Mariano Rajoy está en plena tournée de promoción de su libro Política para adultos (Plaza & Janés, 2021), una suerte de ensayo sobre cómo ve la actividad pública una persona que se ha dedicado a ella de forma ininterrumpida durante toda su vida laboral. En el libro, el expresidente del Gobierno pasa muy de puntillas por el asunto de la corrupción, una de las losas de su partido. Y tampoco se detiene en el recurso a las cloacas del Estado precisamente para aplacar una de esas investigaciones, la trama de Gürtel, en la que indaga desde hace tres años la Audiencia Nacional en la llamada operación Kitchen.
Pero la realidad ha hecho que su gira promocional haya coincidido en el tiempo con el momento de mayor voltaje político de la comisión parlamentaria sobre esa operación, centrada en el espionaje al extesorero Luis Bárcenas sufragado supuestamente con fondos reservados para evitar que información comprometedora para el partido y sus dirigentes llegara a los investigadores de Gürtel. Esta semana fue el turno de quien fuera su ministro, Jorge Fernández Díaz, que apuntó a la formación conservadora al asegurar que la operación parapolicial no pudo nacer en Interior porque el interés sobre Bárcenas no correspondía al departamento que dirigió sino a quien podía perjudicar, el Partido Popular. “El GAL o el Faisán eran asuntos de Interior; Bárcenas no era funcionario del Ministerio”, aseveró.
Fernández Díaz es, en la actualidad, el principal procesado de la operación Kitchen tras la decisión del juez Manuel García Castellón de cerrar inesperadamente el pasado verano esa pieza exonerando a María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido entre 2008 y 2018, y sin citar siquiera como testigo a Rajoy, el máximo beneficiado de aquella operación y jefe directo del que fuera ministro del Interior. Pero a falta de que tres jueces de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidan si el caso Kitchen debe ceñirse al sabotaje de la causa de la caja B del PP, ideado y desarrollado dentro de los márgenes de Interior, o si hay que seguir investigando la presunta implicación de la cúpula del partido, miembros de esa dirección sí tendrán que seguir dando explicaciones en el marco de la citada comisión.
Comparecencia
Tras meses de comparecencias, Rajoy cerrará las sesiones el lunes 13 de diciembre. Se espera que durante su intervención salgan a relucir las continuas referencias de Villarejo y otros investigados a “El Barbas” o “El Asturiano”, los motes con los que se referían a él los miembros de la trama. Y también un informe de Asuntos Internos con notas del comisario según las cuales el expresidente conocería la oferta y amenazas a Bárcenas en prisión para que no confesara la caja B.
Estos indicios, que a todas luces saldrán a relucir durante la investigación parlamentaria, no fueron considerados por el juez de la suficiente entidad como para citar como testigo a Rajoy, al que ni siquiera citó por su nombre en el auto en el que decidió cerrar la instrucción descargando toda la responsabilidad de la trama en Fernández Díaz. “Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”, escribió García Castellón.
En su libro, Rajoy también pasa de puntillas por esta cuestión. “A mí me tocó lidiar con varios asuntos que afectaron al PP mientras yo lo presidí”, afirma como si la corrupción no fuera con él. Tampoco ahorra críticas a la prensa al decir que “cuando solo se informa de los casos que afectan a un partido, pero se ignoran o minusvaloran los de sus rivales, es evidente que se ofrece una imagen distorsionada de la realidad”. Al expresidente también le “sorprende que se conviertan en una especie de dogma de fe un informe policial, los escritos de un comisario o una petición concreta de la Fiscalía”.
La misma actitud ha mantenido en algunas entrevistas ofrecidas en los últimos días. A la agencia Efe le dijo, por ejemplo, que es “absolutamente falso” que destruyera pruebas, como le acusa Bárcenas. Pero inmediatamente recupera una posición ajena al asunto y lo compara con cualquier otra política: “¿Que pude haber hecho más? Seguro que sí. En cualquier materia de gobierno pude haber hecho más. Nunca me he tenido por alguien que acierta siempre”. También en 'El Hormiguero' respondió, de manera somera, al respecto. “No se puede pasar por alto” la corrupción, dijo. “De hecho, todas aquellas personas que actuaron mal han sido condenadas y están fuera del partido”, añadió. Y zanjó: “A los corruptos hay que detectarlos a tiempo y tomar medidas”. Un mensaje, en todo caso, dedicado a quienes ahora comandan el PP.
Citas con Villarejo
Días antes de su intervención en el Congreso está citada la que fuera su número dos. Cospedal, desimputada de esta causa el pasado verano, tiene previsto comparecer la semana que viene, el jueves 9 de diciembre. A la ex secretaria general los parlamentarios le preguntarán previsiblemente por sus encuentros secretos con Villarejo, que el juez enmarca en el derecho de reunión, y por otro informe de Asuntos Internos que da cuenta de la existencia de hasta 70 comunicaciones, entre llamadas y mensajes, entre el comisario Villarejo y la ex secretaria general y su entorno entre mayo y noviembre de 2013, durante los primeros meses de la operación de espionaje.
Los agentes cruzan la información de esos contactos –extraída de un teléfono Samsung intervenido a Villarejo tras su detención en 2017– con las anotaciones que el policía iba haciendo en sus agendas. Así, por ejemplo, consta que el 11 de julio de 2013, cuando se produjo el “nacimiento” de la operación Kitchen, Villarejo y Cospedal hablaron durante 19 segundos y el policía recogió en su diario el siguiente apunte: “Cospe. Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco”, el apodo del número dos de Interior, Francisco Martínez, procesado en esta causa junto a su jefe, el exministro Fernández Díaz.
Durante su comparecencia de esta semana, el que fuera máximo responsable de Interior, aunque con cautela, aludió a la posible implicación en el espionaje del CNI y de quien tenía mando sobre el servicio de Inteligencia durante el Gobierno de Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a la que está enfrentado. “No puedo ir más allá, ni debo ir más allá”, dijo tras precisar que se está intentando defender en el juzgado de las acusaciones contra él y que, en consecuencia, no podía, ni debía, decir más. Esta vía, que sí esbozaron algunos diputados, también se ha encontrado con el rechazo del juez a investigarla.
Un día antes que Fernández Díaz y también en plena gira promocional de Rajoy, la comisión parlamentaria recibió al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que se negó a dar detalles de la reunión que organizó entre el abogado que trabaja para el PP, Jesús Santos, y un amigo de Bárcenas, Agustín de Diego, por pertenecer a su “ámbito privado”. López, actual miembro de la dirección del PP, era entonces magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando se produjo ese encuentro, en plena instrucción del caso Gürtel. A preguntas de los diputados afirmó que se limitó a presentarle y se negó a dar detalles del encuentro.