El PSOE quiere zanjar ya la crisis por la ley trans, que ha generado una importante herida en el seno del partido de Pedro Sánchez. Por eso el Grupo Socialista solicitará una última prórroga al plazo de presentación de enmiendas a la norma impulsada por Irene Montero. El Ministerio de Igualdad se había quejado por que los socialistas solicitaran dos ampliaciones desde que la norma pasó el trámite de la totalidad hace unas semanas, a pesar de que la media es muchísimo más elevada. Habrá una tercera petición por parte del PSOE, pero ninguna más, según informan fuentes socialistas.
La cúpula socialista decidió la semana pasada no tocar la parte de la libre autodeterminación de género de las personas transexuales, que es la que más conflicto ha generado en un importante sector del feminismo del partido, y centrar los cambios en el concepto de “violencia intragénero” que figura en la norma que llevó Montero en segunda vuelta al Consejo de Ministros. La intención del PSOE es dejar el texto como salió en la primera vuelta, es decir, del que pactaron Montero y la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, que ha sido muy crítica en las últimas semanas con ese proyecto legislativo.
En las últimas horas el PSOE ha trabajado en los cambios que quiere introducir a la ley trans, pero no da tiempo a tenerlos listos para este miércoles, que es cuando se tendría que cerrar el plazo a la presentación de las enmiendas. Por eso pedirá una prórroga extra. No obstante, fuentes socialistas apuntan a que el próximo lunes harán públicas sus propuestas y las registrará en el Congreso. La intención es cerrar cuanto antes el asunto que genera un gran debate interno, aunque las conclusiones de la semana pasada no lograron aplacar los ánimos.
Con la decisión de no tocar la parte mollar de la ley, la relativa a la autodeterminación de género, lo que sí ha conseguido es allanar el camino a la ley trans, que se le ha atragantado a Pedro Sánchez a nivel interno hasta el punto de haber provocado denuncias cruzadas que han llegado a la Comisión de Ética y Garantías.
Desde Unidas Podemos llevan semanas acusando a su socio de gobierno de “marear la perdiz” y de intentar bloquear la tramitación parlamentaria de la nueva norma. Este mismo martes su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, insistió en el llamamiento al PSOE para que permita la tramitación en el Congreso de la Ley Trans y para que no presente modificaciones a los puntos centrales.
El PSOE se revuelve contra la presión de Igualdad
Aún así, desde el Ministerio de Igualdad reciben como una buena noticia que en el debate en el seno del PSOE se haya acabado imponiendo el respeto a la autodeterminación de género, algo que consideran el corazón de la nueva ley y que no aceptaban rebajar ni volver a negociar, después de que el texto del anteproyecto fuese negociado en su día entre Irene Montero y Carmen Calvo, una de las voces socialistas más abiertamente en contra de la ley.
Desde el departamento de Montero, no obstante, han mostrado su “preocupación” ante esta nueva prórroga y para evitar que la aprobación de la ley no se extienda más allá de fin de año van a proponer un calendario a los grupos. Según fuentes del Ministerio, el cronograma que van a proponer incluirá que el plazo de las enmiendas concluya el 2 de noviembre y el de la ponencia, el 18 de ese mes. El objetivo, insisten, es que “la ley esté aprobada antes de que finalice el año y sin recortes en derechos respecto al texto ya pactado en el Gobierno”.
Al PSOE no le ha sentado bien la presión del Ministerio de Igualdad. “El poder legislativo tiene sus tiempos y la obligación del resto de poderes es respetarlo”, responden desde el partido de Sánchez al mensaje enviado desde el departamento de Montero. “La ampliación del plazo de enmiendas de cualquier ley se aprueba por mayoría, no es una decisión exclusiva de ningún grupo parlamentario. Por eso, exigimos el legítimo respeto que corresponde en un proceso que, para el buen discurrir de una ley tan necesaria como esta, debe desarrollarse libre de presiones injustificadas”, agregan desde el PSOE, que asegura que sus enmiendas pretenden que el “texto sea garantista y que esté libre de cualquier posibilidad de ser recurrido ante el Tribuna Constitucional” y que está haciendo “un trabajo complejo y riguroso que requiere tiempo” para “dotar de mayor seguridad jurídica” a la ley.