A dos meses de que finalice el plazo de instrucción del caso Púnica, el juez Manuel García-Castellón ha dictado una batería de autos en los que rechaza levantar la imputación a varios de los investigados y confirma esta condición para otros, entre ellos el gran empresario de la construcción Juan Miguel Villar Mir y su yerno, Javier López Madrid, sospechosos de participar en la financiación irregular del PP de Madrid.
La defensa de Villar Mir viene reclamando explicaciones de su imputación y había formalizado una denuncia por “dilaciones indebidas” al no recibir respuesta. García-Castellón replica que se han dictado “distintas providencias” que dan respuesta a la información que reclama el fundador de OHL. “La defensa sigue insistiendo sobre un pronunciamiento relativo a una eventual aclaración que este magistrado entiende más que contestado”, escribe el instructor en un auto fechado el pasado día 25 de junio y al que ha tenido acceso eldiario.es.
En el caso de López Madrid, su defensa solicitaba un “impulso” a la causa respondiendo a distintas peticiones realizadas por ella misma. García-Castellón rechaza la pretensión y acusa al exconsejero de OHL de intentar “retrasar” la investigación. “Resulta llamativo constatar cómo la misma representación procesal que interesa el impulso tiene evidente como estrategia de defensa precisamente retrasar el avance de la investigación mediante la reiterada presentación de escritos de aclaración, rectificación y reforma, como se constata del análisis de las investigaciones”, escribe el juez en otro auto en el que destaca que esta “estrategia” tiene “vistosidad y poco recorrido”.
García-Castellón citó a Villar Mir y López Madrid como investigados en febrero de 2018 acusados de participar en los amaños en las obras de Metro de Madrid cuando Francisco Granados estaba al frente de la Consejería de Transportes. La imputación responde a los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitalers, falsificación y tráfico de influencias.
Villar Mir, que ha estado imputado en todos los grandes casos de financiación irregular del PP, responde en el caso Púnica dentro de la pieza 9, la que aborda la existencia de una caja B en la formación conservadora a nivel de la Comunidad de Madrid. En esta misma pieza está imputada la que fuera presidenta del partido regional y del Gobierno autonómico, Esperanza Aguirre.
La imputación de Villar Mir y López Madrid se produjo después de que David Marjaliza, exsocio de Granados, aportase en la Audiencia Nacional una serie de facturas que reflejaban el pago de comisiones por los amaños de las adjudicaciones, de los que también se beneficiaba el yerno del dueño de OHL.
Granados habría utilizado su condición de consejeros de Transportes para que la empresa pública Mintra adjudicara un lote de obras a Obrum, vinculada a Marjaliza. Por su parte, López Madrid aportó en los concursos las calificaciones precisas por parte de la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, pero luego, en un plan concertado, se la vendió a Marjaliza a bajo precio. Terminado el amaño, Granados, Marjaliza y López Madrid se repartieron 3,6 millones de euros en comisiones.
La defensa de López Madrid había impugnado el informe de tres peritos de la Agencia Tributaria que ratificaban la dinámica de corrupción antes descrita, así como que se dedujera testimonio de los funcionarios que rubrican dicha pericial. “La prueba pericial es eminentemente una diligencia personal, y por lo tanto no se puede pretender su impugnación como si se tratara de un documento, con carácter material”, contesta el juez.
La investigación de Púnica también ha destapado que el Grupo Villar Mir ha resultado adjudicatario de varios contratos licitados por Arpegio, la empresa que gestionaba el suelo público de la Comunidad de Madrid. En los autos del juez se señala a OHL como “presunto donante del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, de acuerdo a las menciones de la agenda intervenida al investigado Francisco Granados”.
El 27 de agosto, fin de la instrucción
La reforma del último Gobierno del PP que introdujo los plazos para la instrucción obligaba a que el caso Púnica dejara de investigarse el pasado 6 de junio, pero la suspensión de los plazos de instrucción a causa de la Covid-19 aplazó esa fecha al 27 de agosto. Esta segunda fecha se antoja apresurada si se atiende a los retrasos que está sufriendo la instrucción en su última fase. Las primeras declaraciones de testigos una vez retomada la actividad judicial se vieron retrasadas por la imposibilidad de la Audiencia Nacional de realizar una declaración telemática a la que pueden asistir decenas de abogados.
Otros investigados también han visto más próximo el banquillo después de esta última batería de autos del juez en los que rechaza archivar la causa contra ellos. Es el caso de los exconsejeros madrileños Juan José Güemes y Gádor Ongil; el que fuera consejero delegado de la agencia informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández; y la funcionaria de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder, investigada por los mismos hechos que mantienen imputada a Cristina Cifuentes.