Silvano Corujo, exdirectivo de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), la segunda empresa pública más relevante de la Comunidad de Madrid, ha reiterado en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pidió en 2011 en torno a un millón de euros al exconsejero delegado de ICM José Martínez Nicolás para financiar determinadas campañas del PP madrileño. Así lo han confirmado fuentes presentes en la tercera jornada de declaraciones de investigados en el caso Púnica.
Corujo ya hizo esta afirmación en la denuncia que presentó en la Fiscalía sobre las supuestas irregularidades en la empresa pública y también el pasado verano en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional. Este miércoles ha comparecido en calidad de investigado (antes imputado).
El exdirectivo de ICM se ha desvinculado de un contrato por importe de 202.844 euros que ICM adjudicó a la tecnológica Indra en 2011 y que es objeto de investigación en la causa. Ese contrato se adjudicó a través de un procedimiento negociado, por lo que no pasó por la mesa de contratación que él dirigía. Corujo ha asegurado, en consecuencia, que no conoció de su existencia hasta años después cuando se inició la investigación judicial.
Ese contrato forma parte de la pieza separada sobre la supuesta financiación irregular del PP madrileño. Los investigadores manejan indicios de que esa adjudicación llevaba estipulado que Indra simulara después la contratación de una consultoría a la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), creada por el conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro. Y que lo que se pretendía realmente era costear los trabajos de reputación personal que EICO ya hacía para los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González y los exconsejeros Borja Sarasola y Salvador Victoria, consumando así el “desvío de los fondos públicos”.
ICM, Indra y la financiación irregular del PP
ICM manejó presupuestos anuales de más de 150 millones de euros durante los mandatos de Aguirre y González. Según la investigación, su consejero delegado, José Martínez Nicolás, también imputado, recibió la consigna de recaudar fondos públicos amañando contratos a favor de empresas dispuestas a pagar por conseguir adjudicaciones.
Entre esas sociedades está Indra, que resultó beneficiada en las adjudicaciones de ICM con más de 15 millones de euros. El juez Manuel García Castellón define a la tecnológica como “parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM como fuente de ingresos del partido” y mantiene que camufló 1,13 millones de euros para campañas electorales de los populares. Este miércoles también estaba citado como imputado Vicente Gil Ortega, ex responsable de proyectos electorales en Indra, si bien se ha negado a declarar.
El auto del juez aporta indicios de que Martínez Nicolás se enriqueció gracias a estas prácticas y escondió sus “ganancias ilícitas” en paraísos fiscales. Los investigadores aportan como prueba una cuenta a su nombre en Liechtenstein que realizó un movimiento de medio millón de euros a otra a nombre de un empresario en en Suiza.
Fe de errores. En una versión anterior de esta información se decía, por error, que Indra había accedido a la adjudicación de 202.844 euros fuera de los cauces legales.