PSOE y Unidas Podemos han presentado una treintena de enmiendas conjuntas al proyecto de ley de Memoria Democrática. Con estas propuestas las dos formaciones buscan una fórmula para sortear la Ley de Amnistía y “garantizar el derecho a la justicia” a las víctimas del franquismo, defienden los socios del Gobierno.
Una de las enmiendas presentadas apuesta por que todas las leyes del Estado español, incluida la Ley de Amnistía, “se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional” y el derecho internacional humanitario, por el cual “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. La ley de amnistía ha permitido hasta ahora que crímenes del franquismo, como las torturas del conocido como Billy El Niño, hayan quedado impunes.
La reforma de la Ley de Amnistía de 1977 era una de las exigencias de Unidas Podemos y de las fuerzas independentistas para dar su apoyo a la ley de memoria democrática. En el PSOE veían complicado satisfacer esa demanda y, ante la elevación de la presión por parte de ERC o EH Bildu, que han planteado eliminar el título de rey, el Gobierno ha sondeado a Ciudadanos. No obstante, fuentes gubernamentales se muestran convencidas de que la norma saldrá adelante con los aliados parlamentarios habituales de la coalición.
Desde el grupo confederal destacan que con esta propuesta “el derecho internacional está de enhorabuena” y sostienen que si la enmienda sale adelante “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura” tendrán “la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. “Asimismo, la ley contemplará que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática abordará la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de estado, la guerra y la dictadura”.
El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados que las enmiendas presentadas supone un “pasos muy sólido para que el derecho a la verdad, justicia, reparación y a la no repetición de los graves crímenes internacional”. “Creemos que el acuerdo que hemos alcanzado con nuestro socio de Gobierno es francamente bueno, mejora el anteproyecto”, ha celebrado.
Comisión técnica para la reparación a las víctimas
PSOE y Unidas Podemos quieren, además, que las víctimas del franquismo se vean resarcidas por los bienes que les fueron incautados o las sanciones económicas que les fueron impuestas. Para ello, la nueva ley obliga al Gobierno a elaborar una auditoría de los bienes incautados en el plazo de un año desde su entrada en vigor y, a partir de ahí, se establecerán las vías para el resarcimiento. El reconocimiento del derecho a las reclamaciones patrimoniales es una de las exigencias de ERC que hasta ahora cuestionaban en el Gobierno bajo el argumento de que “Estado ha indemnizado a miles de víctimas del franquismo con más de 21700 millones de euros”.
En ese sentido, las enmiendas explicitan que el Consejo de Ministros designará “una comisión técnica” que realice un estudio con el “conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables”. Para la elaboración del informe tendrá un plazo de un año.
La nueva ley plantea la creación de un censo de víctimas del franquismo -en el que el Gobierno de Pedro Sánchez empezó a trabajar en 2019- así como de “una oficina de víctimas para el apoyo técnico de las mismas y recogida los testimonios de las personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como realizar labores de divulgación y sensibilización sobre los padecimientos y luchas de que protagonizaron las víctimas de la guerra, la dictadura”, según recogen las enmiendas pactadas por socialistas y grupo confederal. Las enmiendas van un paso más allá de la ley al reconocer la nacionalidad no solo a los brigadistas internacionales sino también a sus descendientes, aunque matiza que deberán acreditar “una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España”.
Igualmente, PSOE y Unidas Podemos quieren vincular el banco de ADN de víctimas con el de las personas afectadas por las sustracción de bebés. “Las personas afectadas por una posible sustracción de un niño o niña cuya denuncia haya sido admitida por los hechos objeto de esta ley, podrá solicitar que le sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlas con los datos que se almacenen en la Base de datos. En la Base de datos de ADN también se conservarán las muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo, con su secuencia de ADN, y los perfiles genéticos de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos: familiares, fundamentalmente madres y padres biológicos, que buscan a sus hijos/as, así como hijos/as adoptivos/as que buscan a sus familiares biológicos”, recoge el texto.
De nuevo el Valle de Cuelgamuros
El objetivo de la Ley de Memoria Democrática, que amplía la de memoria histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, es acabar con los vestigios del franquismo. Así, PSOE y Unidas Podemos han decidido acelerar la supresión de los títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura y que la exaltan o a los instigadores del golpe de Estado. La norma suprimirá de forma directa 33 ducados, marquesados y condados, entre ellos el de Franco o Primo de Rivera, tal y como ha adelantado elDiario.es.
En ese afán por que desaparezcan los restos de exaltación de la dictadura, el Valle de los Caídos es uno de los elementos que aborda la ley impulsada por el departamento que dirige Félix Bolaños, y cuya resignificación comenzó con la salida de los restos de Francisco Franco del recinto, que es propiedad de Patrimonio Nacional. Las dos formaciones que integran la coalición han acordado la modificación del nombre del Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros, “recuperando el nombre original”, indican desde el grupo confederal.
PSOE y Unidas Podemos explicitan en las enmiendas que se debe incluir en los libros de texto y materiales curriculares del sistema educativo “la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura”.