La Audiencia Nacional extiende su investigación sobre la pieza separada de la trama Púnica que afecta a la financiación ilegal del PP de Madrid a la Asamblea, e indaga sobre si benefició al expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, con la adjudicación de un restaurante en las instalaciones del parlamento regional. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han presentado esta martes en la sede de la Cámara madrileña para recabar nuevos expedientes de contratación sobre la causa.
El juez Eloy Velasco, que instruye este macrosumario sobre adjudicaciones millonarias y amaños de contratos en decenas de administraciones que ya acumula medio centenar de imputados, sospecha del contrato que la Asamblea de Madrid selló con el expresidente de la patronal madrileña (CEIM) y de la Cámara de Comercio de la capital, Arturo Fernández, para que explotase el restaurante de la institución a través de su grupo Cantoblanco. Fernández siempre ha presumido de que sus amistades en el PP regional sirvieron para abrirle las puertas a sus negocios con distintas instituciones.
La documentación que quiere recabar Velasco está relacionada con la pieza número 14 de la trama Púnica, la que investiga la financiación irregular del PP madrileño. El juez ya ordenó registros en la sede de los populares para buscar pruebas de pagos del empresario López Madrid al PP de Madrid. Los agentes de la UCO registraron entonces el despacho del exgerente de la formación, Beltrán Gutiérrez.
La investigación de la concesión del restaurante en la Asamblea abre un nuevo frente judicial para Arturo Fernández, cuyo emporio empresarial fraguado en parte gracias a sus buenas relaciones en el PP regional y con su expresidenta Esperanza Aguirre, se ha ido desplomando desde 2012. Fernández tuvo que abandonar todos sus cargos –llegó a ser vicepresidente de la CEOE– a medida que proliferaban sus escándalos (es uno de los protagonistas del caso Aneri de presunto fraude en los cursos de formación). Estos días ha vuelto a las crónicas de tribunales porque se sienta en el banquillo de los acusados como uno de los dirigentes que se benefició de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid cargando gastos en sus propios restaurantes.
Según fuentes de la investigación, se trata de una nueva pieza secreta dentro de la causa que se destapó a raíz del descubrimiento de las cuentas suizas de Francisco Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre, en el PP de Madrid y también en el Gobierno regional. El sumario ha costado la carrera política no solo a Granados, que permanece en prisión desde el otoño de 2014, sino también a los consejeros del último Gobierno de Ignacio González Lucía Fígar, y Salvador Victoria, ambos imputados por cargar a los fondos públicos trabajos de propaganda en Internet para mejorar su reputación.
La Asamblea de Madrid es la última institución a la que se dirigen los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que también ha requisado expedientes de contratación en varios departamentos del Ayuntamiento de Madrid en la época de Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón.