La Fiscalía se ha querellado por rebelión y sedición contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament, entre ellos su presidenta, Carme Forcadell. No lo ha hecho sólo por la declaración unilateral de independencia que, según el fiscal, Forcadell tramitó pese a ser “plenamente consciente” de la “palmaria y evidente” inconstitucionalidad de la iniciativa.
La DUI del pasado viernes fue el “fin último” y la “culminación”, a criterio de la Fiscalía, de una serie de actos legislativos que se han desarrollado a lo largo de la legislatura con el objetivo último de la independencia. La presidenta del Parlament ya estaba imputada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por permitir tres debates soberanistas, el último el de la ley del referéndum en septiembre. Sin embargo, lo estaba por delitos que no comportan penas de cárcel –desobediencia y prevaricación. La nueva querella incluye la rebelión, penado con hasta 30 años de prisión.
Según la Fiscalía, Forcadell ha actuado a lo largo de la legislatura “violando y haciendo tabla rasa de los derechos de los diputados disidentes”, por ejemplo en la votación de la ley del referéndum. La “insólita y arbitraria interpretación del reglamento” por parte de Forcadell, añade el fiscal, buscaba “dar una falsa apariencia de legalidad a un proceso de demolición del ordenamiento constitucional”.
Cabe destacar que uno de los querellados es el secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que es Pot), pese a que votó en contra tanto de la admisión a trámite de la votación de la DUI como de la propia declaración, tal y como él mismo explicó a este diario. Sí lo hicieron el resto de querellados: Forcadell, el vicepresidente primero, Lluís Guinó; la secretaria primera, Anna Simó; y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet.
A todos ellos la Fiscalía pide al juez imponerles una fianza de 6,2 millones de euros a para “asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir”. La Fiscalía aclara que deberían abonarla de manera solidaria todos los querellados, los del Supremo –la Mesa– y los de la Audiencia Nacional –el Govern.
Maza considera que el Supremo es el tribunal competente para investigar a los miembros de la Mesa porque los querellados, al igual que el Govern, realizaron presuntos delitos que traspasan el territorio de la comunidad autónoma y afectan al conjunto de España.
No obstante, Forcadell y los miembros de la Mesa conservan su aforamiento (a diferencia de Puigdemont, siguen siendo diputados la Diputación Permanente, el órgano que rige el Parlament una vez disuelto). En consecuencia, debe ser el Supremo quien los investigue y no la Audiencia Nacional, la instancia donde la Fiscalía ha interpuesto la querella contra Puigdemont y los consellers por los mismos delitos.
En concreto, el fiscal sostiene que las decisiones de Forcadell y el resto de querellados desde la Mesa “han sido parcialmente ejecutadas” y “producen efectos” fuera de Catalunya, por lo que la eficacia de los presuntos delitos va “más allá” de la comunidad. “El daño institucional es de alcance nacional”, zanja la querella.
Considera el fiscal que Forcadell participó en la “creación de condiciones” previas a la DUI y que esos actos “constituyen un levantamiento contra el orden establecido en los términos previstos en nuestro Código Penal”.
Asimismo, pese a que Forcadell no intervino en la logística del 1-O al no ser miembro del Govern, en la querella el fiscal señala como motivo para justificar la competencia del Supremo la custodia de la Generalitat del voto extranjero en el referéndum.
Los cinco jueces que integran la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo estudian ya la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra los miembros de la Mesa del Parlament.
Los jueces están citados esta tarde a las 19.30 de esta tarde para tomar una decisión, después de estudiar el texto de más de 100 páginas que les ha entregado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. El ponente de esa decisión será el magistrado Manuel Marchena, que, en el caso de que acepte la querella, indicará quien es el magistrado que instruirá la causa.