El PSOE propone multas de hasta 50.000 euros a las empresas que impidan la conciliación laboral y familiar

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados propone sanciones de hasta 50.000 euros a las empresas que impidan el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Otra de las medidas que introduce en la ley de igualdad laboral que ha registrado en el Congreso este miércoles es que se igualen los permisos de maternidad y paternidad y que sean intransferibles. 

Se trata de una ley de 49 artículos, que hace un repaso por toda la normativa laboral española, afecta a siete leyes, a tres reales decretos y a siete directivas comunitarias, y con la que los socialistas quieren pasar “de las buenas palabras a los hechos”, según ha informado su secretaria de Igualdad, Carmen Calvo. Es una modificación de la legislación que se suma a la ley contra la brecha salarial que los socialistas llevaron a la Cámara Baja la semana del 22 de febrero. 

El texto reduce el permiso por parto a 6 semanas obligatorias tras el nacimiento, destinadas a la recuperación de la salud de la madre, e introduce un permiso por nacimiento para el otro progenitor de 6 semanas obligatorias. Asimismo, reconoce un permiso parental, igual e intransferible, para el cuidado del menor de doce meses de 10 semanas de duración para cada progenitor.

La ley de igualdad del PSOE plantea un régimen sancionador para los incumplimientos en materia de igualdad así como para la discriminación. La idea de los socialistas es ir un paso más allá en la normativa de 2007 y convertir en obligatorios algunos aspectos que se quedaban en propositivos. “Pasamos de la teoría a la práctica”, ha aseverado Calvo.

La ley de igualdad del PSOE establece tres tipos de infracciones (leves, graves y muy graves) para las que establece sanciones que van de los 60 euros en el caso de las leves (pueden alcanzar los 625 euros) hasta un máximo de 50.000 en el caso de las muy graves. Dentro de cada grupo existen diferencias en función de si se estima como mínimo, medio o máximo el grado de incumplimiento o infracción.

En el escalón de las sanciones más graves se incluye, por ejemplo, la extinción del contrato de una trabajadora “durante el periodo de prueba por razón de embarazo o maternidad”. Ese supuesto conllevaría una multa que podría ir de los 6.251 euros hasta los 50.000.

El PSOE también quiere que las comisiones negociadoras dentro de la empresa sean paritarias y, de salir adelante su propuesta, se penalizaría el hecho de que no lo fueran. Si desciende del 40% el equilibro hombre-mujer, se considera una infracción leve; del 30%, grave; y del 20%, muy grave. 

Para la revisión de esos posibles incumplimientos, el PSOE apuesta por la creación de una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación por razón de sexo en el

empleo y la ocupación, integrada en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo.