El recurso al Tribunal de Estrasburgo irrumpe en el juicio del 1-O desde su primera sesión

La máxima instancia europea a la que puede recurrir un ciudadano convencido de que la Justicia de su país ha vulnerado sus derechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, se erigió este martes como una figura omnipresente en la primera sesión del juicio por el referéndum secesionista en Catalunya del 1 de octubre de 2017.

Optaran los abogados por una exposición más técnica o se decantaran por salpicar su intervención de alusiones políticas, la jurisprudencia del TEDH fue un recurso constante que sitúa a Estrasburgo como el auténtico fin de trayecto de la causa contra los 12 líderes políticos y sociales que se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo.

El momento procesal era propicio. La primera sesión estuvo dedicada por completo a las cuestiones previas de las defensas, esto es, las demandas de retirar pruebas, de petición de incorporar otras o directamente de nulidad de la causa. Para pedir esa nulidad y que no se celebre el juicio, los abogados defensores recurrieron una y otra vez a la vulneración de los derechos fundamentales que creen que han sufrido sus clientes.

O lo reconoce el Tribunal Supremo o lo hará después el de Estrasburgo, desplegaron los letrados en sus intervenciones a modo de aviso para el tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena. Y es que el TEDH no entrará a juzgar si los hechos del otoño soberanista catalán son un delito de rebelión, como sí hará el Supremo, sino que valorará si en la instrucción de la causa o en el juicio se han vulnerado derechos fundamentales.

Para defender su tesis, los abogados defensores acudieron principalmente a la instrucción del juez Pablo Llarena, el magistrado que utilizó la primera persona del plural para, en dos autos, calificar el proceso soberanista como “la estrategia que sufrimos”. “No es un error, es alguien escribiendo aquello que siente. Es razonable que los acusados duden de su imparcialidad”, afirmó Jordi Pina, abogado de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez.

No solo las defensas aludieron a Estrasburgo. El magistrado Marchena, citando la jurisprudencia del TEDH, acordó doblar el tiempo que permite la corte para que los letrados defendieran la conculcación de derechos, pasando de 15 a 40 minutos.

Las defensas extendieron las dudas sobre la imparcialidad no solo al juez instructor sino al que redactará la sentencia, esto es, el magistrado Marchena. Su baza en este caso es el whatsapp que escribió el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que alardeaba de que con Marchena presidiendo el Supremo los conservadores controlarían “desde atrás” la Sala de lo Penal. La letrada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, llegó a citar una sentencia en inglés del TEDH en la que el tribunal europeo recordó que la Justicia “no solo debe ser imparcial sino parecerlo”.

Al igual que su escrito de defensa, la intervención de Benet Salellas, abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fue la que enumeró más derechos supuestamente vulnerados. No en vano, la acusación contra él no se basa en gastos o el impulso del 1-O desde el Govern (Cuixart nunca ha sido conseller ni diputado), sino en manifestaciones y protestas como el 20-S en Economía o las marchas de la Diada, que a juicio de la Fiscalía son una presión y una amenaza de violencia para promover la independencia. Por contra, la defensa los enmarca en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación.

“El mundo de los derechos humanos está muy atento a este juicio”, lanzó Salellas al tribunal. El letrado también cargó contra la Fiscalía por el fragmento del escrito de acusación en el que se expone que el presidente de Òmnium arengó a la violencia por dirigirse a los manifestantes ante la conselleria de Economia con el lema 'No pasarán'. “Se ha llegado a criminalizar un lema con tanto peso”, dijo Salellas, en referencia a la simbólica frase de oposición al fascismo.

El “vodevil procesal”

Las distintas investigaciones judiciales sobre el proceso soberanista centraron otro capítulo de las cuestiones previas. Especialmente vehemente fue el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, que denunció el “vodevil” procesal formado por las causas del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia Nacional y el Supremo.

A criterio de Van den Eynde, la división de causas vulnera el derecho a la defensa y a la igualdad de armas entre acusados y acusaciones, ya que la Fiscalía es parte en todas las causas y puede acceder a todos los documentos, pero las defensas no. Van den Eynde también ha cargado contra las declaraciones de políticos del PP, Ciudadanos y el PSOE que han dado por condenados a los acusados antes del juicio. 

Incluso la defensa del exconseller Santi Vila, que se ha desmarcado por completo del resto de exconsellers en la organización del 1-O, ha denunciado que no se respeta su derecho al juez predeterminado por ley, ya que la causa tendría que juzgarse en el TSJC y no en el Supremo al tener lugar los hechos en Catalunya.

Los primeros desmarques políticos

El coro afinado que han formado las defensas para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales ha chirriado cuando han entrado en los hechos objeto de juicio. Como ya expuso en su escrito de defensa, Pau Molins, abogado de Vila, ha recordado que el exconseller dimitió por su oposición a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que aprobó el Parlament el 27 de octubre de 2017. Y Mariano Bergés, letrado de la exconsellera Dolors Bassa, ha pedido que conste como prueba del juicio un certificado del Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) para acreditar que la DUI no se llegó a publicar de forma oficial.

En general, las defensas centraron sus intervenciones en reclamar la protección de sus derechos en el ámbito estrictamente jurídico. Solo Van den Eynde añadió soflamas de claro contenido político, citando también la Constitución Española que sus clientes están acusados de vulnerar. “La Constitución impide criminalizar la disidencia política”, zanjó.