El rastro de cinco protagonistas de la Kitchen conduce hasta Mariano Rajoy

Pedro Águeda

12 de diciembre de 2021 23:04 h

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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tiene este lunes la oportunidad de responder en el Congreso de los Diputados las preguntas que el juez Manuel García Castellón no le ha querido hacer sobre la operación Kitchen. Rajoy, estos días de promoción de su libro, ha adelantado que responderá a los portavoces de los grupos parlamentarios, pero advirtiendo que desconoció por completo la operación para sabotear la mayor causa de corrupción del PP. Las maniobras policiales se orquestaron en el más alto nivel del Ministerio del Interior para beneficiar al partido que él lideraba mientras era presidente del Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Sala de lo Penal el cierre de la investigación decretado por el juez a finales de julio pidiendo que se ahonde en los indicios que existen contra Rajoy. Esas pistas que apuntan al expresidente del Gobierno se concentran en un grupo de personas que rodean a Rajoy y que forman un círculo que puede ser reversible: o le aíslan, o le señalan.

José Manuel Villarejo Pérez. El comisario ha señalado a Rajoy como conocedor de la operación presuntamente ilegal, ha declarado que se interesó por ella puntualmente y que la fomentó. Pero no ha aportado pruebas de ello. O al menos, no las pruebas suficientes. Anticorrupción denuncia en su escrito que el juez instructor no haya querido investigar si el número de teléfono móvil facilitado por el comisario, y con el que supuestamente conectó para informar a Rajoy de los avances del espionaje a Luis Bárcenas, pudo estar entonces en poder del entonces presidente del Gobierno y del Partido Popular.

Por otra parte, están las continuas menciones de Villarejo y los miembros de su banda a “El Asturiano” y “El Barbas”, calificativos con los que se referían a Rajoy, según pudo acreditar la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y confirmó el comisario José Luis Olivera, procesado en el caso Kitchen, durante su comparecencia ante la comisión.

En ese informe policial de 2018 se analizan algunas afirmaciones recogidas en las grabaciones incautadas a Villarejo que aluden a Rajoy. En la siguiente conversación, el comisario habla con el también procesado Enrique García Castaño: “En el 2012 cuando el tema de Ignacio González, que me dijo el Cosidó, me das la información y no sé qué y lo mandé a cagar y tal y cual, le dije a Pino, digo trasmítele que le monto un chocho a todos que se cagan. Y por la tarde me llamó y no que ha habido un error, que tal y que cual, me llamó la Cospe, joder no delates a nadie, que tal.... Y yo ¿Cómo que no? Os busco la ruina a todos y al primero al ”barbas“, a tomar por culo”.

Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía reprocha al juez García Castellón que no quiera ahondar en la línea que apunta más allá del Ministerio del Interior en Kitchen, ya sea en dirección al Palacio de La Moncloa o la sede central del PP. “Lo que parece es que no se quiere dar, hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”, escriben los fiscales en su recurso.

Así las cosas, la X de Kitchen hasta el momento es Jorge Fernández Díaz, el ministro del Gobierno de Rajoy que formaba un núcleo de amigos íntimos del presidente y que, según la tesis del juez, habría actuado por su cuenta, sin ni siquiera informar al que además era su superior.

Hace tiempo que Fernández Díaz no habla de su amistad con Mariano Rajoy, pero algunos indicios apuntan a un posible agrietamiento de la misma. Por ejemplo, el escrito con el que Fernández Díaz recurre su procesamiento y que señala al Partido Popular como el origen de una posible operación Kitchen ­-el exministro insiste en que él tampoco la conocía- porque es en Génova donde estaban los principales perjudicados por los ‘papeles de Bárcenas’.

Lo que no dice el exministro, pero es de común conocimiento, es que en esos papeles aparece como perceptor de dinero negro de los empresarios Mariano Rajoy, quien, como el resto de los que pudieron cobrar sobresueldos, no resultó imputado porque el posible delito fiscal estaría prescrito. Ante la comisión de investigación, Fernández Díaz insistió en su tesis: “En la historia ha habido casos, sabe Dios que no acuso a nadie, en absoluto, pero en otras épocas hubo el caso GAL o el caso Faisán, que eran asuntos del Ministerio del Interior, pero este no era un caso que pudiera decirse que había nacido en el Ministerio del Interior, porque el señor Bárcenas no es el tesorero del Ministerio del Interior”.

Francisco Martínez. El contenido del móvil del que fue secretario de Estado de Seguridad dio un vuelco al caso. Desde ese teléfono, Martínez escribió un mensaje a Silverio Nieto, fontanero de la Conferencia Episcopal y persona del círculo de influencia del Ministerio del Interior durante el último mandato del PP. Nieto reenvió ese mensaje a su último destinatario, el comisario Enrique García Castaño, y éste, ante las insistentes preguntas de la Fiscalía, terminó por entregárselo al juez.

En enero de 2020, Martínez escribió a Nieto: “La defensa mañana exige entregar en el juzgado las actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a lo largo de 2013 y 2014 con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos ”operativos policiales“ de las que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conllevarán la citación de Jorge [Fernández Díaz] y probablemente de [Mariano] Rajoy”.

En otro mensaje, enviado el 5 de junio de 2019, Martínez se dirige al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, escribió el ex secretario de Estado de Seguridad. En ese momento ya había sido publicado que el juez Manuel García-Castellón le iba a citar como imputado en el caso Kitchen.

Cuando finalmente fue llamado a declarar, Martínez evitó en todo momento establecer responsabilidades de sus superiores y negó haber coordinado el operativo parapolicial, como señalan por el contrario otros investigados. Al declarar ante la comisión de investigación, Martínez volvió a retractarse: “En un momento en el que yo estaba roto se dicen cosas así de un amigo, de un familiar…”

María Dolores de Cospedal. Anticorrupción hace una demoledora descripción de la actitud del juez García Castellón respecto la ex número dos del PP. Recuerda que, “inexplicablemente”, no le preguntó a Martínez en su declaración por las afirmaciones en la que decía que ella conocía todo el operativo. También reprocha al juez la “clamorosa preterición de aquellas fuentes documentales que reflejan su participación [en referencia a Cospedal] de un manera directa y material en Kitchen”.

Así las cosas resta la decisión de la Sala de lo Penal sobre la dirigente del PP que se reunió al menos ocho veces con Villarejo, según confesó su jefe de Gabinete, en unos encuentros que el magistrado calificó como de “sociales” en su auto. Y si Cospedal participó “de manera directa y material en Kitchen”, ¿también lo hizo sin informar al presidente del partido del que ella era secretaria general?

El marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, también fue imputado y después exculpado por García Castellón. En una conversación que obra en el sumario le confirma a Villarejo que Cospedal ha informado a Rajoy del encuentro con el comisario y que el presidente del PP ha dado su visto bueno. En esa conversación el comisario pide que al menos se le paguen “los gastos”, se entiende que por los “trabajos puntuales” que en pleno caso Gürtel le encargaron Cospedal y López del Hierro en otra conversación grabada, publicada y posteriormente incorporada también al sumario. En una anotación del diario de Villarejo, aparecen unos supuestos pagos del jefe de gabinete de Cospedal, 150.000 euros, que habría abonado la secretaria general al policía en activo.

Javier Iglesias. En el informe de Asuntos Internos en el que se identifica al Barbas o el Asturiano con Rajoy se dice que El Largo, para Villarejo y sus cómplices, es el abogado Javier Iglesias Redondo, habitual en oscuras maniobras que tienen al PP y a los tribunales como protagonistas [leer aquí]. Y añaden los investigadores de lo que escuchan en las grabaciones: “Se colige que en realidad se trataría de una operación [Kitchen] encaminada a la localización de documentos y archivos comprometedores con dirigentes del Partido Popular, la cual habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano y El Largo) sin que exista constancia hasta el momento de que el material incautado haya sido obtenido en el procedimiento judicial”. 

En varias grabaciones de Villarejo, el comisario y sus interlocutores identifican a El Largo como su contacto con Mariano Rajoy cuando éste era presidente del Gobierno. En una reunión entre Villarejo y varios de sus colaboradores, el empresario Alberto Pedraza, afincado en Andorra, afirma: “Le ha dicho el presidente al ministro: Oye, Rafael [Catalá], me gustaría una Audiencia Nacional nueva. Utiliza a Javier [Iglesias] que él lleva treinta años trabajando ahí y que te diga cómo lo haríamos”.

La otra persona que habría informado a Villarejo a Mariano Rajoy es el presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, Mauricio Casals, según declaró en la Audiencia Nacional y ante la comisión de investigación del Congreso el comisario Enrique García Castaño. “Villarejo, en el conjunto de todos los asuntos en que participaba, siempre hacía llegar las informaciones que tenía al presidente del Gobierno a través de un intermediario”, señaló García Castaño. Ese “contacto fundamental” era Mauricio Casals, añadió el policía. Ante la comisión de investigación, Villarejo aseguró que Casals era uno de sus intermediarios con el entonces presidente del Gobierno.