La familia Pujol se considera víctima de una persecución organizada por Moncloa para desacreditar a su patriarca, el expresident de la Generalitat Jordi Pujol, y para frenar el proceso soberanista iniciado hace dos años por el actual presidente del Gobierno catalán, Artur Mas. Eso es lo que asegura el entorno próximo de la familia Pujol, que sostiene que así lo prueban los SMS cruzados entre Jorge Moragas, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Victoria Álvarez, exnovia del primogénito del clan Pujol-Ferrusola y principal denunciante de las supuestas actividades ilegales de Jordi Pujol júnior, especialmente el mensaje en el que Moragas anima a Victoria Álvarez con la frase “salvarías España”.
La manifestación masiva del 11 de Septiembre en Barcelona ha demostrado que los esfuerzos de Moragas han sido estériles. Además, los miembros del clan Pujol están convencidos de que la filtración de la información sobre la cuenta que tenían en Andorra Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos (Marta, Pere, Mireia y Oleguer), y que motivó la confesión de Jordi Pujol del 25 de julio, es fruto de las presiones del Gobierno a los dos bancos andorranos implicados, Andbank y la Banca Privada d’Andorra.
Ferrusola y sus hijos retiraron su dinero oculto de Andbank para ingresarlo en una cuenta de la BPA, por consejo de las familias propietarias de la primera entidad, los Ribas y los Cerqueda. Realizaron el traspaso en 11 movimientos bancarios en diciembre de 2010. Ahora están convencidos de que el Gobierno de Rajoy presionó a la dirección de uno de los dos bancos con la amenaza de dificultar sus negocios en territorio español si no aportaban información sensible a la policía española. No aclaran si la información exigida por el Ejecutivo de Rajoy era sobre la familia Pujol o de carácter más genérico.
El caso Pujol se inició en realidad a finales de 2012, cuando la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola denunció las actividades presuntamente ilegales de su antigua pareja. Ayer eldiario.es adelantó el contenido de una serie de SMS cruzados entre Álvarez y Jorge Moragas, en los que quedaba claro que el jefe de gabinete de Rajoy maniobró para hacer explotar el caso Pujol. Sin embargo, el PP conocía perfectamente las denuncias de Victoria Álvarez contra Jordi Pujol Ferrusola desde julio de 2010, cuando la expareja del primogénito de Pujol se reunió con la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho.
El hecho de que el Gobierno no animara a Álvarez a denunciar los hechos ante la justicia hasta finales de 2012 es la prueba, según los citados medios próximos a la familia Pujol, de que Moncloa administró el calendario del escándalo. La denuncia de Álvarez se produjo tras las elecciones anticipadas celebradas en Cataluña en noviembre de 2012, en las que, a pesar del descenso de Convergència i Unió, el conjunto de formaciones a favor de convocar un referéndum de autodeterminación obtuvo una amplia mayoría.
En 2008, Jordi Pujol Ferrusola inició una relación sentimental con Victoria Álvarez, amiga y compañera de pupitre de Jorge Moragas, que tres años después, con el regreso del PP al Gobierno central se convertiría en jefe de gabinete del presidente Mariano Rajoy. La relación duró cerca de dos años, hasta la primera mitad de 2010.
La ruptura no fue precisamente amistosa. Victoria Álvarez se convirtió en una exsocia furibunda. Porque, según fuentes próximas a la familia Pujol, durante los dos años que duró su relación con Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez se implicó en algunos de sus negocios y ejerció como comisionista en algunas operaciones. En medios próximos a la propia Victoria Álvarez, se dice que está obsesionada con unas pólizas de crédito relacionadas con un negocio de Jordi Pujol Ferrusola.
La ruptura
Tras una fase de enfrentamientos con su expareja a través de SMS telefónicos y correos electrónicos no exentos de amenazas, Victoria Álvarez decidió tomar medidas drásticas y tirar de contactos para denunciar todas las actividades presuntamente ilegales de Pujol Ferrusola. En ese viaje emprendido por Victoria Álvarez, la primera parada era una reunión con la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho.
El 7 de julio de 2010, Victoria Álvarez se reunió para almorzar con Sánchez-Camacho en el restaurante La Camarga de Barcelona. El objetivo de aquella comida era que la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola informara a la presidenta del PP catalán de las supuestas actividades ilegales de las que había sido testigo durante su relación sentimental.
Álvarez informó a Sánchez-Camacho de que estaba dispuesta a testificar que había acompañado en múltiples ocasiones a su antigua pareja a Andorra, donde él acudía con mochilas repletas de 500 euros. También explicó a la presidenta del PP catalán de que conservaba abundante material probatorio: ordenadores con correos electrónicos y documentación que probaban sus afirmaciones y demostraban hasta dónde llegaba la fortuna en el extranjero de Pujol Ferrusola.
Tiempo después, Victoria Álvarez afirmó que Sánchez-Camacho la interrogaba durante el almuerzo como si le estuviera haciendo una entrevista para un medio de comunicación. Lo único que obtuvo de aquella reunión fue la recomendación de Sánchez-Camacho de que no acudiera a la policía con la promesa de que ella tenía “un fiscal de confianza en el caso Palau” [en referencia al expolio del Palau de la Música Catalana por su expresidente, Félix Millet, y su exdirector general, Jordi Montull, que hicieron desaparecer 30 millones de euros, de los que 14 acabaron en CDC porque procedían de comisiones ilegales de Ferrovial].
Eso fue todo lo que consiguió Victoria Álvarez de aquel almuerzo. Pero la conversación había sido grabada. La extinta agencia de detectives Método 3 había instalado un micrófono en el centro floral de la mesa del almuerzo.
La conversación no trascendió hasta junio de 2013, cuando las denuncias de Victoria Álvarez ya habían llegado a los tribunales. Sólo se filtró parte del contenido. La presidenta del PP catalán denunció a Método 3, a pesar de que el que fuera director de la agencia de detectives, Francisco Marco, afirmaría después que la grabación se había realizado por encargo de la propia Sánchez-Camacho. Sorprendentemente ese encargo, según Marco, le llegó a través del entonces secretario de organización del PSC, José Zaragoza.
Las diligencias judiciales contra Método 3 se archivaron porque tanto Sánchez-Camacho como Álvarez se prestaron a perdonar a los responsables de la grabación. Eso sí, previo pago por parte de la agencia de 80.000 euros a la presidenta del PP catalán.
El revuelo que causó la difusión de la grabación sirvió para ocultar un hecho fundamental: Sánchez-Camacho no hizo nada con la información que le había aportado Álvarez, a pesar de que la exnovia de Pujol Ferrusola contaba con el aval de Jorge Moragas.