Quirón invoca la protección de datos para no mandar al Congreso documentos de su relación comercial con la pareja de Ayuso

El Grupo Quirón, principal adjudicatario de la Comunidad de Madrid en materia de salud, se niega a colaborar con la comisión del Congreso de los Diputados que le reclamó la documentación sobre su relación comercial con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Quirón despliega una serie de argumentos jurídicos para excusarse de colaborar con el Parlamento, tales como el derecho a la intimidad de Alberto González Amador o a la protección de datos de carácter personal. 

Alberto González Amador está imputado por un juzgado de Madrid por haber cometido dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, cuando ya era pareja de Isabel Díaz Ayuso. A su vez, González Amador está intensamente relacionado de forma comercial y laboral con Quirón, principal beneficiario de la “colaboración público-privada” con la que el Gobierno de la Comunidad gestiona la salud de los madrileños. La pareja de Ayuso ha reconocido reiteradamente que cometió los delitos de fraude fiscal e intenta negociar con la Fiscalía una petición de condena que no implique su ingreso en prisión.

El requerimiento de información a Quirón se produjo el 13 de mayo pasado en el marco de las actuaciones de la denominada 'Comisión de investigación sobre la adquisición de material sanitario del Congreso de los Diputados'. Los parlamentarios solicitaban “todos los contratos laborales, comerciales o mercantiles que se hayan producido entre D. Alberto González Amador y el Grupo Quirón”.

En el escrito de respuesta, Quirón asegura, “respetuosamente, que no procede la remisión de documentación, en virtud de las diferentes regulaciones aplicables y la afectación a determinados derechos fundamentales de la persona, como son el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos de carácter personal, recogido en el artículo 18 de la Constitución Española, así como la normativa laboral, el secreto empresarial y comercial”.

Los 350.951 euros hurtados por González Amador a la Hacienda pública proceden de una comisión de casi dos millones de euros que la pareja de Ayuso obtuvo en pandemia gracias a la participación de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. González Amador se embolsó esa cantidad por mediar entre dos empresas española en una sola operación de compra-venta de mascarillas. 

La sociedad que compró el material sanitario tiene en su consejo de administración a Fernando Camino, amigo de González Amador y de los empresarios que poseen la sociedad dueña del ático de lujo del que disfrutan Ayuso y su pareja, justo encima de la vivienda en la que viven desde el verano pasado. Cuando se cumplen tres meses de que elDiario.es desvelara la existencia del ático, la presidenta madrileña sigue sin aclarar a cambio de qué disfruta de esta segunda vivienda, situada justo encima de la adquirida por González Amador y que está valorada en 1,9 millones de euros. 

Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención, y Alberto González Amador han compartido intereses comerciales en paraísos fiscales. Además, la relación de la pareja de Ayuso con el Grupo Quirón es tan intensa que cuando Alberto González Amador intentó burlar el pasado mayo a la prensa, retrasando su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alegó en el último momento que tenía un trabajo de auditoría que hacer en Málaga para un hospital del grupo.

En noviembre de 2022, el Gobierno de Ayuso aprobó de una vez un pago de 393 millones de euros al Grupo Quirón. Su hospital de la Fundación Jiménez Díaz es el buque insignia de la privatización de la sanidad madrileña por el Ejecutivo regional. Por su parte, el empresario pareja de Ayuso ha multiplicado su facturación con Quirón por cuatro desde que comenzó su relación con la presidenta madrileña. 

Una vez recibida la solicitud del Congreso, Quirón puso el asunto en manos de sus abogados. Así se infiere de la respuesta ofrecida al Congreso por su “asesoría jurídica”. “La tutela y protección de los derechos de los terceros se ha erigido como un límite, constitucional y legal a la facultad de obtener información (…) como trasunto del derecho fundamental a la participación política (art. 23 de la C.E) de la que son titulares los diputados y senadores, individual y colectivamente”, alega Quirón en su negativa al Congreso.

En este sentido, el grupo sanitario cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto de un recurso de Vox y otro de Air Europa, para reforzar sus argumentos. Incluso recoge la intervención de un parlamentario del Grupo Socialista en 1984, quien durante una comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados, se mostró a favor de garantizar la intimidad de los ciudadanos. 

La comisión del Congreso solicitaba “nóminas, facturas, recibos bancarios, justificantes de transferencias y cualquier documento que acredite las contraprestaciones económicas recibidas por D. Alberto González Amador por parte del Grupo Quirón o empresas de dicho grupo”. De acuerdo a los argumentos anteriores, Quirón niega esa información. 

“Está fuera del ámbito de la comisión de investigación”

Por contra, la sociedad, propiedad del gigante alemán Fresenius, responde a otra petición del Congreso, que solicitaba igualmente los contratos y facturas de Quirón Salud con la Comunidad de Madrid, la Asamblea madrileña y ayuntamientos de la región. Quirón incorpora un cuadro en su respuesta no sin explicar que se trata de “información pública que puede obtenerse directamente de las administraciones públicas contratantes”. “No se alcanza a comprender la relación que presenta la información solicitada con el objeto de la comisión de investigación sobre la adquisición de material sanitario”, añade la empresa.

Pese a compartir esta información pública, Quirón no se priva de responder a los parlamentarios que no están capacitados para solicitársela. Según se encarga de recordar la empresa, la Constitución Española atribuye a las Cortes Generales la capacidad de controlar al Gobierno de la Nación pero no a otras administraciones, como son las comunidades autónomas o los ayuntamientos. La información requerida, añade, “se encontraría fuera de su ámbito material de negociación”.

Además, Quirón le dice al Congreso que la documentación que le requiere “no tiene ninguna relación” con el objetivo de la comisión de investigación, destinada a controlar las contrataciones de material sanitario por parte, únicamente, de la Administración general del Estado.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar investigaciones como la de la pareja de Ayuso no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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