La cuenta que la familia Pujol-Ferrusola tiene en Andorra se abrió en la primera mitad de la década de 1980 con un saldo inicial de lo que hoy serían ocho millones de euros, un millón por cada uno de los ocho titulares iniciales, Marta Ferrusola y sus siete hijos, cuando la mayoría de los vástagos del clan eran menores de edad, según fuentes próximas a la familia.
Las mismas fuentes afirman que el expresident de la Generalitat nunca figuró entre los titulares del depósito bancario. Con el tiempo, tres de los hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola, Jordi, Josep y Oriol, sacaron de la cuenta su parte del dinero. Los dos primeros lo hicieron durante la década de 1990 y Oriol Pujol hace tres años.
Esos datos confirman que Jordi Pujol se inmoló públicamente para proteger a su familia cuando, el pasado 25 de julio, difundió un comunicado en el que confesaba haber mantenido una cantidad de dinero indeterminada durante los últimos 34 años. En aquel comunicado, Pujol afirmaba que el origen del dinero era una herencia recibida en 1980. Dado que el padre del expresident, Florenci Pujol, falleció en marzo de 1980, se interpretó que Jordi Pujol se refería a la herencia paterna. Herencia de la que su hermana Maria diría más tarde no tener noticia.
Pujol emitió su comunicado como parte de los acuerdos alcanzados en la cumbre familiar que los Pujol-Ferrusola celebraron en la finca de Josep Pujol Ferrusola en la localidad francesa de Latour de Carol. Cuando el diario El Mundo publicó el pasado 7 de julio que Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos –Marta, Pere, Mireia y Oleguer– habían realizado 11 ingresos por un valor total de 3,4 millones de euros en diciembre de 2011.
Los cinco titulares actuales de la cuenta presentaron declaraciones complementarias y regularizaron el dinero el pasado 14 de julio. Pero eso no sirvió para evitar que, tras la remisión del comunicado autoinculpatorio de Pujol, se complicara la vida judicial de la familia.
Cuatro días después del comunicado del expresident de la Generalitat, el titular del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, citaba a declarar como imputado al primogénito del clan Pujol-Ferrusola, Jordi, y a su exesposa, Mercè Gironès, por sus múltiples negocios supuestamente irregulares en el extranjero. El desencadenante fueron las denuncias que viene presentando contra Jordi Pujol Ferrusola su expareja Victoria Álvarez. Los investigadores han determinado que la fortuna no declarada de Jordi Pujol Ferrusola en el extranjero podría alcanzar los 55 millones de euros.
Ahora todo el clan ha iniciado una campaña judicial para evitar que la Justicia española obtenga más información sobre sus fondos en el extranjero. Han presentado una querella contra dos bancos andorranos, Andbank y Banca Privada d'Andorra (BPA) por quebrantar el secreto bancario y el secreto profesional. Tienen la convicción de que el origen de la información que publicó El Mundo el 7 de julio es un miembro despechado del gabinete jurídico de la BPA.
Aun así, el juez Ruz ha enviado una comisión rogatoria a Andorra para que el principado informe a la Audiencia Nacional de las actividades financieras de Jordi Pujol Ferrusola en el principado. Los abogados del clan Pujol-Ferrusola, esta vez en nombre del primogénito, también han recurrido la comisión rogatoria.
Es evidente que el clan del expresident pretende invalidar la información sobre la cuenta que poseen en Andorra, tanto para paralizar el procedimiento contra Jordi Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional, como el que inició la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, Elisabet Castelló, contra el propio Jordi Pujol y contra su esposa, Marta Ferrusola.
Porque parece evidente que también pretenden evitar que los tribunales españoles descubran cuál es el origen del dinero que acabó ingresado en la BPA. Hasta ahora lo único claro es que el punto de partida de los 3,4 millones que los Pujol-Ferrusola movieron en diciembre de 2010 es Suiza. El dinero fue transferido desde el país helvético a una cuenta en Andbank y Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere, Mireia y Oleguer, extrajeron el dinero y lo ingresaron en su cuenta en la BPA.
Pujol aparcó el equivalente a cinco millones de euros en acciones de Banca Catalana antes de las elecciones de 1980 en una fundación vinculada al banco, la Fundació Catalana. Las acciones pudieron ser vendidas mucho antes de la intervención del Banco de España en agosto de 1982, porque los inspectores del regulador no hallaron el paquete accionarial, por mucho que figure en la documentación intervenida a Banca Catalana.
Además, las citadas fuentes próximas al clan Pujol-Ferrusola aseguran que, aunque tras la intervención del Banco de España las acciones de Banca Catalana tenían un valor de una peseta, cuando concluyó la intervención en 1984 y el Fondo de Garantía de Depósitos adjudicó el banco fundado por Jordi Pujol al entonces Banco de Vizcaya –hoy integrada en el BBVA–, la entidad presidida por el fallecido Pedro de Toledo pudo compensar al entonces president de la Generalitat.