El juez que investiga la trama Púnica, Manuel García Castellón, quiere cerrar la investigación por blanqueo de capitales a Francisco Granados y a quien fuera su socio, David Marjaliza. Para ello necesita que Panamá responda a un comisión rogatoria que el anterior juez del caso, Eloy Velasco, envió en 2015 y que las autoridades de ese país no han devuelto cumplimentada, por eso ha vuelto a cursarla de nuevo dejando claro que necesita una respuesta con urgencia.
En una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, el juez señala que Panamá no ha contestado a la primera comisión rogatoria que envió en verano de 2015. García Castellón apunta que “dado el tiempo transcurrido sin respuesta alguna” va a pedir de nuevo a ese país los datos bancarios que necesita en la investigación contra “Francisco Granados Lerena y otros por blanqueo de capitales”. El juez envía la nueva comisión rogatoria al Ministerio de Justicia, encargado de enviarla a Panamá, y pide hace constar las razones de urgencia.
Lo cierto es que Panamá no se ha negado a colaborar con la investigación, como si ha ocurrido con otros países. Las autoridades panameñas han remitido en los últimos días una comisión rogatoria que envió el juez Velasco en 2016, y que ya analizan Anticorrupción y la Guardia Civil. Sin embargo, no han contestado a la que se envió un año antes.
Los investigadores rastrean el dinero en el extranjero de Granados y Marjaliza desde el estallido del caso. En un informe policial ya trazaron un esquema de cómo ambos habían sacado su dinero de España a través de bancos Suizos para depositarlo también en Singapur. El empresario sacó de España unos 11 millones de euros que repartió entre tres cuentas suizas, de los que 8 están bloqueados por la investigación. El resto viajó hacia Singapur, donde el cabecilla de la trama también ingresó el dinero de Granados (1,6 millones).
Además, un viaje de Granados a Panamá levantó las sospechas de los investigadores y motivaron la petición de las comisiones rogatorias. Viajó a ese país acompañado de Alejandro de Pedro, el conseguido de la trama Púnica que hizo caja cobrando a políticos del PP por trabajos de reputación en internet y redes sociales. A él se le investiga en otras piezas separadas donde están imputados políticos como el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, o Lucía Figar, exconsejera de Educación con Esperanza Aguirre.
Granados hizo ese viaje costeado por De Pedro -unos 6.000 euros entre vuelos y hoteles- y cuando aún era senador del PP. Estuvieron en Panamá y Costa Rica visitando a cargos públicos de ambos países, unas reuniones en las que, apuntó la Guardia Civil, querían hacerse con contratos amañados.
Por ejemplo, se reunieron con la alcaldesa de la ciudad de Panamá, Roxana Méndez, y tras ese encuentro Granados comentó en una conversación grabada por qué pensaba que Méndez había perdido las elecciones: “Estaba ya muy debilitada internamente y no ha hecho lo que le dijimos que tenía que hacer (...). No se ha aliado con el que nosotros queríamos (...) y ha palmao”.
Según el juez, “los indicios de la investigación apuntan a que el objeto del viaje fue visitar a determinados cargos públicos y políticos al objeto de obtener contratos y presentarse a adjudicaciones públicas”. Los investigadores, eso sí, dejaron claro que no habían podido corroborar si Granados y De Pedro habían llegado a cobrar por esos trabajos.
Los investigadores también buscan el rastro de Marjaliza en esos países, donde detectaron sociedades vinculadas con el constructor. Él aseguró en una declaración que no sabía por qué tenía una estructura societariamente a en esos países y la atribuyó a maniobras de su banco. Sobre Granados dijo que él solo sabía que tenía cuentas en Suiza y Singapur, pero no en otros países.
Granados, por su parte, siempre ha insistido en que no tiene dinero en el extranjero, y que las únicas cuentas en Suiza que dispuso se la traspasó a Marjaliza cuando entró en política. Sin embargo, la investigación no solo ha destapado que sí escondió dinero fuera de España, sino que también lo hizo en nuestro país. Los investigadores localizaron un millón de euros en casa de sus suegros y han ido destapando diversas maniobras para blanquear las ganancias que obtuvo mediante mordidas.
El mismo Marjaliza detalló recientemente una de esas comisiones por la ampliación del Metro. Según la documentación que entregó en la Audiencia Nacional, el exsecretario general del PP de Madrid se quedó con 1,2 millones que exigió recibir en metálico. El constructor y el empresario Javier López Madrid, que les ayudó a amañar el contrato, se llevaron la misma cantidad.
Los jueces de este caso ya han tenido problemas para cerrar esta vía de la investigación. Velasco envió también comisiones rogatorias a Costa Rica, el otro país que visitaron De Pedro y Granados, pero sus autoridades se negaron a aportar datos. Argumentaron que el delito de blanqueo derivaba de uno previo de evasión fiscal, algo no considerado delito en Costa Rica, por lo que no podían colaborar con esa investigación.