PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo de mínimos en la propuesta conjunta de conclusiones de la comisión de reconstrucción del Congreso para intentar atraer al PP o al menos poner su no más complicado. Los socios de Gobierno dejan fuera de la propuesta el impuesto a las grandes fortunas y no hacen una mención expresa a la derogación de la reforma laboral. No ha sido una negociación fácil entre los socios de coalición, que han tenido incluso que ampliar el plazo para registrar los cuatro documentos -uno por cada grupo de trabajo- hasta las 21 horas de este miércoles. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mantuvieron un encuentro en Moncloa el día anterior en el que abordaron algunas de las discrepancias, que se han producido sobre todo en materia económica y social.
Las recetas sanitarias y de posición en la UE se acordaron antes. Precisamente en esas dos áreas es en las que el Gobierno cree que tiene más posibilidades de conseguir el respaldo de Pablo Casado, a pesar de que hasta ahora ha llevado su guerra de desgaste a Bruselas. El PP ha acusado al Ejecutivo de coalición de los fallecidos por la COVID-19 y ha asegurado que está intentando engañar a los españoles con el número de muertos que se han producido por la pandemia. Durante los trabajos en la comisión, el PP ha insistido en sus recetas habituales: bajadas de impuestos y mantener la reforma laboral.
Este martes a última hora se produjo una reunión de la portavoz del PP en la Comisión de la Reconstrucción, Ana Pastor, y el secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, Adriana Lastra, Rafael Simancas, el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños y el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla. Según han explicado fuentes populares, en el encuentro “se han intercambiado las conclusiones de los respectivos grupos en la comisión de reconstrucción y se han emplazado a seguir hablando en los próximos días”. El PP insiste en plantear “un pacto de Estado Cajal por la Sanidad” y reitera su “voluntad a llegar acuerdos en este ámbito con el Gobierno”.
Sin concreciones en materia fiscal
Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos que han pilotado fundamentalmente los portavoces parlamentarios, Adriana Lastra y Pablo Echenique, encallaron en las propuestas económicas y sociales para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Unidas Podemos ha renunciado finalmente al impuesto a las grandes fortunas que aseguró que plantearía en el seno de la comisión de reconstrucción ante el bloqueo de los socialistas. Las ministras del área económica, Nadia Calviño y María Jesús Montero, no son partidarias de crear nuevos impuestos. En el caso de la titular de Hacienda, sostiene que la progresión de la fiscalidad para ampliar la recaudación puede lograrse con retoques en las actuales figuras impositivas, como sociedades o los tramos más altos del IRPF. Calviño, además, opta a presidir el Eurogrupo en una votación que se antoja muy difícil en Bruselas.
Aunque desde Unidas Podemos sostienen que el nuevo tributo bebe del acuerdo de coalición suscrito con el PSOE, han optado por evitar un choque que podría haber llevado a presentar conclusiones por separado y a dar, por tanto, una visión de falta de unidad de acción en el Gobierno.
Fuentes de Unidas Podemos aseguran que la renuncia a incluir el impuesto a las grandes fortunas entre las conclusiones de la comisión de reconstrucción no significa que descarten la implantación de este tributo, sino que intentarán que se apruebe en el Consejo de Ministros o a través de los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Las propuestas han quedado finalmente limitadas a un acuerdo de mínimos para que otros grupos, especialmente el PP y Ciudadanos, puedan aceptarlo sin hacer grandes cambios sobre el texto inicial, que es fundamentalmente una declaración de intenciones basada en las directrices de los diferentes Consejos europeos, el acuerdo programático así como, con el resto de acuerdos de investidura, y de la mesa del diálogo social, según fuentes de ambos partidos.
En materia impositiva el documento no es muy concreto. “Reducir la brecha fiscal con Europa” es uno de los principales objetivos, así como desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde para “acercarla” a la europea. También se abre la puerta a que las entidades locales “más saneadas” utilicen su superávit para la aplicación de medidas concretas.
Por otro lado, el documento social apunta a “evaluar el impacto social de las subvenciones asignadas a las entidades del Tercer Sector procedentes del 0,7% del IRPF y, desde este año, del Impuesto de Sociedades, para conocer el desarrollo de los proyectos, su impacto social y su avance en la consecución de los objetivos de las políticas sociales, así como la necesidad de mejoras en el diseño de los programas”.
También aluden al teletrabajo, que se ha demostrado esencial durante el confinamiento. Así, apuntan al desarrollo de “una propuesta legal” sobre el teletrabajo que incluya un nuevo derecho a la desconexión del empleado. “Ahondaremos en la protección de los puestos de trabajo ya iniciada con los acuerdos con los agentes sociales sobre los ERTE para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria de la COVID-19”, destacan el PSOE y Unidas Podemos en su documento conjunto, que apelan al diálogo social.
El plano industrial, otro de los elementos en el que más hincapié han hecho los dos partidos del Gobierno durante la pandemia, destacan un “Plan de Inversiones y Reformas para reorientar nuestro modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo” que cuente con “inversión pública y privada” y un “Pacto de Industria” del que salga una ley de industria que aumente “la autonomía estratégica” del país, para no depender de terceros para la fabricación de determinados productos como los respiradores.
El documento tampoco menciona expresamente la derogación de la reforma laboral, pero sí la necesidad de “luchar contra la precariedad y la temporalidad excesiva del mercado laboral que sufre nuestro país, mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social”. El documento de coalición sí hablaba de dicha derogación, aunque el Gobierno luego ha planteado que el nuevo mercado laboral debería articularse en negociación con sindicatos y patronal y no ir a una simple derogación.
Otras propuestas en materia económica pasan por un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, una “ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permite reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados” o estudiar “las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda”.
En el ámbito sanitario, los socios de Gobierno plantean reforzar el sistema de salud así como mejorar la coordinación y cooperación con las comunidades autónomas, que tienen las competencias transferidas. En concreto, apuntan la necesidad de “aumentar los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud”. “Con carácter general, aumento del total de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura. Todo el incremento se destinará a sanidad pública de gestión directa”, señala una de las propuestas de resolución.
Igualmente, expresan la necesidad de elaborar un “Libro Blanco de las profesiones de referencia de los servicios sociales y las relacionadas con los mismos, y, en general, con los servicios de cuidados” y un catálogo de referencia de prestaciones que englobará desde los criterios básicos de calidad, organización funcional y territorial hasta las competencias en las prestaciones de servicios y económicas“. En cuanto a las condiciones de los trabajadores de esos ámbitos se despachan con una necesidad de mejorías ”acordadas en la mesa de diálogo social, y en el marco de las competencias autonómicas“. Lo que también destaca es que la pandemia revela una ”gran demanda“ de puestos de trabajo en ese sector para lo que apuesta por programas de formación que que den prioridad a los menores de 30 años y a los mayores de 55.
“Derivación a hospital cuando la situación lo requiera”
En el texto, ambas formaciones reconocen que las residencias han sido uno de los principales focos en la pandemia: “El impacto de la pandemia por COVID-19 también ha convertido en urgente la coordinación de los sistemas sanitario y social. La especial virulencia del coronavirus en las personas mayores, así como su gran letalidad en las personas internas en residencias, obliga a revisar el modelo y, en todo caso, señala la necesidad de poner el foco en nuevos riesgos y necesidades”. No obstante, el asunto se aborda de forma general con una propuesta de evaluar la ley de dependencia.
Lo que sí hace es una referencia expresa a la forma de actuar en el marco de la “coordinación de los sistemas sanitario y social” en el caso de las residencias ante las polémicas órdenes de no derivar pacientes enfermos de COVID-19 a los hospitales durante los momentos más crudos de la emergencia sanitaria. “En residencias, el seguimiento de la atención sanitaria se realizará por el centro de salud con derivación a hospital cuando la situación clínica lo requiera. Se establecerán protocolos de atención en situaciones terminales y de cuidados asimilados a los domiciliarios. Los servicios sociales tendrán que establecer acreditaciones de formación del personal de cuidados y un sistema de inspección periódica que permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas a estos centros residenciales a efectos de verificar dicha coordinación”, reza el documento.
1% de la obra pública, a accesibilidad de viviendas
La propuesta de política social incorpora un apartado dedicado a la vivienda con la promesa de un “plan de vivienda en alquiler que vertebre e incremente las medidas puestas en marcha desde las distintas Administraciones Públicas para que, contando con la colaboración del sector privado, posibilite una alternativa habitacional digna a las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida” así como un incremento no definido de recursos para asimilar a España al resto de países de su entorno.
“El confinamiento ha demostrado la dificultad física y mental que supone vivir encerrados en el domicilio. En España conviven más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida que precisan de ayuda para salir de sus casas y en torno a 100.000 no salen nunca al no disponer de esta ayuda. Para corregir esto es necesario: obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias con independencia de los ingresos de la comunidad”, admiten PSOE y Unidas Podemos en sus conclusiones en las que proponen “destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% a trabajos de accesibilidad en edificios de viviendas”.
PSOE y Unidas Podemos han priorizado la acción conjunta para los documentos que servirán de base para las conclusiones de la comisión parlamentaria que se impulsó después de que Casado aceptara negociar en marco del Congreso los acuerdos de reconstrucción que Pedro Sánchez había planteado en un primer momento como ‘Pactos de la Moncloa’. El resto de formaciones también presentan sus propias conclusiones -a excepción de algunas como el PNV, que se decanta por enmendar el documento base más adelante-.
Este jueves se elegirán los documentos que servirán de borradores para las conclusiones de la comisión a partir de los que han registrado los grupos y se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas. La votación definitiva será el 3 de julio y el dictamen se elevará al Pleno para su aprobación definitiva a mediados de mes.
En esa tramitación los aliados parlamentarios plantearán algunas de las cuestiones que PSOE y Unidas Podemos han obviado en sus conclusiones. ERC, por ejemplo, ha incluido el impuesto a las grandes fortunas en sus documentos, en los que también defiende derogar “inmediatamente y en su totalidad” las últimas dos reformas laborales, o la obligación a las empresas que han recibido financiación o ayudas a raíz de la pandemia a mantener todos sus puestos de trabajo durante los próximos 12 meses. Otra de las propuestas que incluyen los republicanos es establecer un permiso remunerado no transferible para el cuidado de menores y dependientes, una medida en la que el grupo que lidera Gabriel Rufián ha insistido durante la emergencia sanitaria.
La comisión de reconstrucción ha albergado más de 40 comparecencias desde mediados de mayo, cuando se constituyó con un ambiente de cordialidad y consenso inusual en la Cámara. Por el organismo han pasado varios miembros del Gobierno, entre ellos los vicepresidentes, y representantes de organizaciones sanitarias y sociales o economistas, entre otros. Además, se articularon cuatro grupos de trabajo en los que se han abordado las posibles salidas para la crisis del coronavirus en cuatro ámbitos: economía, sanidad, política sanitaria o posición ante la UE.