Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno de España durante siete años y líder del PP durante 14, ha conseguido esquivar temporalmente el banquillo de los acusados en Andorra. La Justicia madrileña le ha dado la razón y ha decidido paralizar la tramitación de la comisión rogatoria con la que una jueza de ese país pretende investigarlo a él, a su amigo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a varios policías para que expliquen los métodos supuestamente utilizados por la policía política durante su segunda legislatura para conseguir información comprometedora sobre el expresident catalán, Jordi Pujol, y su familia. Ese pleito andorrano buscaba su comparecencia como imputado, la primera de su carrera política, tras haber testificado siempre como testigo en los juicios por corrupción del Partido Popular y sacudido también cualquier relación con la operación Kitchen donde figuran implicados altos cargos de su gobierno.
Hasta el momento, los relatos de Mariano Rajoy ante los tribunales se han caracterizado por haber declarado a los jueces lo contrario de lo que finalmente se ha acabado probando en las sentencias que han ratificado la contabilidad en B de su partido.
Mariano Rajoy y el caso Gürtel
El 11 de febrero de 2009 Mariano Rajoy comparecía en la sede central del PP arropado por el Comité Ejecutivo Nacional para hacer sus primeras declaraciones sobre la trama Gürtel. “No es una trama del PP, sino contra el Partido Popular”, dijo el líder de la oposición rodeado por la plana mayor de su partido, en un momento en que los conservadores optaron por la estrategia de achacar las acusaciones de corrupción a una maniobra del Gobierno socialista. Ocho años y medio después, el mismo Mariano Rajoy testificaba en el primer gran juicio de la trama Gürtel, aunque lo hacía como presidente del Gobierno.
Su declaración no fue tenida en cuenta por el tribunal, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo y dio por probada una contabilidad paralela. Mariano Rajoy negó haber cobrado ese dinero. De los papeles de Bárcenas, dijo, son “absolutamente falsos” y llegó a responder a una de las acusaciones que se había “confundido de testigo” ante las preguntas sobre este asunto. Menos de un año después, la Audiencia Nacional fallaba en dirección contraria con una sentencia
“M.Rajoy”
En 2013 el diario El País publicaba la contabilidad secreta del Partido Popular que Luis Bárcenas había llevado durante años en su despacho de Génova 13. Unas cuentas hechas a mano en las que “M.Rajoy” figura como receptor de más de 300.000 euros a lo largo de 12 años de contabilidad paralela. Desde entonces la Justicia ha avalado la veracidad de estas anotaciones y ha declarado probada la existencia de una caja de dinero negro en el PP, pero ni Rajoy ni el resto de altos cargos 'populares' que figuran en los papeles de Bárcenas han tenido que responder penalmente por ese ir y venir de centenares de miles de euros en metálico en sobres en la sede central del partido.
La Audiencia Nacional rechazó su imputación desde el primer momento. En 2013, por ejemplo, el instructor Pablo Ruz decidió que no había indicios para hacerlo a petición del pseudosindicato Manos Limpias y dos años después la sala de lo penal también rechazó sentarlo en el banquillo. En sus intervenciones judiciales Mariano Rajoy, obligado a decir la verdad como todos los testigos, ha venido negando la veracidad de esos apuntes. Esas declaraciones no han convencido a los jueces que le han escuchado pero ningún tribunal decidió deducir testimonio para juzgarle por mentir.
Quedó reflejado en la Audiencia Nacional, por ejemplo, en su sentencia sobre la primera época de la actividad de la trama Gürtel. Tanto Rajoy como Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos negaron haber cobrado ese dinero, algo que los jueces achacaron a las consecuencias que habría tenido admitirlo. “Supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública, que si bien entiende que no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social, como también que en caso de reconocer estas percepciones vendrían a admitir la existencia de una ”caja B“ en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido”. Por eso, dijo el tribunal, su testimonio no era creíble.
Testigo de la caja B
El juicio de 'Época I' en 2017 fue el debut judicial de Mariano Rajoy, pero no su última declaración como testigo. En marzo de 2021, y esta vez de manera telemática por la pandemia, Rajoy compareció ante el tribunal que juzgó la reforma de la sede central del partido pagada con dinero negro. Compareció para volver a negar lo que el Tribunal Supremo ya había declarado probado en firme: la existencia de una caja B en Génova 13. “No ha habido 'caja B' del PP, habrá unos papeles de Bárcenas”, dijo ante el tribunal.
Su negación se sumó a la de otros dirigentes del PP como José María Aznar, que negó haber cobrado también sobresueldos en metálico y se desmarcó de su sucesor. “No sé lo que han hecho los demás, ni me importa”, dijo. Como sucedió en el primer gran juicio de Gürtel, la Audiencia Nacional no concedió demasiada relevancia a estas negativas sobre la existencia de la caja B y decidió imponer condenas y considerar al PP como responsable civil subsidiario de los delitos fiscales que cometió su tesorero y que han renunciado a recurrir.
La sentencia fue clara y declaró probado, a pesar de lo dicho por Rajoy, que Luis Bárcenas “gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela -contabilidad B- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”. Por segunda vez, un Mariano Rajoy Brey obligado a decir la verdad firmaba una declaración en sentido diametralmente opuesto al relato de hechos probados de la sentencia.
Un “cocinero” para salvar a Rajoy
En 2014 la brigada política, supuestamente, puso en marcha una operación para proteger a Mariano Rajoy de la enésima réplica del terremoto Gürtel. En este caso, la sospecha era que Luis Bárcenas guardaba bajo llave grabaciones comprometedoras para el presidente del Gobierno y el objetivo era hacerse con el material antes de que viera la luz. Según el juez Manuel García Castellón, que ha mandado el caso a juicio recientemente, el plan puesto en marcha por José Manuel Villarejo incluyó la captación de Sergio Ríos, chófer de la familia del extesorero, quien supuestamente cobró dinero de los fondos reservados para intentar hacerse con la grabación.
El objetivo, según el auto de procedimiento abreviado avalado por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, era conseguir la documentación de Bárcenas y evitar que llegase a manos del juez que investigaba el caso Gürtel. “Las maldades que me han encargado para salvarle el culo al Barbas”, dijo Villarejo en una conversación grabada y aludiendo a Mariano Rajoy, a quien también llamaba “El Asturiano” en otras conversaciones. Ante el juez añadió que habló del asunto personalmente con él por teléfono. El inspector Manuel Morocho relató cómo sus superiores le presionaron para que el nombre del presidente del Gobierno de sus informes.
El instructor decidió que no era necesario escuchar a Rajoy y tampoco averiguar si lo que decía Villarejo era verdad. Su cierre del caso, recurrido sin éxito por la Fiscalía, se centró en la cúpula policial y del Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz como máximo y único responsable político del operativo clandestino. Dejó fuera del futuro juicio, incluso, a la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Recientemente, El País y Fuentes Informadas han revelado conversaciones entre el comisario y la exministra que han llevado a las acusaciones populares de PSOE y Podemos a solicitar la reapertura del caso.
En este pleito, el principal beneficiado de la operación Kitchen no ha tenido que dar explicaciones en sede judicial por el operativo parapolicial financiado con fondos públicos para salvarle de la onda expansiva del caso Gürtel. El mismo caso que terminó por expulsarlo de la Moncloa después de la primera condena de su partido como partícipe a título lucrativo de la actividad corrupta de la trama que campaba a sus anchas por las administraciones públicas de la mano del PP. Kitchen es según los investigadores otra operación de corrupción urdida desde el Ministerio del Interior para tapar la corrupción anterior del PP, pero ni Rajoy ni ninguno de los altos cargos que dirigían el partido van a ser juzgados por ello.
Finalmente es un juzgado de Andorra el que pretende que ofrezca explicaciones, como imputado, por una de las operaciones más conocidas de la brigada política: la bautizada como 'operación Catalunya' para conseguir información comprometedora sobre la familia Pujol y abrir un frente judicial al independentismo. Por el momento, la investigación se encuentra paralizada en los tribunales de Madrid. Es la única investigación de corrupción que puede rozar todavía a Mariano Rajoy.