“Esto no es Operación Triunfo. Estamos en un sistema parlamentario y, por tanto, gobierna la mayoría. Quien no sepa ganarse al resto de la Cámara no podrá gobernar”. Lo decía Albert Rivera en mayo tres meses después del acuerdo que firmó con Pedro Sánchez con los cuadros de los padres de la Constitución de fondo y tres meses antes del que sellaría con Mariano Rajoy con un apretón de manos y mucha menos ceremonia.
La velocidad de los acontecimientos tras la repetición electoral y diez meses en funciones se ha llevado por delante a un secretario general del PSOE y a una pelea con Unidos Podemos por ver quién liderará a la oposición en el Congreso y cómo gobernará Rajoy. El encargado de acercar posturas en el Congreso será Rafael Hernando, uno de los diputados más conocidos por su dureza y rostro ahora de la negociación.
El PP, “con el diálogo en el frontis”
Esta semana ya hablaba de “legislatura de corte muy colaborativo”, como había hecho Soraya Sáenz de Santamaría unos días antes desde Moncloa. El portavoz parlamentario del PP llegó a decir que su partido llevaba “el diálogo en el frontis”. Pasar de la comodidad de la mayoría absoluta a 137 escaños lo obliga.
José Fernández-Albertos, investigador del Instituto de Políticas del CSIC, recuerda que el español es un régimen parlamentario en el que “la principal decisión que toma el Parlamento es la de formar gobierno. A diferencia de los sistemas presidencialistas, están diseñados para obligar a que haya sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo, y por eso se dotan de mecanismos que facilitan la gobernabilidad en caso de que tengamos que vivir con voluntades radicalmente diferentes entre las dos instituciones”.
Nuevo choque institucional
Ese clima de voluntades enfrentadas que destaca Fernández-Albertos lo vemos estos días: cómo el Gobierno vuelve a enfrentarse al Congreso. La vicepresidenta dirigió la negativa a que el Ejecutivo fuera controlado en funciones cuando Patxi López presidía la Cámara y se originó un conflicto institucional que está pendiente de lo que diga el Tribunal Constitucional. Ahora, con Ana Pastor en la presidencia, llega el veto a las iniciativas parlamentarias que supongan un gasto extra del presupuesto.
A través de José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Moncloa ha trasladado diez vetos. La mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría, ha levantado dos y dejado en suspenso otras ocho proposiciones de ley hasta recibir más información.
Se acabó el Decreto-Ley
El control de la agenda política ya no se podrá hacer mediante el Decreto-Ley, la forma más imperativa para poner en marcha una medida. El Gobierno de Rajoy ha batido récords en esta especialidad los primeros cuatro años. 75 normas se han aprobado por esta vía que permite ponerlas en marcha nada más publicarse. La seguridad de que los 176 diputados del PP lo convalidarían en el plazo de un mes ha desaparecido. Con 137 no basta.
“Pero una cosa es que veamos mucha más negociación y dificultad para sacar iniciativas adelante y otra es que la oposición pueda obligar al Gobierno a seguir un curso de acción. Lo primero es cierto. Lo segundo, lo veo inimaginable”, opina Fernández-Albertos.
Sandra León, profesora de Políticas en la Universidad de York destaca cómo el PP tendrá que esforzarse aun contando con el apoyo de Ciudadanos: “El número de diputados que les falten para llegar a una mayoría será menor, pero no será necesariamente menos difícil puesto que los partidos más pequeños son nacionalistas y con ellos el diálogo que puedan iniciar PP o Ciudadanos es más complicado”.
Lo que sí mantiene el PP es el control absoluto del Senado, que como Cámara de segunda lectura, recibe las leyes aprobadas por el Congreso y las ratifica o devuelve para ser enmendadas pero sin poder de veto. Aun así, como destaca el experto “limita la capacidad de la oposición de influir y afecta a los plazos, pero es una cuestión menor”.
“Trabajaré con humildad para ganarme día a día la gobernabilidad”, prometió Rajoy para negar que fuera a exigir al PSOE garantías de permanecer en el Gobierno si se abstenían en su investidura. El último recurso previsto cuando el enfrentamiento entre el Gobierno y el Parlamento lleva al bloqueo completo es la capacidad del presidente de disolver las Cortes y convocar elecciones en el momento más propicio.