Fueron dos de los hombres más poderosos del Partido Popular y del Estado a finales de los 90 y principios de la década del 2000, aunque 20 años después, tras pasar por prisión provisional e inmersos ambos en juicios por distintos casos de corrupción vinculados a esa época, nadie en el PP parece conocer a Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana. Ningún dirigente de la cúpula actual –ni cualquier otro cargo– ha hecho mención a ellos en los últimos días pese a que esta semana ambos han declarado desde el banquillo de los acusados. Ni siquiera han recibido el respaldo de José María Aznar, que fue quien les aupó y mantuvo como sus hombres de máxima confianza en el partido y el Gobierno.
Mientras sus antiguos colaboradores luchan con la Justicia, Aznar se ha profesionalizado como conferenciante internacional y se presenta como referente en los foros más ultraliberales de España y Latinoamérica. El aún presidente de la Fundación FAES se ha consolidado como representante del ala más derechista del PP. Y es habitual que siente cátedra en cada una de sus intervenciones públicas, hable de honestidad o ejemplaridad, lance mensajes alarmistas contra el Ejecutivo progresista con graves acusaciones al mismo estilo de Vox e intente orientar desde su posición la estrategia de la dirección de su partido, ahora en manos de Alberto Núñez Feijóo.
Aznar fue presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, ocho años en los que mantuvo como uno de los puntales de su Ejecutivo a Rodrigo Rato, vicepresidente y principal estratega de su política económica. Durante mucho tiempo, incluso cuando ya se conocieron los primeros indicios sobre sus actividades presuntamente ilícitas, en los círculos de la derecha se le consideró un gurú y el artífice del crecimiento económico que vivió España esos años, algo que desde esos mismos sectores llegaron a calificar como un “milagro”. En ese mismo periodo Eduardo Zaplana fue president de la Comunitat Valenciana (hasta 2002) y, después, ministro de Trabajo del Gobierno de Aznar y portavoz del mismo entre septiembre de 2003 y abril de 2004.
Mientras Aznar trata de dar lecciones en todos los foros a los que le invitan, los caminos de dos de sus principales colaboradores durante años, Rato y Zaplana, se han topado de bruces con el pasado. Ambos han sido procesados por casos de corrupción vinculados a sus etapas como servidores públicos, han pasado por la cárcel y sobre ellos pesan graves acusaciones.
El tercer juicio de Rato
Rato se enfrenta a más de 70 años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Es la tercera vez que se sienta en el banquillo en menos de una década: ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia. Ahora se le juzga por una actividad que se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente del Gobierno, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y también cuando tocó la campana que anunció la ruinosa pero legal salida a bolsa de Bankia. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales y otros de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Durante las sesiones del juicio celebradas esta semana el exvicepresidente rechazó contestar a las preguntas de la fiscal anticorrupción, a la que acusó de haber montado una “fabulación”. También cargó contra los funcionarios que han investigado su ingente patrimonio. “No sé de dónde sale esta gente”, “es indignante” o “nos toman por tontos” fueron los descalificativos con los que se dirigió el miércoles a los técnicos de Hacienda y al abogado del Estado que ejerce la acusación en esta causa.
Un día después, el jueves, Rato volvió a cargar contra la Fiscalía Anticorrupción, a la que acusó de utilizar “prácticas inquisitoriales” y promover una “ficción impresentable”. Pero en los primeros momentos del interrogatorio de su abogada, María Massó, el exvicepresidente sí reconoció que se había “equivocado” al acogerse a la amnistía fiscal que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy. Lo hizo para tratar de regularizar bienes y rentas que habían escapado del control de Hacienda. Y fue precisamente ese movimiento el que acabó dando lugar a la investigación sobre su patrimonio objeto del juicio.
Anticorrupción sostiene que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”. Además, la Fiscalía defiende que todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de “mecánicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos.
Todo en contra de Zaplana
En cuanto a Zaplana, el expresident valenciano se sienta desde finales de marzo en el banquillo de los acusados tras dos aplazamientos del juicio –por la enfermedad de su abogado– por el llamado 'caso Erial'. En base a las investigaciones policiales, Anticorrupción le sitúa al frente de una trama que se dedicaba al cobro de comisiones por las concesiones de licencias de ITV y de parques eólicos durante su etapa en la Generalitat valenciana. El Ministerio Público pide para él 19 años de prisión y una multa de 40 millones de euros por blanqueo, cohecho, pertenencia a organización criminal, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil. Las presuntas comisiones de la trama ascienden a 20,6 millones de euros.
El martes fue la primera sesión de su declaración. En ella, Zaplana negó toda implicación en la trama apuntado al blanqueador de la trama, el abogado uruguayo Fernando Belhot. “Es una persona muy conocida en Madrid que hasta donde yo sé se dedicaba a los negocios”, dijo el también exministro de Aznar. Zaplana reconoció una “relación amplia” con el blanqueador, uno de los principales testigos de la causa que entregó al juzgado de instrucción casi siete millones de euros adjudicados al expresidente de la Generalitat Valenciana. Pero este último se limitó a asegurar que Belhot le propuso “alguna operación económica” que “nunca ha fructificado”.
El exministro también negó que conociera a Marcos Benavent, el autodenominado 'yonqui del dinero' que fue precisamente a quien se le intervino la documentación que permitió tirar del hilo del 'caso Erial' y localizar en el extranjero un presunto botín de Zaplana. El fiscal, Pablo Ponce, le preguntó específicamente si había hablado con Benavent “recientemente” y Zaplana lo negó. Además, explicó que en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se refieren a él como “jefe” como un apelativo común dada su trayectoria política como alcalde de Benidorm, primero, presidente de la Generalitat Valencia, después, y ministro. “Es un apelativo con el que, para mi desgracia, se dirige muchísima gente, incluso en la actualidad, y mire que mi situación es desgraciada”, dijo.
Pese a la declaración de inocencia de Zaplana, solo un día después de que pronunciara esas palabras, el miércoles, declaraba en el juicio el testaferro confeso de la trama, Joaquín Barceló, 'Pachano', que es amigo de la infancia del expresident. Pese a la relación, este acusó directamente a Zaplana y dijo que todo el dinero que las autoridades han encontrado en paraísos fiscales es del también exministro. Barceló explicó que el exdirigente del PP le pidió que hiciera de testaferro en empresas de Luxemburgo para custodiar un “dinero que no esperaba de una operación en la que prácticamente no había participado”. Se trataba, tal como descubrió más tarde, de dinero que provenía de la adjudicación de las ITV.
Varios de los acusados han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, una alianza letal en términos jurídicos para la defensa de Zaplana ya que puede propiciar su condena.
Las lecciones de Aznar
Mientras Rato y Zaplana se enfrentan a graves acusaciones y declaran en los juzgados Aznar prosigue con su prolija actividad como conferenciante. En los últimos años –sobre todo tras su rehabilitación como estratega por parte de Pablo Casado cuando este llegó a la presidencia del PP, en 2018–, el expresidente se consolidado como uno de los referentes de la derecha más radical desde FAES y otras organizaciones ultraliberales. Sus palabras las tiene siempre muy en cuenta la dirección del PP, que recuerda que es el padre político de dirigentes con una importante influencia en Feijóo como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el jefe de Gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez, que llegó a ser el portavoz de uno de los gobiernos del expresidente 'popular'.
La pasada semana, Aznar trató de marcar el posicionamiento del PP en torno a la invasión de Gaza. “A los que se refieren a la creación de un Estado palestino, ¿a qué se refieren con un Estado palestino? Eso no existe. Eso es absurdo”, dijo, el día 4. Días después Feijóo sí se abrió al reconocimiento de Palestina aunque Génova no cree que el actual sea el momento adecuado pese a la masacre en Gaza por parte de Israel que ya ha provocado más de 30.000 fallecidos.
Obviando la situación procesal de quienes fueron sus más estrechos colaboradores, Aznar no tiene tapujos a la hora de hablar de honestidad o ejemplaridad en la política española. Hace apenas un mes afirmó que el actual es “el momento de mayor crisis en España desde el comienzo de la democracia”. “Nunca he conocido ningún gobierno que haya puesto su destino y futuro en las manos de quien quiere destruir este país, excepto este”, añadió. Se trata de una tesis repetida por la dirección del PP y también por Vox.
Pese a las graves acusaciones que pesan sobre Rodrigo Rato, su principal estratega económico, al que ascendió a ministro y vicepresidente, Aznar también sigue dando lecciones sobre economía. “Uno de los problemas de España es que solo tenemos un Botín y lo que necesitamos es por lo menos 15. No se está facilitando porque el país está a otras cosas”, dijo a finales de febrero. Es más, sin mencionarlo, defendió uno de los principales pilares de la gestión de Rato: la privatización de empresas públicas que ya inició antes el socialista Felipe González. En opinión de Aznar, “el gran salto económico en España en términos de prosperidad se dio con la liberalización y la desregulación” y “ahí es donde España tiene que estar”.