El juez de Púnica rechaza archivar la investigación en la que la Guardia Civil señala a Cifuentes
El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha dictado un auto en el que rechaza archivar la causa contra la que fuera jefa de los Servicios Jurídicos de la Asamblea de Madrid Tatiana Sonsoles Recoder, como la defensa de ésta le había pedido. Esa investigación se centra en la adjudicación del contrato de restauración y cafetería de la Cámara madrileña al empresario Arturo Fernández, decisión en la que participó Cristina Cifuentes y por la que la Guardia Civil acusa de prevaricación y cohecho a la presidenta madrileña.
“Las presentes actuaciones tienen un dilatado proceso de instrucción, pues los hechos que se instruyen tienen gran complejidad y calado para establecer potenciales imputaciones”, dice el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es. La Fiscalía Anticorrupción todavía no se ha pronunciado acerca del informe de la UCO que se conoció con el levantamiento del secreto del sumario de mayo de 2017.
En su declaración en la Audiencia Nacional, Recoder exculpó a la presidenta madrileña, pero en este auto, fechado el pasado 6 de abril, el magistrado instructor asegura: “(Recoder) no apreció, sin que pueda determinarse aún si por ignorancia o con intencionalidad, la incompatiblidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de doña Cristina Cifuentes Cuenca”.
La Guardia Civil tomó declaración a varias personas vinculadas al proceso de adjudicación del contrato a Arturo Fernández. El juez García-Castellón ha imputado por el momento a Recoder, quien prestó declaración en la Audiencia Nacional el pasado octubre y exculpó a Cifuentes. Está pendiente que las fiscales del caso Púnica, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, siguen ahondando en los hechos y propongan al juez seguir adelante o descartar los indicios contra Cifuentes.
El objeto de la investigación son los contratos de restauración de la Cámara madrileña al grupo del empresario Arturo Fernández entre 2009 y 2011. Cifuentes formaba entonces parte del comité de expertos que valoraba las ofertas. Fernández, a su vez, es uno de los empresarios que financió la campaña electoral del PP de Madrid en 2007 con 160.000 euros a través de Fundescam, una fundación del partido. Cristina Cifuentes integraba el patronato de esta fundación. Ella defiende que fue a dos reuniones del patronato y que nunca participó de su gestión económica.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habla de un proceso de adjudicación plagado de irregularidades en la concesión a Arturo Fernández. Y ata cabos. Cifuentes se defiende con que su cargo de vicepresidenta de la Asamblea le obligaba a integrar ese comité de expertos y que tomó la decisión con PSOE, IU y UpyD.
La Guardia Civil tomó declaración a varias personas vinculadas al proceso de adjudicación del contrato a Arturo Fernández. El juez García-Castellón ha imputado por el momento a una de ellas, la jefa de los servicios jurídicos de la Asamblea, Tatiana Recoder, quien prestó declaración en la Audiencia Nacional el pasado octubre y exculpó a Cifuentes. Está pendiente que las fiscales del caso Púnica, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, siguen ahondando en los hechos y propongan al juez seguir adelante o descartar los indicios contra Cifuentes.
El informe de la UCO trascendió en mayo de 2017. Entonces, el juez Velasco trasladó a varios medios, de manera informal, que él no apreciaba responsabilidad penal en Cifuentes. Pero Velasco fue ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y sustituido por el juez Manuel García-Castellón, quien deberá tomar una decisión sobre su eventual imputación.
