El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han respaldado en el Congreso una reforma legislativa impulsada por el PNV para que los gobiernos en funciones se sometan al control de la oposición y evitar así que en el futuro se repita una situación parecida a la de la pasada legislatura, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a someterse a las preguntas y comparecencias que le reclamaba la oposición en sede parlamentaria.
El Pleno de la Cámara ha debatido este martes esta proposición de ley que modifica la Ley de Gobierno y la norma que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, una iniciativa que ya registraron en la fallida legislatura de 2016 --apenas duró medio año-- después de que el entonces Gobierno en funciones “retorciendo” el ordenamiento jurídico se declarara “insumiso” durante “324 días” al control de las Cortes Generales.
Así lo ha puesto de manifiesto Mikel Legarda, en representación del PNV, quien ha solicitado el apoyo a una iniciativa que lo que busca es que esta “inadmisble anomalía democrática” no pueda repetirse en el futuro. “No cabe poder sin control. La acción del Gobierno debe estar en permanente fiscalización, incluso estando en funciones”, ha manifestado.
Con su reforma, el PNV pretende establecer de manera “nítida y expresa” que los ejecutivos en funciones puedan ser controlados por el Congreso, rechazando de esta forma la interpretación “inaceptable jurídica y democráticamente” que, a su juicio, realizó el Gobierno en funciones a lo largo de la pasada legislatura.
A LA ESPERA DEL FALLO DEL TC
Moncloa se escudó en su negativa de acudir al Congreso en un informe de sus servicios jurídicos que aseguraba que no tiene la obligación de someterse a iniciativas de control porque no cuenta con la confianza de la Cámara que salió de las urnas. Una decisión que llevó al Congreso a plantear un conflicto atribuciones ante el Tribunal Constitucional, que sigue pendiente de resolución.
Esta postura del Ejecutivo de Mariano Rajoy ya provocó hace dos años un reguero de críticas por parte del PSOE, Unidos Podemos, y Ciudadanos, que este martes se han vuelto a escuchar en el debate de la propuesta del PNV.
En nombre de los socialistas, Artemi Rallo ha explicado que apoyan esta reforma porque “nada en la Constitución” permite deducir una limitación de los poderes de las Cortes ante un Gobierno en funciones y porque, a su juicio, es necesario encarar el reto de reformar la Ley de Gobierno para “clarificar” las funciones del Ejecutivo cesante y evitar de esta forma “la impunidad política” perseguida por Rajoy la pasada legislatura.
En la misma línea se ha expresado la diputada de Unidos Podemos, Glora Elizo, ha comenzado preguntándose “cómo es posible” que un Gobierno en funciones se haya atrevido a “menospreciar” la acción de control del Legislativo. “Necesitamos una democracia respetuosa con los valores constitucionales, y eso se logra con un control efectivo al Gobierno porque un Gobierno sin control, no tiene responsabilidad política”, ha señalado, no sin advertir de que la necesidad de tomar medidas para que la división de poderes no siga “perdiendo la batalla”.
“ES DE CAJÓN”
De su lado, el representante de Ciudadanos, Marcial Gómez Balsera, quien ha apuntado que su partido no puede aceptar la “anomalía institucional” que supone la idea de un Gobierno sin control “por mucho que se encuentre en funciones” porque “sigue siendo Gobierno y tiene que adoptar decisiones importantes”, al margen de su interinidad, sobre las que “cabe control político, no sólo judicial”.
Parecidos argumentos han esgrimido desde Esquerra Republicana (ERC), el PDeCAT y Compromís, quienes considera que la iniciativa del PNV, además de “oportuna”, es de “sentido común”. “Es de cajón”, ha resumido el portavoz de Compromís, Joan Baldoví.
El único partido que ha avanzado que no apoyará esa propuesta “simplista” ha sido el PP porque cree que nace de la “incoherencia” y el “oportunismo” y porque, además, incurre en “despropósitos constitucionales”, según ha defendido su representante en este debate, Leopoldo Barreda, quien ha afeado a la oposición que no esperen al fallo del Constitucional sobre el conflicto de atribuciones surgido en la pasada legislatura
“Ustedes no tienen criterio de legalidad, sino de pura y simple conveniencia política”, ha soltado el 'popular' al PSOE y a Ciudadanos, a quienes ha restregado que en el Congreso voten una cosa distinta de la que votan en el Parlamento andaluz.