La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha rechazado la petición del denunciante del caso del 8-M de investigar al director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, porque el procedimiento que ella instruye no se dirige contra el epidemiólogo sino exclusivamente contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
La magistrada dice al abogado que presentó la denuncia que hay al menos otros dos juzgados de Madrid donde se han presentado acciones contra Simón, según Rodríguez-Medel ha comprobado en la aplicación informática, y que serán éstos los que deberán pronunciarse acerca de las acusaciones por lo que deberá, “en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales”.
Igualmente la magistrada rechaza ampliar la denuncia contra varios funcionarios de la Delegación del Gobierno, como también pretendía el denunciante, a los que atribuía indiciariamente una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades. En este caso, la magistada sí entra a valorar el escrito del denunciante y concluye: “No hay indicios de que hayan cometido los delitos denunciados”, escribe la magistrada en su providencia.
La jueza cita además a siete testigos para el próximo 11 de junio, todo ellos convocantes de actos en los días cercanos a la manifestación del 8 de marzo y que fueron interrogados por la Guardia Civil para redactar su informe. Entre ellos figura el sindicalista de CGT que niega haber dicho a los agentes que suprimieron su protesta por el riesgo de pandemia, como plasma el informe del instituto armado.
La jueza rechaza varias pretensiones para ejercer la acusación popular por no reunir los requisitos para ello, pero acepta la de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, a quien impone una fianza de 1.000 euros. Con indepedencia de su personación en esta causa, esta asociación tiene presentada una querella en los juzgados de Madrid en la que también señala a Simón y a otros responsables ministeriales, nunca de gobiernos autonómicos, y en la misma pide que declaren, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.