Casos como los de Púnica, Lezo y Villarejo, que se han ido troceando en decenas de piezas, amenazan con congestionar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando vayan llegando a juicio, al no haber suficientes magistrados y salas de vistas para poder darles curso en un plazo razonable.
Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por Efe advierten de esta situación y recuerdan que, además de estas causas, aún quedan por juzgar casos antiguos vinculados con Gürtel, que también se despiezaron, como el de la caja B del PP, en relación a la reforma de su sede en la calle Génova, o el de las contrataciones para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia.
Una problemática de la que algunos jueces alertan ya públicamente, como hizo la magistrada de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional Teresa Palacios durante su entrevista como candidata a una plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
“No nos podemos aficionar a la formación de piezas”, expuso Palacios al abordar “la proliferación” en la Audiencia Nacional de este tipo de enjuiciamientos, ya que considera que esta práctica triplica, cuatriplica o quintuplica el procedimiento, dependiendo del número de piezas que se abran.
La instrucción del caso Púnica, que se inició en octubre de 2014, tiene como límite máximo hasta junio de 2020, por lo que en estos próximos meses el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción tendrán que ir cerrando las diferentes investigaciones para elevarlas a la Sala.
De Púnica hasta ahora solo se ha juzgado un tema circunstancial como fue el chivatazo que recibió el principal acusado, el expresidente madrileño Francisco Granados, alertándole de que le estaban investigando, hechos por los que la Audiencia Nacional le condenó en diciembre de 2017 a dos años de prisión.
A día de hoy este caso consta de 11 piezas, cifra a la que han logrado reducir en los últimos meses el juez y la Fiscalía las 16 piezas que lo conformaban.
Ya está conclusa y pendiente de llegar a juicio la pieza sobre la trama Púnica en León, en la que está procesado el expresidente de la Diputación Marcos Martínez, quien sustituyó en ese cargo a la asesinada Isabel Carrasco, y próximamente podría darse por terminada la de Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez, en la que varios exdirectivos están imputados por amaños en concursos públicos en ayuntamientos involucrados en esta trama de corrupción.
García Castellón también instruye el caso Lezo, en el que el pasado mes propuso juzgar al expresidente madrileño Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por unos 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014, por lo que aún está pendiente de los escritos de la acusación y las defensas, antes de que se dicte la apertura de juicio oral y suba a la Sala.
Más avanzada está la pieza referida a la compra de la empresa colombiana Inassa, en la que estuvo imputado el exministro y expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, si bien finalmente se le levantó la imputación, por lo que irán a juicio por estos hechos 22 acusados, entre ellos los exconsejeros madrileños Juan Bravo y Pedro Calvo, para quienes la Fiscalía pide penas de entre 6 y 7 años de cárcel.
El caso Villarejo, que también instruye García Castellón desde 2017, cuenta ya con 20 piezas y de los mencionados es el único que tiene un imputado en prisión, el excomisario José Villarejo, al que recientemente se le han prorrogado otros dos años, hasta el límite máximo de 4 años, su estancia en prisión preventiva.
Esta circunstancia lleva a la Fiscalía y al juez a tratar de cerrar lo antes posible alguna de esas piezas para poder llevar a juicio al excomisario, que tendría preferencia en la Sala de lo Penal al tratarse de una causa con preso.
Otra causa que agravará la situación de la Sala de lo Penal es la de la empresa pública Defex, en la que el juez central de instrucción número 5, José de la Mata, ha estado investigando contratos de suministro militar en cinco países: Arabia Saudí, Egipto, Brasil, Angola y Camerún.
Hasta el momento ha cerrado ya la investigación de las piezas de Arabia Saudí, Angola y Camerún.
En el caso de Angola ya hay escrito de calificación de la Fiscalía, que pide 50 años de cárcel al expresidente de Defex José Ignacio Encinas y a los principales acusados por el presunto desvío de 41 millones de euros pagados en comisiones para conseguir contratos de material policial con el gobierno angoleño.
Anticorrupción también ha presentado su escrito de acusación en la pieza de Camerún y ha solicitado 23 años de cárcel al ex director comercial de Defex Manuel Iglesias y una multa de 75 millones de euros a la empresa pública.
Recientemente, De la Mata ha propuesto juzgar a veinte personas y ocho sociedades por el llamado caso Mercasa por las supuestas “irregularidades” detectadas en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola), “mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos”.
Este mismo juez investiga también los casos del 3 % en Cataluña y el de la fortuna de la familia Pujol, cuya instrucción tiene como límite el 23 de marzo de 2021 para quedar conclusa y ser enviada a la Sala para su enjuiciamiento.
Por Nieves Albarracín