El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha entregado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un documento con 46 reclamaciones durante la reunión que han mantenido en Madrid, y la primera es la celebración de un referéndum vinculante en Cataluña que dé “respuesta política a un mandato democrático”.
En el documento, que supera los 23 puntos del que entregó su antecesor Artur Mas a Rajoy en verano de 2014, medidas sobre políticas sociales, política fiscal y financiera y un amplio capítulo sobre incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias autonómicas e interferencias en la acción de gobierno.
Los puntos del documento quedan englobados en la relación entre Cataluña y el resto de España; la garantía de los derechos sociales; los incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias e interferencias en la acción de Gobierno, y la necesidad de evitar la judicialización de la política.
MANDATO DEMOCRÁTICO
Como primer punto, Puigdemont ha pedido una respuesta política a un mandato democrático, respetando la voluntad expresada por los catalanes en las elecciones del 27 de septiembre: “Es obligación, por lo tanto, de los demócratas buscar las vías de negociación y diálogo que posibiliten dar salida a las aspiraciones democráticas de la mayoría”.
En materia de garantías de derechos sociales, Puigdemont ha pedido abordar el déficit estructural de financiación del sistema público de salud, y ha reprochado al Gobierno haber tomado “decisiones que han incrementado el gasto o impugnado medidas que hubieran contribuido a ajustarlo”, como la tasa sobre la expedición de receta médica.
Sobre una asistencia sanitaria universal básica, ha recordado que la Generalitat ha tratado de ofrecerla aportando 170 millones de euros para dar cobertura a colectivos que el Gobierno excluye; también ha criticado la reducción de la financiación en políticas sociales en los últimos cuatro años; la financiación insuficiente de la ley de dependencia; y la impugnación de la ley de emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
El presidente catalán también ha criticado los fondos económicos destinados a las políticas activas de empleo; ha acusado al Gobierno de haber reducido las ayudas destinadas a centros especiales de trabajo (CET); ve menosprecio al papel de Cataluña en el diseño de reubicación de refugiados --sobre los que la Generalitat tiene competencia exclusiva--; ha deplorado haber anulado el Fondo de Asilo, Migración e Integración, así como haber reducido el programa de Desarrollo Rural (PDR).
POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA
En materia de política fiscal y financiera, el documento considera “desproporcionada e injusta” la distribución del déficit 2016; lamenta la evolución del gasto público, que hace necesario que las autonomías dispongan de más recursos; tacha de discriminatorio el modelo de financiación para Cataluña; censura la limitación de medidas tributarias para incrementar ingresos recurriendo ante el TC la mayoría de impuestos aprobados por la Generalitat, y reprocha las dificultades de acceso al crédito.
En cuanto a incumplimientos del Estado con Cataluña, señala el necesario respeto al modelo de escuela catalana; el incumplimiento del Gobierno en cuanto a becas universitarias; la descentralización del 0,7% del IRPF para fines sociales; y la invasión de competencias de las leyes del tercer sector y del voluntariado.
También deplora la centralización del Fondo de Ayuda Europeo para las Personas más Desfavorecidas (FEAD); el incumplimiento en la gestión descentralizada de subvenciones en materia de inmigración; el no abono por parte del Gobierno de las tasas judiciales recaudadas; el impedimento del despliegue del Consejo de Justicia de Cataluña; un desfase de la financiación de la policía de Cataluña-Mossos d'Esquadra, y la inversión en Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado “muy lejos” del peso de Cataluña en el PIB estatal.
Ve también ignorancia hacia la disposición adicional tercera del Estatut; los proyectos pendientes en torno al Corredor del Mediterráneo y otras inversiones prioritarias; el traspaso pendiente de la red de Cercanías y Regionales; la falta de autonomía en el modelo de gestión centralizada de puertos y aeropuertos, y el “grave riesgo” que supone el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.
También critica el intento de recentralización que supone la Ley de garantía de unidad de mercado (LGUM); la restricción de competencias que significa el impacto de la reforma del sector eléctrico en la industria, y el vaciado de competencias catalanas en materia de comercio.
Subraya cuestiones como la acción exterior de la Generalitat con recursos de inconstitucionalidad; la dificultad en el voto de los residentes en el exterior; la invasión de competencias en la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL); los incumplimientos en materia cultural en la financiación de equipamientos, y el incumplimiento en la devolución definitiva de los 'papeles de Salamanca'.
El texto también critica la impugnación de la ley catalana de profesiones del deporte; el cambio de criterio respecto a la deducibilidad del IVA de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA); la pérdida de un múltiplex de la CCMA; la conflictividad institucional por vulneración de competencias, y los traspasos pendientes, completamente parados desde 2011.
Finalmente, el documento pide evitar la judicialización de la política a través del respeto a la autonomía local y a sus cargos electos abandonando la persecución por parte de la Delegación del Gobierno contra consistorios y municipios que han manifestado su apoyo a decisiones aprobadas en el Parlament.