El juez Diego de Egea ha decidido dejar en libertad a Tamara G. C., detenida el pasado martes acusada de coordinar las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR). El juez no le imputa por terrorismo y rebelión, los delitos por los que fue detenida, y se limita a acusarla de un delito de desórdenes públicos, según han informado fuentes jurídicas. El tribunal no ha tomado aún una decisión sobre su competencia para ocuparse de este caso a la espera de tomar declaración a otro investigado, aún huido. El abogado de la acusada, Sergi Atienza, ha celebrado que el juez no haya comprado los argumentos de la Fiscalía.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha insistido en que Tamara, a la que acusa de coordinar y dirigir los “sabotajes” de los CDR, debía ser acusada de un delito “con finalidad” de rebelión, sin descartar otros posibles delitos. Además, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha pedido durante la vista que fuese enviada a prisión incondicional.
El juez, sin embargo, la ha dejado en libertad con medidas cautelares. Debe comparecer todos los lunes en el juzgado de guardia y no podrá salir del municipio de residencia salvo para acudir al trabajo si este estuviera fuera de dicha localidad. Además, necesitará autorización judicial para realizar cualquier salida de su término municipal, tiene prohibición de salida del territorio nacional y debe facilitar su domicilio y teléfono.
Según ha argumentado la Fiscalía durante la comparecencia, esta activista -que se ha negado a declarar y solo ha contestado a su abogado- habría formado parte “de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos -los CDR-, con actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado”. Esos grupos, sostiene la Fiscalía han trasladando a la calle “con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán” que ya se investiga en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, “como una clara una amenaza directa al orden constitucional establecido”.
El fiscal, en atención a esas acusaciones, ve riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas, por lo que ha pedido la prisión incondicional, a la que finalmente no ha accedido el juez.
Si se confirma que Tamara solo está acusada del delito de desórdenes públicos, la Audiencia Nacional tendría que inhibirse porque no es competente para juzgar este delito, castigado con penas de entre seis meses y tres años, si no hay agravantes. Este delito tiene una modalidad denominada “desórdenes públicos terroristas” -castigado con hasta ocho años de cárcel-, para lo que sí sería competente la Audiencia Nacional. El tribunal esperará a tomar declaración a un segundo investigado por este caso, aún huido, para concretar la acusación.
Tamara C. G. se negó a declarar ante la Guardia Civil, y a someterse a las pruebas caligráficas y de ADN que los agentes pretendían practicarle. Según la Fiscalía, tanto la detenida como un individuo aún huido “habrían desarrollado actividades de dirección y coordinación” en los actos de “sabotaje” que los CDR llevaron a cabo durante la pasada Semana Santa, concebidos para provocar “un clima de agitación social”.
Una de las principales pruebas que la Guardia Civil ha esgrimido contra la detenida es un archivo de audio difundido por las redes sociales en que explicaba acciones y estrategias que supuestamente se planteaban los CDR para Semana Santa, como cortes en los accesos a Mercabarna o al Puerto de Barcelona.
La Fiscalía también investiga a otro presunto coordinador de los CDR, un hombre al que la Guardia Civil trató de localizar el martes sin éxito en Esplugues de Llobregat (Barcelona). El juez De Egea ha dictado una orden de busca y captura contra él.