Mariano Rajoy nunca ha tenido la menor intención de reformar la Constitución. El problema es que ni el Gobierno ni el PP pueden decirlo así. Tras años negándose a abordar los cambios, el Gobierno ha anunciado que se iniciará próximamente el estudio en el Congreso, pero sin dar fecha. El pacto tácito entre el presidente del Gobierno y el de la gestora socialista es retrasar la discusión hasta que haya una nueva dirección en Ferraz, lo que supone esperar hasta un congreso que se celebrará en torno al verano.
Con 38 años de edad, la llamada ley de leyes fue votada en el referéndum de 1978 por los que tenían entonces los 21 años cumplidos. Ahora los que tiene 59 años o más son 11,8 millones de los casi 46 millones y medio que forman el censo actual, lo que supone uno de cada cuatro españoles.
El PP lleva años acogiéndose al “miedo a la precipitación” para justificar el retraso y apela a la necesidad de un consenso previo para lo que llaman, “abrir el melón” de reformar la Carta Magna. La pelea política en materia territorial siempre ha servido de excusa y la mengua de escaños del PP en las últimas elecciones no ha hecho más que acrecentar ese temor.
“Ahora, si el consenso y la búsqueda de concordia guía nuestros trabajos, acertaremos. Acertaremos si lo hacemos con prudencia”, anunció la semana pasada Soraya Sáenz de Santamaría sin dar detalles de cuándo y cómo serán esos trabajos. “No quiero ser confuso, no introduciremos el referéndum”, zanjaba este lunes Francisco Martínez, al frente de la Comisión Constitucional, en el diario Abc con respuestas como “no me consta” a la pregunta de si el PP preparaba una iniciativa y “no hay que tener prisa” a la referente al calendario.
Los socialistas mantienen que una reforma podría solucionar el encaje territorial de Cataluña y avanzar hacia un modelo federal aunque sin referéndum para la independencia. Unidos Podemos, en cambio, ha pasado de reclamar un proceso constituyente y de exigir un blindaje de los derechos sociales al desaliento ante la comprobación de que no tienen fuerza suficiente para llevarla adelante.
“Las reformas constitucionales requieren de una serie de mayorías cualificadas que van a ser difíciles de alcanzar con esta correlación de fuerzas en las Cortes”, defiende Iñigo Errejón. La formación tiene claro que el respeto al derecho a decidir tiene que ser la base de una nueva España plurinacional.
Ciudadanos es el único que aspira a una recentralización del país y a un blindaje de las competencias estatales. El resto de reclamaciones pasa por eliminar el Senado, eliminar los aforamientos y reformar la Ley Electoral, entre otros cambios.