El PSOE se ha sumado este martes a PP, Ciudadanos y Vox en contra de la tramitación de una proposición de ley de ERC para “despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España”. La iniciativa no ha sido por tanto aprobada –ha recibido 73 síes, 273 noes y 4 abstenciones– a pesar de contar con el apoyo de Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas e independentistas, todos ellos grupos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, en enero.
La propuesta de los republicanos ha evidenciado una vez más la división que existe en el seno del Gobierno progresista respecto a la monarquía. Así, mientras el PSOE se erige en defensor de la figura del rey y del modelo de Estado recogido en la Constitución, Unidas Podemos aboga abiertamente por iniciar el proceso y el debate que permita avanzar hacia un “horizonte republicano”.
“Tenemos discrepancias, pero esperamos que podamos coincidir en el horizonte republicano porque sabemos que tienen alma republicana”, les ha llegado a decir Jaume Asens, portavoz del grupo confederal en el Congreso, a los diputados socialistas, durante el debate de la iniciativa que se ha producido este martes en el Pleno de la Cámara Baja.
ERC pretendía con su propuesta eliminar los artículos del Código Penal que regulan las calumnias e injurias a la Corona o miembros de la Familia Real y las ofensas o ultrajes a España, sus Comunidades Autónomas, símbolos o emblemas efectuadas con publicidad. El grupo proponente argumenta que “una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión”.
Los republicanos catalanes sostienen, además, que el Estado debe superar “censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona” acogiéndose, dicen, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos o al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
En su turno de intervención, la portavoz del PSOE durante el debate, Isaura Leal, ha defendido el rechazo de su grupo a la iniciativa en que “la Constitución recoge y menciona elementos simbólicos cuando alude a la bandera como símbolo, al tiempo que diseña un sistema institucional que tiene como base la monarquía parlamentaria”. Por ello, ha defendido que se sancionen los “ataques” a las instituciones si bien ha considerado que “el debate exige y requiere un profundo debate y un consenso básico que no concurre en este momento”.
“No es el momento abrir el debate sobre la despenalización, porque supone distraer y situarlo en el ámbito de la demagogia y provoca interpretaciones indeseadas”, ha asegurado, antes de denunciar que la propuesta de ERC pretende “debilitar las instituciones del Estado”. No obstante, la parlamentaria socialista se ha abierto a buscar “consensos” al respecto en el futuro.
La jurisprudencia de la justicia europea
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reprendido a España en varias ocasiones por las disposiciones sobre las injurias al rey y los ultrajes a España que considera desfasadas y contrarias a la Convención Europea de Derechos Humanos.
El último tirón de orejas se produjo en marzo de 2018 y fue en consecuencia del recurso de dos jóvenes, Enric Stern y Jaume Roura, condenados por quemar fotos del rey en una protesta de 2007 en Girona. Su paso por los tribunales españoles terminó con el Constitucional confirmando la pena de quince meses de prisión, sustituida por una multa de 2.700 euros. Llevaron entonces el caso ante los magistrados de Estrasburgo, que finalmente fallaron contra la justicia española una vez más al considerar dentro de la libertad de expresión las críticas al rey.
La sentencia del TEDH corrigió tanto la condena por injurias a la corona que impuso a los dos jóvenes la Audiencia Nacional en 2008 como, en especial, la negativa del Tribunal Constitucional a darles amparo en 2015.
La sentencia dedicó entonces un párrafo a recordarle a España que “el aumento de la protección -a la Corona- por una ley penal especial es en principio, incompatible con el espíritu de la Convención Europea de Derechos Humanos”. “El interés de un Estado en proteger la reputación de su propio Jefe de Estado no puede justificar la concesión a éste de ningún privilegio o protección”, sostuvieron los magistrados europeos.