El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitó a Google y a Facebook datos personales de algunos de los primeros promotores del 25-S. Quería saber los nombres y apellidos de los que abrieron el evento de Facebook 'Ocupa el Congreso', que acumuló los primeros apoyos a la convocatoria y fue vital para la expansión de la misma. También ha requerido a Google que identifique a los administradores de varias cuentas de correo de Gmail relacionadas con la manifestación.
Ambas empresas de tecnología, que tienen su sede principal en Estados Unidos, se han negado a entregar los nombres de esos usuarios, pero sí que han facilitado a la Policía los números IP desde los que 50 equipos informáticos accedieron sus servicios. Un número IP es la identificación de cualquier conexión a la red. Muchos ordenadores, sobre todo en oficinas, siempre tienen el mismo número de identificación; cuando la conexión se hace desde casa, ese número puede rotar, pero sí que es posible quién estaba usando ese número a una hora determinada.
Si Facebook y Google tuvieran su sede principal en España, la situación habría sido diferente. El abogado Carlos Sánchez Almeida nos explica que “si un juez ve indicio de delito grave”, como es un presunto delito contra las instituciones del Estado, “puede pedir todo tipo de información, incluída identidades y los contenidos de sus mensajes. Igual que se pincha un teléfono por órden judicial, se puede pedir acceso a tus mensajes en la red social”. En el caso de las que están radicadas en España, están obligadas a proporcionarlas “o cometerían un delito de desobediencia”, explica Almeida. De hecho, según se establece en la ley de conservación de datos de 2007, las operadoras y servicios de Internet en España tienen la obligación de conservar los datos de conexión (la IP, entre ellos) durante un tiempo por si la policía los reclama.
Un ejemplo sencillo: Tuenti. La red social es española y se ciñe a este mecanismo. Su director de comuncación, Cristóbal Fernández, nos explica que a pesar de que “sus contenidos tienen una privacidad muy exigente, no podemos sustraernos del cumplimiento de la Ley” y por tanto atienden a las solicitudes de “datos e información personal de usuarios”, cosa que ha permitido “resolver diversos casos de delito”. Sobre la investigación del 25-S, por cierto, en Tuenti no han recibido ningun requerimiento.
Sí que lo han recibido, según el sumario que detalla en la Cadena SER la periodista Pilar Velasco, otras cinco empresas proveedoras de acceso a Internet: Vodafone, R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, Jazztel Telecom, Telefónica y Orange. Son empresas que operan con infraestructura y sede legal en España y tienen obligación de proporcionarlos.
Pero Facebook y Google no son empresas españolas. No se deben a la justicia española, aunque hay un tratado bilateral entre España y EEUU que facilita la tramitación de estos casos. Precisamente eso han hecho las dos empresas americanas: derivar a Pedraz a que use ese mecanismo, una comisión rogatoria a través del Departamento de Justicia.
Lo que sí han hecho es facilitar las IP, cosa que descoloca a los especialistas consultados por eldiario.es. “Dar una IP es dar un dato personal, porque con una IP y con la hora que queremos rastrear se puede sacar el número de teléfono desde que se ha realizado una conexión, y con eso ya tenemos la identidad del titular”, nos explica la abogada Paloma LLaneza. “De hecho, para la Agencia de Protección de Datos, una IP es un dato personal porque así se interpreta de la directiva europea al respecto” y la Policía necesita autorización judicial para reclamarla.
Según Almeida, “hay dos tipos de datos que la policía puede pedir con autorización del juez: los de conexión y los contenidos”. Los primeros, entre los que está la IP, Google y Facebook han accedido voluntariamente (nada les obliga) a proporcionarlos. Para los segundos, mandan a la Audiencia Nacional a la ventanilla de la justicia americana.
Esto es así porque la petición llega desde el extranjero. Según Llaneza, “si el requerimiento procediera de la policía de Estados Unidos, Facebook entregaría todo tipo de datos a la Policía si lo autoriza un juez, porque además es un país donde la protección de datos prácticamente no existe y precisamente la explotación de esos datos forma parte del modelo de negocio”.
Redes para activismo con riesgo legal
La regeneración de los movimientos sociales que ha provocado la eclosión y desarrollo del 15M ha planteado un debate para aquellos que utilizan Internet para hacer un activismo que pueda tener riesgos legales o que quiera complicar la vigilancia policial. “Yo para hacer difusión y ruido recomiendo Twitter y Facebook, sin duda”, dice el abogado Sánchez Almeida, “pero para otro tipo de acciones hay que ir a técnicas de cifrado o redes más libres”.
Existen varias. La que ha experimentado un auge más reciente es N-1.cc, una red social de software libre que ha sido utilizada como foro de debate, coordinación y desarrollo de parte fundamental de las propuestas y acciones políticas de muchas de las asambleas y grupos de trabajo del 15M. N-1.cc, como “estructura descentralizada” y que renuncia a la explotación comercial de los datos, garantiza la privacidad, pero difícilmente escaparía a un requerimiento judicial.