El 36 aniversario de la Constitución se cumple este sábado en pleno debate sobre qué hacer con ella. Unos partidos quieren retocarla, otros propugnan partir de cero y afrontar un verdadero proceso constituyente y también hay quienes la consideran inservible porque no se reflejan en ella. Frente a todos, el PP defiende que está plenamente vigente y no es necesario cambiarla.
PP: ¿Qué se quiere hacer, para qué y con quién?
“Hemos vivido con ella 30 años y espero que vivamos muchos más” decía Mariano Rajoy en 2008 en su elogio a la ley fundamental. Aun así, admitía que la defensa del texto era compatible con someterlo a reformas. “Alguna habrá que hacer”, reconocía el entonces líder de la oposición. Se refería fundamentalmente a su disposición a hablar de una reforma del Senado y a cambiar el título 57, que antepone al hombre frente a la mujer en cuanto a la herencia de la Corona. Pese a estar dispuestos a estos retoques, el actual Gobierno y su partido siempre se han negado a reformarla solo para esos dos aspectos.
El último portazo de los conservadores a los intentos del PSOE de reformar la Carta Magna ha quedado claro con la negativa del PP a que se abra una subcomisión en el Parlamento para debatirla. Mariano Rajoy ya le había contestado que no unas horas antes, cuando Pedro Sánchez le había llamado por teléfono para contarle sus intenciones. Aun así, el socialista registraba este jueves en el Congreso la petición.
Hacia un Estado federal
La voluntad del PSOE de reformar la Carta Magna y apostar por un Estado federal quedaron consignados en julio de 2013 en la llamada Declaración de Granada. En las trece páginas del documento, los socialistas enuncian sus propuestas para incorporar el mapa autonómico, delimitar las competencias del Estado y de las CCAA, incorporar los hechos diferenciales y singularidades y modificar el sistema de financiación.
Las intenciones de los socialistas pasan también por que el texto recoja la sanidad y la protección social como derechos fundamentales y asegure otros servicios básicos como la educación y las pensiones. Además, pretenden cambiar el control de los estatutos de autonomía para impedir que el Tribunal Constitucional pueda anular parte de un estatuto ya aprobado por los ciudadanos en las urnas, como sucedió con el catalán. Convertir el Senado en una verdadera cámara de representación autonómica y no dejarlo, como ahora, en una de segunda lectura es otra de las ideas que comparten la mayoría, pero que lleva años sin pasar de mera propuesta.
La mayor novedad desde que difundieron el documento es la marcha atrás en cuanto al artículo 135, que reformaron de forma exprés PSOE y PP para blindar el techo de gasto en agosto de 2011. Sánchez no lo considera una derogación en sí sino un retoque para dar prioridad a los servicios públicos en vez de al pago de la deuda.
Partidarios de un proceso constituyente
Cada vez son más las formaciones que no ven suficiente someter el texto a reformas sino que reclaman empezar de nuevo y no partir de lo acordado en 1978. Partidarios de un nuevo proceso a partir de unas elecciones que den lugar a una Asamblea Constituyente que después redacte una nueva Constitución para someterla a votación en un referéndum.
Este modelo, defendido por partidos como IU, ICV, Podemos, Equo, Compromís, BNG y Amaiur, pretende no circunscribir la discusión del texto a los partidos sino abrirla a todos los ciudadanos para que participen y se sientan más identificados con la Ley Fundamental.
Entre las ideas que estas formaciones tienen claras, figura un modelo federal que reconozca que el Estado español es plurinacional. Por lo tanto, todas las singularidades sean culturales, institucionales o lingüísticas deberían quedar reflejadas. También, una redacción clara que especifique que servicios básicos como la educación, la sanidad, pensiones y la atención social son un derecho fundamental de los ciudadanos.
Inútil para nacionalistas e independentistas
Los partidos de corte nacionalista ven con buenos ojos que se abra el debate aunque reconocen que sus planes superan la mera reforma y han dejado de sentirse representados por la Constitución por sus aspiraciones soberanistas. CiU y PNV reclaman que la ley reconozca a Cataluña y Euskadi como naciones como punto de partida para discutir otras cuestiones y no aceptan ningún cambio que no pase antes por ello.
Los representantes de CiU, PNV y ERC llevan desde 2010 sin acudir a la recepción que organiza el Congreso. La sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó partes del Estatut de Cataluña provocó el plante, que se ha mantenido hasta ahora. La voluntad de independizarse completamente en el caso de los partidos catalanes considera insuficiente la propuesta socialista de llegar antes a un acuerdo sobre la arquitectura territorial en la Constitución y después refrendarla en una votación. En el caso del PNV también son claros: no pasan por ninguna reforma que no consagre a Euskadi como nación.
UPyD: Competencias estatales contra la desigualdad
Para los de Rosa Díez, la Constitución del 78 no logró cerrar el modelo territorial español y, como consecuencia, se han producido problemas de desigualdad y de buena convivencia. Partidarios de reformar la Carta Magna para llegar a un Estado federal fuerte, en UPyD consideran imprescindible que varias competencias autonómicas vuelvan al Gobierno central para garantizar la igualdad de todos los españoles. Entre ellas, citan las de educación, sanidad, justicia, medio ambiente, representación internacional, defensa, protección civil y recursos naturales.
Su modelo pasa por eliminar todas las alusiones a los derechos históricos de las comunidades y suprimir la distinción entre nacionalidades y regiones además de elevar a dos tercios la mayoría necesaria en las Cámaras para reformar los Estatutos de Autonomía. Entre sus aspiraciones, también está la de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad y acabar con las Diputaciones.