El caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vivido otra sucesión de jornadas convulsas. Las últimas reuniones han acrecentado los recelos y las desconfianzas entre los vocales, que arrastran el desgaste de cuatro años de situación de interinidad por el bloqueo a la renovación impuesto por el PP desde 2018. La semana empezó con la expectativa de una renuncia en bloque del sector progresista —finalmente frustrada— y acabó con la resaca de un pleno marcado, de nuevo, por la división entre sus vocales. Principalmente, en torno a la dimisión de Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU, la única consejera que ha dado pasos en firme para renunciar ante la “insostenible” situación del órgano.
La aceptación o no por parte del presidente de esa renuncia —una potestad que le atribuye la ley— centró parte de este último pleno, celebrado este jueves. Es una decisión que Rafael Mozo tomó finalmente el viernes. Admitió su renuncia tal y como se daba por hecho que lo haría por mucho que vocales de ambas sensibilidades cuestionaran su aceptación en el pleno. Un movimiento tras el que algunas voces ven un intento de taponar posibles nuevas salidas que, en todo caso, no se esperan en este momento. El debate fue “pausado” en las formas pero contundente en el fondo, coinciden varias fuentes consultadas por elDiario.es.
En su carta de renuncia, la vocal Sáez afirmaba que había decidido marcharse al entender “inútil” su continuidad en un escenario de “radical y puede que ya irreversible degradación de la institución”. Y explicaba que la “incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias” del órgano “al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones” [en alusión a la pretensión de algunos vocales de pedir la derogación de la ley que le impide nombrar jueces] había terminado por agotar su “paciencia”.
Ante el resto de vocales, los consejeros Enrique Lucas (elegido a propuesta del PNV y al que se suele ubicar en el ala progresista) y José María Macías (designado a iniciativa del PP) subrayaron que no veían justificadas las razones esgrimidas por Sáez. Deslizaron que el razonamiento que subyace tras su renuncia es “de carácter político” y que no encaja en los supuestos que establece la ley del Poder Judicial. Esa norma recoge que los vocales “sólo” cesarán de sus cargos por el transcurso de los cinco años para los que fueron nombrados, por “renuncia aceptada” por el presidente o por incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciadas por los tres quintos del pleno.
En una línea similar también se expresaron los conservadores Wenceslao Olea y Vicente Guilarte. Este último llegó a afear a Sáez ciertos “adjetivos desagradables” de su carta de renuncia. Sólo el progresista Álvaro Cuesta ensalzó su movimiento, aunque no desveló si seguirá sus pasos tras fracasar su propuesta de dimisión en grupo del bloque progresista como vía para forzar la renovación que el PP bloquea desde hace más de cuatro años.
De hecho, el orden del día incluía un punto sobre el “análisis” de la “situación actual” del órgano sobre el que se pasó de puntillas. La progresista Roser Bach preguntó por ese asunto y el presidente consideró que el asunto había quedado zanjado al tratar la renuncia de la vocal elegida a propuesta de IU. Era lo que se esperaba después de que, el pasado martes, el grupo progresista rechazara una dimisión colectiva. Ese encuentro dejó claro que la tesis mayoritaria entre los vocales designados a iniciativa del PSOE y PNV es que una renuncia en grupo no forzaría la renovación en un momento político complejo, con varias citas electorales por delante. Y que su continuidad es necesaria por “responsabilidad” y para no dejar el órgano en manos, únicamente, de la derecha judicial.
Fue una reunión interna “tensa” que reveló las discrepancias dentro del grupo progresista y, sobre todo, dio cuenta del malestar con Cuesta por parte de varios de sus compañeros de bloque. Le afearon que hubiera abonado la expectativa de una renuncia en bloque sin consultárselo previamente y poniéndoles en una situación comprometida, en un movimiento que algunos definieron como “de cara a la galería”. Desde el bloque conservador —que no se plantea dimisiones a pesar de que el órgano lleva más de cuatro años en funciones— hay quien califica de “ridículo espantoso” el paso dado por el exdiputado socialista. “Si para algo ha servido esto es para que no vuelva a haber runrún de dimisiones”, dice un vocal elegido a propuesta del PP.
Los choques en el bloque conservador
El bloque conservador está cohesionado en torno al rechazo a posibles dimisiones, aunque no en relación a otros asuntos. Y eso es algo que se viene evidenciando en los últimos meses y que volvió a quedar claro en el pleno de este jueves, según las fuentes consultadas. José María Macías, hombre fuerte de la derecha en el CGPJ, puso en cuestión la actuación de la también conservadora Nuria Díaz en relación al nuevo documento enviado a la Comisión Europea para la elaboración de su informe anual sobre el Estado de derecho. Díaz forma parte de la comisión permanente, el núcleo duro del órgano, y se encarga especialmente de los asuntos internacionales.
Este vocal lamentó que la comisión permanente, el núcleo duro del órgano del que forma parte Díaz y otros seis vocales, hubiera remitido esas respuestas sin que hubiera habido un “debate previo” en el pleno de la institución. De hecho, Macías y los vocales María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart han remitido por su cuenta a la Comisión Europea otro escrito de 170 páginas en el que hacen hincapié en los “ataques” de miembros del Gobierno contra jueces.
Es el mismo grupo que lideró durante el pasado otoño el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías a una progresista o que buscó un nuevo choque con el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición. Sus últimos movimientos están relacionados con la ley del 'solo sí es sí'. Es una estrategia de la que se han apartado los también conservadores Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y la citada Nuria Díaz, que han dado muestras de forma reciente de su apuesta por mantener una imagen más institucional y rechazar el choque directo con el Gobierno.
Se da la circunstancia de que los tres pertenecen a la comisión permanente, cuyos miembros cobran más de 120.000 euros anuales por su dedicación exclusiva y tienen a su disposición un coche oficial. El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial y reciben dietas por asistir a los plenos o a las comisiones, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente.
El distanciamiento en el bloque conservador se ha evidenciado también en otros temas, como el debate en torno a la declaración institucional sobre los problemas que la parálisis del órgano está provocando en la cúpula judicial. De hecho, no se llegó a aprobar ningún texto al respecto por el choque entre vocales. Fernández, Martínez Moya y Díaz suscribieron junto a vocales progresistas una propuesta muy criticada por este núcleo duro de los conservadores. En un voto particular, la calificaron de “inútil”, “decepcionante” e “insuficiente” y dijeron que suponía adoptar una “actitud complaciente” con quienes “socavan los fundamentos del Estado de derecho”, en alusión a los partidos que promovieron la reforma que impide al CGPJ en funciones renovar la cúpula judicial.
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