el portazo de Junts
El acuerdo permite disipar las dudas sobre la norma que se habían instalado después de que, el pasado 30 de enero, Junts aguantara la presión de todo el bloque de investidura y rechazara, junto a PP y Vox, la ley en el pleno del Congreso. La norma volvió de nuevo a la comisión de Justicia, donde se volverá a votar este jueves.
Tras ese varapalo, que causó profundo malestar no solo en el PSOE sino también en ERC, Junts reclamó cambios en la norma para que diera suficientes garantías de amnistía para todos los implicados en el procés. El partido de Carles Puigdemont pretendía que la norma no diera opción a los jueces. Otros grupos nacionalistas e independentistas, por contra, consideraban imposible blindar la ley frente a eventuales decisiones judiciales para torpedearla.
Esta misma semana, la portavoz socialista Esther Peña afirmó que su partido no tenía prevista “ninguna modificación”. “Lo decimos siempre, nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos seis grupos parlamentarios y que entendemos que este jueves puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en esa comisión de Justicia”, dijo este lunes para alejar el escenario de unos cambios en el texto que, finalmente, sí se han acometido.
En el mes largo que ha durado la negociación, las complicaciones judiciales a la amnistía han dado un salto cualitativo después de que el Tribunal Supremo asumiera las tesis del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y abriera una investigación por terrorismo contra Puigdemont por Tsunami Democràtic. Pero ese nuevo frente judicial contra la amnistía no movió a los negociadores de la mesa.
En paralelo, el escenario judicial se complicó para el expresident con las indagaciones del juez Joaquín Aguirre, al que se sumó García Castellón, por los supuestos contactos con Rusia en busca de apoyos para el procés y que abrirían la puerta a imputarle un delito de alta traición.
El delito de terrorismo fue uno de los aspectos que dio al traste la primera votación de la amnistía y provocó el rechazo de Junts a la norma. Durante las últimas semanas, los negociadores del PSOE y Junts han trabajado en borradores que mantenían el redactado del PSOE para amnistiar a los encausados por terrorismo siempre y cuando “hayan causado violaciones graves de derechos humanos”. El juez García Castellón replicó que ese redactado no le impedía dejar fuera del olvido penal del procés el caso Tsunami.
Una vez concretado el acuerdo y votado el nuevo texto en la comisión de Justicia de este jueves, la ley de amnistía podría ser finalmente aprobada en el pleno del Congreso la semana que viene o, a más tardar, la siguiente. Esa luz verde llevará aparejada que se acelere la negociación presupuestaria para sacar adelante las cuentas públicas de 2024, hasta el momento prorrogadas. Una negociación para las cuentas que se desarrollaría en paralelo al trámite de la amnistía en el Senado, donde el PP lo tiene todo a punto para retrasar al máximo la entrada en vigor definitiva de la norma.