El rechazo de jueces y fiscales pone a prueba la ley de amnistía

Hace un año era un tabú y hoy es ya una realidad. La amnistía a los procesados y condenados por el procés independentista catalán ha sido aprobada definitivamente este jueves con el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Con su publicación en el Boletín de las Cortes, primero, y en el Boletín Oficial del Estado, después, quedará culminada la tramitación de una norma histórica que saltará ahora del terreno de la política al de la justicia. 

A la espera de su entrada en vigor, la norma se adentra en el complejo escenario de su aplicación por parte de los jueces. Algunos magistrados y tribunales ya han dado muestras de querer complicar su puesta en práctica. Y aunque el texto pone un plazo de dos meses a los jueces para amnistiar los casos del procés, se da por hecho que la entrada en escena de la Justicia europea dilatará los plazos.

Las miradas se dirigen especialmente a la situación del expresident Carles Puigdemont, que se marchó de España en 2017 para eludir la acción de la Justicia, mientras que otros de sus compañeros del Govern fueron encarcelados. En 2019 fueron condenados a penas de hasta 13 años de cárcel y acabaron siendo indultados 1.328 días después de su entrada en prisión. Tras un periplo judicial de años, todavía está vigente una orden de detención contra el que fuera president de la Generalitat si pisa suelo español. 

La suspensión de la causa mientras se tramitan las cuestiones prejudiciales que se presentarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en teoría, impediría llevar a cabo cualquier detención de Puigdemont, tal y como ocurrió cuando fue arrestado por unas horas en Italia. Pero el riesgo de detención sí es seguro en caso de que decidiera regresar antes de que el Supremo traslade a Europa sus dudas sobre si la norma vulnera en algún punto el derecho comunitario, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

En todo caso, en el ámbito independentista señalan sin titubeos qué jueces pueden poner más trabas a la aplicación de la amnistía. Y apuntan a tres órganos distintos: dos con sede en Madrid –la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, y el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón– y el juzgado de instrucción de Barcelona del juez Joaquín Aguirre.

García Castellón está convencido de que la causa de Tsunami Democrátic, donde se analizan los altercados que siguieron a la publicación de la sentencia del procés, queda excluida de la ley. Su argumento es que se produjeron en esos hechos actos terroristas –que la Fiscalía no ve– y que resultaron heridos de gravedad dos policías, aunque las protestas no las organizó la plataforma. Mientras, el juez Aguirre reactivó, tras años varada, la trama rusa del procés, que podría quedar fuera de la ley si el instructor, como ya ha insinuado, decide sacar adelante el caso por un delito de alta traición. 

El movimiento de los fiscales del procés

Esa intención de torpedear la aplicación de la ley se dejó notar ya este jueves, apenas unos minutos después de la votación del Congreso. Los cuatro fiscales del procés —que fracasaron en su intento de lograr una condena por rebelión— suscribieron un informe en el que se muestran contrarios a aplicar la ley de amnistía a Puigdemont por el delito de malversación, que puede acarrear penas de hasta 12 años de cárcel en su modalidad más severa. También rechazaron levantar la orden de detención contra él. 

Su tesis es que el desvío de fondos para la realización del referéndum del 1-O no entra en las exclusiones previstas en la ley, que contempla que quedarán amnistiados los delitos de malversación “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”. En su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, los fiscales defienden que Puigdemont, Junqueras y el resto de condenados o procesados por este delito se enriquecieron de forma “personal” al entregar a terceros dinero público para sufragar esa consulta. 

Fuentes fiscales explican que, en todo caso, la última palabra sobre la posición de la Fiscalía la tendrá su máximo responsable, Álvaro García Ortiz. Hasta el momento, el fiscal general ha rechazado pronunciarse sobre la amnistía porque a su juicio, supondría “interferir” en el Poder Legislativo. Pero las fuentes consultadas afirman que, en principio, su postura es que los líderes independentistas no se enriquecieron personalmente, por lo que esa conducta sí quedaría amparada por la norma.  

Manifestaciones de jueces contra la amnistía

La realidad es que antes incluso de que se conociera ningún borrador, la ley de amnistía —y los acuerdos de investidura que la acompañaron— encontraron una inédita oposición en sectores conservadores de la judicatura y la fiscalía, determinados como nunca antes en democracia a combatir decisiones de los otros dos poderes del Estado. 

Ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos procesales, jueces y fiscales llegaron a manifestarse ante las sedes de juzgados y tribunales; sus salas de gobierno —dominadas por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)— emitieron contundentes comunicados cuando ni siquiera se conocía el texto de la ley; e incluso una plataforma de juristas llegó a distribuir a través de los correos corporativos que les facilita el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una guía con formularios para elevar cuestiones al TJUE y paralizar así su aplicación. 

Un papel relevante en esa respuesta la tuvo el caducado CGPJ, que hizo un pronunciamiento contrario a la ley de amnistía cuando no se conocía ni una sola palabra del texto. Antes de que hubiera trascendido borrador alguno, la mayoría de vocales elegidos en su día a propuesta del Partido Popular logró sacar adelante una resolución que advertía de que la futura norma iba a suponer “la abolición del Estado de Derecho”. De ese acuerdo se apearon los miembros del minoritario bloque progresista y el presidente interino del órgano, Vicente Guilarte. 

En todo caso, en el ámbito de la judicatura y la Fiscalía, las críticas más intensas al alivio penal del procés llegaron de las asociaciones conservadoras, mayoritarias en ambas carreras. Mientras la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) auguró “el principio del fin de la democracia”; la Asociación de Fiscales llegó a pedir por carta a la Comisión Europea que interviniera para frenar cualquier iniciativa de despenalización del 1-O señalando de forma expresa los mecanismos utilizados por la UE para tratar de sancionar a Polonia y Hungría.

Gritos e insultos frente a la mayoría absoluta del Congreso

El Pleno de aprobación de la amnistía fue, en realidad, el resumen perfecto de la legislatura y de la situación política española en general. La mayoría parlamentaria que conforman las fuerzas progresistas e independentistas actuó en bloque para respaldar la ley impulsada por el Gobierno. Enfrente, la extrema derecha clamó por el “golpe” de los “enemigos” de España entre gritos e insultos a las bancadas de la izquierda. Y el PP dio por muerto al Partido Socialista. “Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español”, pregonó Alberto Núñez Feijóo desde la Tribuna ante el escaño vacío de Pedro Sánchez. 

El presidente del Gobierno decidió no acudir al debate parlamentario de una norma que vehicula y amenaza la estabilidad de la legislatura a partes iguales. Porque es la ley de amnistía negociada entre el PSOE y Carles Puigdemont la que permitió ahormar una investidura de Sánchez aún más rocambolesca que la anterior y para la que los siete diputados de Junts resultaron imprescindibles. Y porque la incertidumbre sobre su aplicación en manos de los jueces arroja dudas, de ahora en adelante, sobre los incentivos políticos de los socios del Gobierno para mantener su apoyo.

Que la negociación y la tramitación de la amnistía se haya producido en base a la dependencia de esos siete votos ha impregnado las múltiples críticas al Gobierno durante toda la negociación y la tramitación de la norma. “En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino”, celebró Pedro Sánchez tras la aprobación definitiva este jueves en el Congreso.

El argumentario de la Moncloa sobre los efectos de la amnistía para la resolución del conflicto territorial con Catalunya cobró sentido, en realidad, la noche del 12 de mayo. Por primera vez en democracia las fuerzas nacionalistas e independentistas catalanas no consiguieron sumar la suficiente fuerza electoral como para mantener su hegemonía en el Parlament. Y los socialistas cosecharon una contundente victoria como recompensa a una hoja de ruta marcada por los indultos a los líderes independentistas y la posterior amnistía. Un éxito que, sin embargo, aún resulta insuficiente para dar por hecha la entrada en la Generalitat y la estabilidad en la Moncloa.