La política tiene mucho de emociones. Durante muchos lustros apelar a la emoción identitaria española frente a la catalana llenó de votos las urnas del PP. Pero ahora parece que eso ya no funciona como antes: las últimas elecciones catalanas han elevado a Ciudadanos a campeón de las elecciones del 21D y a acelerar en las encuestas hasta el 20%.
Si las emociones vinculadas a las banderas ya no le son tan rentables al PP, cuyo Gobierno se ha fiado a la gestión supuestamente tecnocrática del relato de la recuperación económica, ahora es el turno de otras emociones: en este caso, la prisión permanente revisable.
Fuentes del PP admiten las dificultades para desembarazarse del bucle catalán con un Ejecutivo centrado en temas técnicos. Rajoy pidió a la vuelta de vacaciones de Navidad que tanto el partido como el Gobierno se pusieran a trabajar, y responder a las criticas internas de los barones del partido que piden un consejo de ministros más político ante el ascenso de Ciudadanos tras las elecciones autonómicas catalanas.
Sobre la mesa, Rajoy y los suyos tienen el CIS de este lunes; las principales estrategias políticas que está desarrollando el PP, apelando a las emociones del electorado conservador: la prisión permanente revisable y la guerra de banderas por Catalunya –además de unos datos macroeconómicos que no parece estar capitalizando–. Y poner en marcha al partido, agitar a la militancia, con vistas al calendario que se avecina: andaluzas, municipales, autonómicas, europeas y generales.
Mientras el partido ha dado pasos con convenciones y actos para tratar de conectar con los ciudadanos, el Ejecutivo ha tardado más en reaccionar. Este miércoles, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios anunciaba que llevaban cinco Anteproyectos de Ley con temas que van desde la Prisión Permanente Revisable a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Tres días antes, el pasado domingo en Córdoba, el Gobierno y el PP organizaron una convención sobre la prisión permanente revisable a la que invitaron a víctimas de delitos violentos. Allí, el Ejecutivo anunció su pretensión de aumentar en tres supuestos los delitos penados con esta figura, recurrida ante el Tribunal Constitucional y a la vez que el Congreso tramita una propuesta de ley del PNV para derogarla.
Tres años después de su entrada en vigor, este endurecimiento de las penas cuenta con el rechazo de toda la oposición–con la salvedad de Ciudadanos, que no termina de decantarse– y de asociaciones de jueces.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, calificó esta medida de “contraria a la Constitución” por ser incompatible con el derecho a la reinserción social y la reeducación del penado, recogidos en el artículo 25 de la Constitución.
Si bien en el imaginario colectivo “prisión permanente revisable” se asocia a “cadena perpetua”, el PP se ha esforzado desde la aprobación de la reforma del Código Penal –vigente desde 2015, cuando la formación contaba con mayoría absoluta– en discutirlo, a pesar de que es una crítica recurrente de los partidos de la oposición y juristas. En el acto de este domingo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió que la medida no intenta “promover ninguna forma de cadena perpetua” sino “proteger” a la sociedad. Y dijo a quienes buscan derogar esta pena que “están en su derecho”, pero recalcó que “el dolor” de las víctimas y sus familias “por desgracia no es revisable”.
Ese acto de Rajoy en Córdoba con algunos familiares de víctimas provocó fuertes críticas de la oposición. Desde el PSOE, que están a favor de la derogación de la prisión permanente revisable, se acusó al PP de “utilizar a los muertos”. Por su parte, Ciudadanos se mantiene en la abstención, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
“Es un eufemismo, digamos no el más inteligente, puesto que no existe prisión intermitente y por tanto no existe la permanente”, argumantaba el catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico: “Se trata de una prisión hasta el día de la muerte de una persona que, en virtud de que un organismo judicial pueda entender que como mínimo veinticinco o treinta y cinco años después de la comisión del delito el sujeto ya no muestra perfil de peligrosidad, lo pueda soltar. No es análogo, es que es la cadena perpetua”.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha manifestado al respecto en una entrevista en El Objetivo (La Sexta). Iglesias ha asegurado comprender que “las familias de las víctimas de asesinatos espantosos” puedan desear que “asesinos sin escrúpulos” paguen “con dureza” por sus actos, pero ha mostrado su “desprecio” por que “algunos que saben de Derecho utilicen un asunto como ese en clave electoral”.
Pero Rajoy y los suyos se mueven entre la preocupación y la incapacidad por la falta de respuesta ante el reto que supone que por primera vez haya una formación política para arrebatar el espacio político del centroderecha. Hasta tal punto existe preocupación, que Rajoy anunció de urgencia, 24 horas después de conocerse el CIS, una reunión el próximo lunes con sus barones. Y se buscan las fórmulas para responder al desafío de Ciudadanos, cuando hay encuestas que lo sitúan por delante de la formación conservadora en un año en el que el partido se enfrenta a los principales juicios por corrupción de la Gürtel.
Y esas fórmulas, de momento, pasan apelar a lo primario en política, las emociones, para reconectar con un electorado que, según las encuestas, mengua mes a mes.