El PSOE defiende un procedimiento para la segunda oportunidad distinto al que aprobó el Gobierno el pasado viernes. Moncloa no concretó a cuántas personas beneficiará la medida, pero los socialistas calculan que la norma del Ejecutivo tendrá un efecto limitado –aunque tampoco le ponen una cifra concreta de beneficiados–. Y reclaman una mayor ambición, con el fin de que hasta un millón de personas endeudadas puedan llegar a beneficiarse de los procedimientos previstos para aliviar estas cargas. El planteamiento del partido de Pedro Sánchez es que los deudores, a quienes no marca requisitos más allá de la “buena fe”, puedan acogerse a una negociación para asumir los pagos y, como último recurso, someterse a un proceso concursal.
Los socialistas consideran que la Ley de Segunda Oportunidad que el Gobierno ha sacado a través de un real decreto es una “carrera de obstáculos”. Así, señalan que el mecanismo extrajudicial de pagos se convierte en un trámite “indispensable” para optar a la exoneración de deudas y aseguran que se “aumentan los requisitos” para que las personas se acojan a ese mecanismo. La eliminación de esas condiciones pretende conseguir que la medida llegue a casi medio millón de personas que sufren sobreendeudamiento.
El PSOE plantea un mecanismo negociador previo al concurso similar al del Gobierno, aunque “menos costoso”. Así, deja en manos de una “autoridad” distinta al notario el modelo de mediación entre los deudores y acreedores. El Grupo Socialista defiende que se rebajen las remuneraciones de los administradores de ese sistema e incluso que se facilite la asistencia gratuita para aquellos que lo necesiten.
La propuesta socialista prevé también la definición de un plan de pagos durante cinco años en función del nivel de deuda, los ingresos y sus necesidades básicas. Si los recursos del deudor no son suficientes para satisfacer el 100% de lo que debe, la planificación contemplará la quita de una parte. En el caso de que la negociación previa no prospere, los socialistas prevén sacar las deudas a un “proceso concursal especial”.
Una de las principales diferencias respecto a la medida estrella de Mariano Rajoy es que, una vez exoneradas la deudas, el PSOE no quiere que se pueda dar marcha atrás. Es decir, el PP establece que, si en los cinco años después de acogerse al plan las condiciones económicas de esa persona mejoran, tendrá que hacer frente al pago total, mientras que el PSOE quiere que la exoneración sea completa e irreversible, independientemente de que se produzca un cambio en su suerte.
El equipo económico de Sánchez también pone énfasis en la protección de los hogares. “El plan de pagos garantizará en la medida de lo posible el mantenimiento de la vivienda habitual”, explican desde el PSOE. No obstante, los socialistas asumen que la ejecución hipotecaria puede producirse, aunque matizan que debe ser “la última opción”. Para esos casos, la propuesta incluye la dación en pago.
La línea roja que ha marcado el Gobierno respecto a la deuda pública –que no entra en el pack susceptible de quita– no es inquebrantable para los socialistas, que estarían dispuestos a permitir que se impague en algunos casos el 50% del adeudo con las arcas públicas.