Como ganador de las elecciones, Mariano Rajoy toma estos días la iniciativa por primera vez desde diciembre. Tras declinar el ofrecimiento del rey para ser investido, esta vez los 52 escaños de ventaja que le lleva al PSOE le obligan a liderar la formación de un gobierno y a entablar los primeros contactos con los diferentes líderes políticos. Así lo confirmó el pasado lunes, cuando analizó los resultados ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP. Su primera llamada, anunció, será a Pedro Sánchez como responsable del segundo partido en número de votos.
Aunque Rajoy, poco antes de cerrar la campaña, dio a entender que podría volver a declinar el ofrecimiento del rey “porque a una investidura se va a ser investido”, días después aclaró que sí está dispuesto esta vez. Su intención es, según aseguró desde Bruselas este miércoles, intentar formar un gobierno “sin prisa, pero sin pausa”. Un Ejecutivo que reúna al PP y al PSOE sigue siendo la fórmula preferida para el líder del PP, igual que en las elecciones del 20 de diciembre. Ciudadanos también está invitado si quiere, ya que el interés de Rajoy es contar durante los próximos cuatro años con la mayor estabilidad parlamentaria posible.
Como prueba de la desconfianza que siente hacia Rajoy, Sánchez ni siquiera se cree que vaya a ponerse en contacto con él en primer lugar. A pesar de que el presidente ha insistido en que llamará al líder socialista nada más volver de Bruselas, en Ferraz se inclinan por que primero contactará con Albert Rivera dada su “afinidad ideológica”. Fuentes del entorno del secretario general están seguros de que “llamará primero a otros partidos”. Aun así, cuando le toque el turno, todo el mensaje del socialista consistirá en invitarlo a que logre “el apoyo de la derecha parlamentaria”.
La prioridad de Rajoy sigue siendo la misma que el 20D, es decir, gobernar con los socialistas para compartir un Ejecutivo de amplio respaldo parlamentario que permita sacar adelante leyes por parte de más de la mitad de la Cámara. Sólo en el caso de que Sánchez vuelva a negarse y ni siquiera se preste a la abstención, como aseguran en el PSOE, pasará al plan B de buscar el pacto con PNV y Coalición Canaria, siempre que cuente también con el sí de Rivera. “Habrá que gobernar”, concedió Rajoy, consciente de la dificultad que supone hacerlo en minoría porque obliga a negociar cada iniciativa.
La dirección del PSOE está convencida de que ese pacto le saldrá bien a Rajoy porque contará con Ciudadanos y es muy probable que también pueda atraerse a los nacionalistas vascos (cinco diputados) y a la diputada de Coalición Canaria. Aun así, esa suma sería insuficiente para la mayoría simple necesaria en la segunda votación de la investidura. Además, en las filas socialistas dan por hecho que en ese caso, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, se abstendría para desempatar el resultado y permitir que Rajoy salga investido. Esa es la vía que prefieren los socialistas porque lograrían, así, eliminar la presión sobre su posible abstención y el castigo, que esa hipotética solución para garantizar la gobernabilidad podría acarrearles.
En el PSOE se quejan de que toda la presión recaiga sobre ellos: “Nadie le dijo a Rajoy que se abstuviera en la investidura de Pedro”, señalan en el entorno del secretario general. En las filas socialistas intentan lanzar balones fuera para que el “foco” se ponga sobre el PP y sus negociaciones. No obstante, la postura de los socialistas –si el plan de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y la abstención del diputado de Nueva Canarias no cuaja– lleva de nuevo a un bloqueo institucional.
Los barones han advertido de que el peor escenario sería ir unas terceras elecciones. “Entonces Rajoy consigue 160 escaños”, avisan.
Por eso, en algunos sectores del PSOE abren la puerta a la abstención, aunque consideran que Rajoy primero tiene que hacer su trabajo y reunirse con “la derecha”, en alusión a Ciudadanos –partido con el que alcanzó un acuerdo de investidura en febrero– y los nacionalistas. En Ferraz niegan una y otra vez que la vía de la abstención sea posible. Además, están convencidos de que ningún dirigente actual se atreverá a defender esa postura en el Comité Federal del 9 de julio.
Ese enrocamiento choca con el posicionamiento que defendieron durante la campaña, enunciado con claridad por Jordi Sevilla: para evitar unos nuevos comicios, las fuerzas políticas deberían respetar al que más escaños aglutinara. No obstante, el PSOE –que solo fue capaz de pactar con Ciudadanos por su rechazo a Podemos por el referéndum en Cataluña– no sumaría ahora con Rivera más diputados que los que el PP tiene en solitario. Sánchez dijo que miraría a “izquierda y derecha” tras el 26J para intentar formar Gobierno y en ningún momento la dirección del PSOE ha descartado la vía del 188 -PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos- en caso de que Rajoy fracase. No obstante, los barones han dejado claro que los ciudadanos han situado al PSOE en la “oposición”, como tuvo que reconocer la Ejecutiva este lunes.
Consulta a la militancia socialista
Una posibilidad que tiene Sánchez de sacudirse la presión es plantear una consulta a la militancia sobre la hipotética abstención para permitir el Gobierno de Rajoy, según ha publicado La Razón. Sin embargo, en Ferraz niegan la mayor. “No va a haber una consulta. Pedro defendió en campaña que no sometería un acuerdo externo a los militantes”, señalan fuentes de su entorno. “Ni se va a plantear”, zanjan fuentes de la Ejecutiva del PSOE. En el sector crítico no descartan que Sánchez baraje esa posibilidad, detrás de la que ven una “maniobra” con “fines orgánicos”, es decir, de poder interno.
Pese a los reparos del PSOE, el líder del PP está dispuesto a discutir y “ser generoso”, según sus palabras. En estas conversaciones, entraría una reforma constitucional a la que los conservadores siempre se han resistido con el argumento de que hay que tener muy claro el objetivo antes de abordarla. La reforma de la Carta Magna se uniría a los cinco objetivos que se tradujeron en ofertas de pactos de Estado durante las negociaciones posteriores al 20D.
El presidente en funciones mantiene que las “grandes cuestiones nacionales” como la unidad de España, la mejora de servicios esenciales como la educación y la sanidad, el impulso a la recuperación económica y la lucha contra el terrorismo islamista unen a los llamados partidos constitucionalistas y que a partir de esos puntos en común puede empezar a negociar un acuerdo que dure los próximos cuatro años.