El movimiento de Ciudadanos para arrebatarle al PP la presidencia de Murcia y la alcaldía de la capital ha tornado en un seísmo político que ha tenido réplicas hasta en el gobierno central y de efectos difíciles de calcular para la formación de Inés Arrimadas. El adelanto electoral en Madrid ha llevado al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a dimitir para dar la batalla como candidato de su partido a las autonómicas; pero la gran consecuencia la vive, por ahora, el bloque de la derecha.
PP y Ciudadanos llevan años en un delicado equilibrio entre el entendimiento político y la disputa electoral. Albert Rivera rozó el ansiado sorpasso en las elecciones de abril de 2019. En las autonómicas y municipales de mayo de ese año, ambos partidos pactaron en multitud de territorios: ya fuera para apuntalar el poder del PP, en la mayoría de los casos, o para dárselo a Ciudadanos en instituciones menores.
El partido de Rivera, que hasta entonces hacía gala de pactar con unos y otros, se había ya entregado totalmente solo hacia unos. El entonces líder de Ciudadanos había llevado su guerra contra “el Sanchismo, la banda y el botín”, esa supuesta doctrina ideológica radical que encarnaba el líder del PSOE, a todos los niveles de la administración. Las repetición electoral echó al traste con esa estrategia, tras la que se encontraba la aspiración de superar a un PP que no acababa de remontar el vuelo con Pablo Casado al frente. Ciudadanos se derrumbó en las elecciones y quedó reducido a un pequeño grupo parlamentario de diez diputados, ahora dirigido por Inés Arrimadas y todavía más mermado tras las últimas deserciones, con una capacidad de maniobra escasa.
Su último asidero para no desaparecer totalmente de la política tras no haber tenido ningún papel en la aprobación de los Presupuestos y ahora que el Gobierno tiene la legislatura encarrilada es ese poder autonómico y municipal que aún ostenta, ya sea encabezando una administración, coaligado con el PP o sustentando a este partido. Era su última baza. El movimiento en Murcia pretendía ser un golpe de autoridad de Arrimadas para dejar claro a Casado que aún mantiene capacidad de influencia política sobre su socio, pero no ha podido salir peor.
El resultado de la moción fallida ha sido que Ciudadanos ha salido del Gobierno de Murcia, ha perdido tres disputados tránsfugas que se han pasado al PP, se ha roto el Ejecutivo en Madrid —con amenaza para Ciudadanos de quedar sin representación tras las elecciones— y se ha visto sumido en su mayor crisis interna desde su nacimiento. La formación vive un abandono a cuentagotas de sus cargos en plena ofensiva de los populares por ficharles, lo que ha desembocado en un enfrentamiento entre ambos partidos y con su antiguo secretario de Organización, Fran Hervías, haciendo de embajador en el PP para facilitar las deserciones.
A pesar de ello, los cargos de PP y Ciudadanos a nivel autonómico y municipal tratan de evitar que las réplicas del seísmo socaven los cimientos de sus acuerdos. Por todo el país se han sucedido los mensajes para reforzar esos pactos, aunque siempre con una mirada de reojo a los movimientos del socio. Este es un repaso, territorio a territorio, de cómo están esos acuerdos tras la crisis generada entre las dos formaciones.
El origen de la crisis: Murcia y Madrid
En Murcia, el epicentro del desastre, el grupo parlamentario se ha quedado partido en dos: por un lado, la coordinadora regional y candidata a la presidencia en la moción, Ana Martínez Vidal, junto con Juan José Molina frente a los tránsfugas Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez. El presidente de la Asamblea y sexto diputado de Ciudadanos, Alberto Castillo, se abstuvo en la votación para desalojar al presidente Fernando López-Miras.
Con las dos mociones de censura, tanto la fracasada en la Asamblea Regional como la del Ayuntamiento de Murcia —que sí ha prosperado y dio la alcaldía este miércoles al socialista José Antonio Serrano—, también se planteó en el pacto entre PSOE y Ciudadanos la posibilidad de que cayeran los gobiernos de coalición con el PP en los municipios de Caravaca de la Cruz, Pliego, Ceutí, Fuente Álamo y Ceheguín. Los ediles del partido de Inés Arrimadas ahora, en cambio, cierran filas con sus socios de gobierno y descartan la posibilidad de romper con más acuerdos por el momento.
Y es que esa crisis entre socios ha puesto en alerta a los cargos de ambos partidos que mantienen algún tipo de pacto. Todos se han mirado tensos después de que la moción en Murcia provocara la ruptura del Gobierno de coalición en Madrid y precipitase la convocatoria de elecciones por parte de Isabel Díaz Ayuso. Ciudadanos pretendía encapsular en Murcia su enfrentamiento con el PP, pero la presidenta madrileña lo sacó de ese territorio y lo ha acabado elevando a la primera línea de la política nacional.
Las relaciones entre Ayuso y su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, nunca fueron buenas y la corta legislatura del gobierno de coalición, que ha durado poco más de año y medio, siempre estuvo marcada por los reproches en público y los navajazos. La convocatoria electoral ha mostrado las costuras de Ciudadanos también en Madrid donde seis diputados de la formación que lidera Arrimadas han anunciado que dejan las filas. Dos de ellos, Sergio Brabezo, portavoz adjunto en la Asamblea, y Marta Marbán, han salido haciendo duras críticas a la gestión de Aguado y han acabado en la lista de Ayuso para el 4M. Tampoco irá en las listas el que fuera presidente de la Comunidad con el PP en 2018 tras la dimisión de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, que aunque mantendrá su afiliación se retira de la política.
El adelanto electoral ha terminado también con el liderazgo de Aguado en Madrid. Ciudadanos ha apostado por el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, que encabezará la candidatura para tratar de remontar unas encuestas que sitúan a la formación en el límite del 5% para lograr representación en la Cámara madrileña. Si logra entrar, podría tener la llave de gobierno. La otra gran coalición de ambas formaciones en Madrid, la del Ayuntamiento de la capital, de momento, no está en peligro.
El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, por ahora, sigue en pie con la coalición de PP y Ciudadanos. A diferencia de Isabel Díaz Ayuso, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no puede convocar elecciones y eso ha cambiado los equilibrios de poder entre los socios. La corporación está, en última instancia, en manos de Ciudadanos que podría en los dos años restantes de mandato presentar una moción de censura contra el primer edil recabando los apoyos de Más Madrid y PSOE.
La vicealcaldesa, Begoña Villacís, se ha comprometido —al menos de momento— a que no lo hará y Almeida ha rebajado de golpe su perfil de látigo a las órdenes de Casado. El también portavoz nacional del partido, elegido por Casado para ser el azote contra los enemigos del PP, se sitúa al margen de la caza de cargos naranjas promovida por el secretario general del Partido, Teodoro García Egea, y evitará el “cuerpo a cuerpo” con sus socios en el Palacio de Cibeles para evitar otra crisis que haga estallar el Gobierno municipal. Pero en la campaña está abocado a apoyar a su homóloga y candidata, Isabel Díaz Ayuso, quien acusa a esos mismos socios de “traición” en la Puerta del Sol y promete un discurso de alto voltaje para tratar de liquidar a los naranjas, en situación de extrema debilidad.
Castilla y León también tembló con el terremoto murciano. Allí PP y Ciudadanos comparten un gobierno que se ha puesto a prueba con otra moción de censura, presentada en ese caso por el PSOE poco después de lo ocurrido en Murcia y Madrid. La iniciativa fracasó en su intento por romper la alianza Mañueco-Igea, aunque sí ha desgastado a los procuradores de Ciudadanos. La que hasta ahora ha sido portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, María Montero, renunció a su cargo tres días antes de la moción —en la que se abstuvo— y se integró como no adscrita después de justificar su marcha porque “unos pocos” decidían por todos.
Ciudadanos ha pedido a su exdiputada autonómica que entregue su acta para poder mantener la mayoría absoluta que ostentaba la coalición. El propio portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, reconocía este lunes en el debate que esta moción de censura había “roto” al grupo y pedía a Tudanca que les dejase “morir en paz”. Unas declaraciones que rechazó el vicepresidente autonómico, Francisco Igea (Ciudadanos) después de que la moción de censura no saliera adelante. “[Ciudadanos] está más vivo que nunca”, sentenciaba el lunes.
La coalición de PP y Ciudadanos gobierna también en el Ayuntamiento de Salamanca y en el de Palencia, en el que pactaron también con Vox. En ambos casos, los partidos de la derecha han negado tensiones e incluso desde Salamanca se ha hablado de un “oasis”. “Si [el pacto] sigue funcionando como funciona, nada va a cambiar”, señalaba hace unos días la teniente de alcalde de Salamanca, Ana Suárez, de Ciudadanos. Misma situación se produce en Palencia, cuyo alcalde —Mario Simón— es de Ciudadanos aunque su partido solo tiene tres concejales. “La coalición de gobierno en Palencia tiene más cohesión que la del Gobierno de España”, aseguraba hace unos días Simón, quien garantizó que terminará el mandato en Palencia junto al PP.
El Partido Popular y Ciudadanos también pactaron para gobernar en las diputaciones de Ávila, Burgos, Segovia y Soria. En Zamora, su único diputado de Ciudadanos es el presidente, junto al PP, e incluso gobiernan en coalición en Valladolid, donde el PP no necesitaba a Ciudadanos para liderar la administración provincial. Los dirigentes de ambas formaciones en todas las diputaciones han destacado la “estabilidad” de las coaliciones, que han descartado romper. Por su parte, los líderes del partido de Inés Arrimadas insisten en su lealtad a Ciudadanos a pesar de la crisis en la que está sumido el partido en otros puntos del país.
En el caso de Andalucía, tanto Ciudadanos como PP están intentando aislar de la realidad nacional de sus partidos su Gobierno de coalición. De hecho, Juan Manuel Moreno (presidente) y Juan Marín (vicepresidente), de PP y Ciudadanos respectivamente, salieron a escenificar un acuerdo en el que se comprometían a “no favorecer ni aceptar” tránsfugas y con el que se emplazaban a terminar la legislatura en diciembre de 2022. Con este pacto, el PP andaluz se desmarca de algún modo de la estrategia nacional de su partido para garantizar la continuidad del mandato. Mientras, la tercera pata del Gobierno andaluz, Vox, como apoyo parlamentario, se afana en sembrar dudas sobre los de Arrimadas porque “no son de fiar” e invita a “reflexionar” a Moreno para plantearse un adelanto electoral.
Ambos partidos tienen además algunas alianzas municipales. El caso de Granada es algo particular. Seis concejales son del PP y un séptimo está fuera del PP pero no ha dejado el acta. De Ciudadanos son cuatro incluido el alcalde, Luis Salvador. Pero los tres no están alineados para nada con él. El llamado 'pacto del Whatsapp' hablaba de turnarse dos años, pero es un acuerdo que Salvador no reconoce. Aún así, se sabe que ha habido conversaciones con el Partido Popular para buscar un entendimiento, cumplir ese acuerdo y dar una salida digna a Salvador (que no pasa por cambiarse de partido). Ahora mismo no es una brecha abierta entre el PP andaluz y Ciudadanos. El PP nacional prefiere que pase la legislatura y apuestan por otra figura popular para la alcaldía.
En Almería reproducen la imagen de Moreno y Marín diciendo “sí” al PP con los presupuestos y espantar fantasmas. Esto fue hace unos días. Además, en el caso de Ciudadanos no están en el Gobierno y no son los únicos que apoyan al gobierno popular (Vox también). En el caso de Linares, Raúl Caro-Accino Menéndez (de Ciudadanos) llegó a la alcaldía en 2019. Su fuerza política, Ciudadanos, fue la tercera más votada en las elecciones pero consiguió ser el primer edil tras un pacto con PP, partido más votado tras el PSOE, y con CILU-Linares. Ha habido remodelación del gobierno hace pocas semanas así que no está prevista ninguna tormenta. Si hubiese ruptura, saldría ganando el PSOE.
En la Comunitat Valenciana, ante de la abrupta salida de Toni Cantó, el entonces portavoz aseguró que los pactos con el PP en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante no corrían peligro. El PSOE señala que no se ha ofrecido ninguna moción en ambas instituciones, aunque hubo un primer tanteo en la Diputación de Alicante. Cantó ha fichado por el PP y que vaya o no en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso depende de que la Junta Electoral acepte su empadronamiento exprés en la capital.
La salida de Cantó ha dejado el grupo en las Corts Valencianes con una profunda fractura. De los 18 diputados, al menos 10 forman parte de un sector afín a Emilio Argüeso, el senador del entorno de Fran Hervías que fue expulsado del partido y al que se le acusa de participar en una operación para llevarse a representantes de Ciudadanos al PP. El grupo espera que la dirección de Arrimadas proponga a un candidato para la portavocía y a un coordinador del partido en la Comunitat Valenciana, con la oposición de los discípulos de Argüeso, debilitados con la marcha del exsecretario de Organización, que se aferra a su acta en el Senado. No lo hizo Marta Martín, diputada por Alicante, que dimitió el pasado jueves. Por el momento, la portavoz adjunta Ruth Merino, nombrada por Toni Cantó, asume el mando en las Corts Valencianes para realizar las preguntas de control al Consell.
Mientras el grupo y el partido tratan de organizarse aún sobrevuela la posibilidad de fuga de algunos parlamentarios al PP, según apuntaba el portavoz en Valencia, Fernando Giner: “En las próximas horas y días habrá noticias sobre otras personas que se van de Ciudadanos y que esto forma parte de una operación montada por el PP”. Tanto Giner como la portavoz de Ciudadanos en Alicante, Mari Carmen Sánchez, se han posicionado en favor de Arrimadas, como lo ha hecho la diputada valenciana María Muñoz, número 1 en la lista por Valencia, cuyo nombre suena en los sondeos para dirigir el partido en la Comunitat Valenciana.
En Catalunya, PP y Ciudadanos nunca han sido formaciones bien avenidas. La rivalidad por el mismo electorado y la pujanza en los últimos años del partido de Inés Arrimadas, ha hecho que los dos partidos apenas tengan alianzas, ni a nivel autonómico ni municipal. Por ejemplo, en Catalunya nunca fue posible una lista de coalición, primero porque Ciudadanos se negó, hasta 2020, cuando cambiaron las tornas y fue la formación de Pablo Casado la que rechazó una candidatura de unidad para las elecciones catalanas.
En los últimos comicios la tensión las dos formaciones fue máxima, después de que el PP fichase como número dos a Lorena Roldán, quien había sido líder de Ciudadanos en el Parlament y después defenestrada por Arrimadas. Ciudadanos sufrió varias bajas importantes en las vísperas de unas elecciones en las que pasaron de 36 diputados a solo seis, y de primera fuerza a séptima. Pese a eso, consiguieron quedar por encima del PP, que con sus tres escaños firmó su peor resultado histórico.
En el ámbito local, Ciudadanos no tiene ninguna alcaldía a lo largo del territorio catalán y, fuera de algunas ciudades metropolitanas, su presencia es testimonial en cuanto a concejales. Por su parte, el PP ha recuperado recientemente la alcaldía de Badalona para el polémico Xabier García Albiol, que conserva gracias a la incompatibilidad entre independentistas y el PSC. En esta localidad Ciudadanos perdió su único concejal en 2019.
Cantabria es otra de esas comunidades donde aún no ha llegado la crisis. Así se ha encargado de repetirlo insistentemente su coordinador autonómico y portavoz en el Parlamento regional, Félix Álvarez. El cómico y actor, conocido popularmente como Felisuco, ha mostrado su fidelidad a la líder del partido, Inés Arrimadas, y ella le ha recompensado con un puesto en la Ejecutiva Nacional. Los acuerdos municipales son más bien escasos y no corren peligro pese a los movimientos de la última semana en distintos puntos del país.
La formación de Arrimadas ostenta responsabilidades de gobierno en Astillero –donde tiene a su único alcalde, aunque en minoría–, así como en Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera y Marina de Cudeyo a través de distintas coaliciones con el PSOE. Sin embargo, la 'joya de la corona' está en Santander, donde Ciudadanos obtuvo tan solo dos concejales y mantuvo en el poder al PP, a pesar de que los números permitían otro tipo de alianzas con socialistas y regionalistas.
A lo largo de estos casi dos años de coalición en la capital cántabra, las relaciones personales y políticas de los ediles de Ciudadanos y del PP han sido pésimas. Los primeros han denunciado casos de corrupción o trato de favor a empresas adjudicatarias en áreas como parques y jardines, la recogida de basuras o el servicio de aguas, con contratos millonarios que están bajo la lupa de los tribunales. Eso sí, no hay visos de moción de censura a la vista. “El pacto se va a cumplir, sí o sí. Hay fricciones, pero son soportables”, certificó Felisuco tras una reunión hace unos días con los dos concejales del partido en la ciudad.
También en Extremadura, PP y Ciudadanos se dieron prisa en demostrar que la confianza permanece intacta. El presidente del PP regional, José Antonio Monago, y el coordinador autonómico de la formación de Arrimadas, David Salazar, se reunieron al día siguiente del terremoto político en Murcia y Madrid, con testimonio gráfico y nota de prensa conjunta, para valorar la “buena salud” de los pactos.
El principal acuerdo municipal entre ambas formaciones es el de Badajoz, la ciudad más grande de Extremadura. El PSOE ganó las elecciones pero un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox convirtió a Badajoz en la primera capital de provincia de España con un tripartito de derechas. El acuerdo de Gobierno establece que los dos últimos años de la legislatura, es decir, a principios del próximo verano, el PP tendrá que ceder la alcaldía a Ciudadanos, para lo que el voto del edil de Vox, expulsado de la formación de extrema derecha pero que mantiene sus siglas, será necesario.
Eso sí, la situación de Ciudadanos en Extremadura es delicada. A su débil implantación territorial se unen tensiones internas en su grupo parlamentario, donde tiene siete diputados. Tras la marcha del anterior coordinador regional, Cayetano Polo, la dirección de Inés Arrimadas nombró portavoz a David Salazar. Cuatro diputados se rebelaron y nombraron a otro portavoz.
La preocupación en el PP de Galicia por la crisis de Ciudadanos es más bien escasa. El día en que transcendió la moción de censura en Murcia Alberto Núñez Feijóo presumía en las redes sociales de que “Galicia había votado estabilidad”. El community manager del partido iba más allá y hacía bromas.
Los mejores resultados de Ciudadanos en Galicia fueron en elecciones generales. Obtuvo un escaño por A Coruña en diciembre de 2015, pero lo perdió en la repetición electoral de 2016, tras una dura campaña en contra de los medios afines al PP. También se benefició del tirón electoral del primer Albert Rivera en abril de 2019, con dos asientos —por A Coruña y Pontevedra—, pero cayó arrastrado por la debacle de diciembre del mismo año. Resisten algunos concejales, 35, su techo en la política municipal gallega, donde en los comicios de 2019 se eligieron un total de 3.721 ediles.
Es precisamente en el ámbito local donde a Ciudadanos le surgieron las tensiones más llamativas, aunque todas anteriores a esta última crisis con origen en Murcia. En A Coruña, la concejala Mónica Martínez Lema abandonó la disciplina de Ciudadanos, pasó unos meses como no adscrita y en septiembre de 2020 se incorporaba al gobierno local del PSOE. En la Diputación de Ourense ocurrió algo parecido, a mayor gloria política de Manuel Baltar y el PP. Elegida en Xinzo de Limia, la diputada Monserrat Lama era además la representante provincial de Ciudadanos. Cuando Baltar se quedó sin el apoyo de Democracia Ourensana —el partido de derecha populista del regidor de la ciudad— buscó remedio en Lama, que dejó Ciudadanos y, desde los no adscritos, sostiene al PP en la diputación.
En Castilla-La Mancha, la estela de lo ocurrido en Murcia y Madrid ha avivado tensiones aletargadas desde las elecciones de 2019 entre PP y Ciudadanos, pero también ha puesto en jaque su relación con los socialistas. Hace dos años, Ciudadanos eligió como compañero de viaje al PSOE para gobernar conjuntamente en Albacete y Ciudad Real, con turnos de dos al frente de la alcaldía para cada uno de estos partidos políticos. En otros municipios, como en San Pablo de los Montes, llegaron a pactos para echar al PP.
Ahora, y al rebufo de la polvareda política en comunidades autónomas limítrofes, el presidente del PP castellanomanchego le ha devuelto el golpe a Ciudadanos abriendo una guerra dialéctica y sembrando dudas al dejar caer que “hay importantes llamadas de numerosos cargos” de Ciudadanos que “se están interesando por la posibilidad de ir al PP”, sin citar nombres. Fuentes de Ciudadanos han respondido acusando a los populares de querer “comprar” cargos.
Y tampoco en esta región se libran de las bajas en las filas de Inés Arrimadas: el alcalde de Robledo (Albacete), Cristian Cuerda, ha dejado de ser afiliado, pero asegura que quiere continuar frente al Ayuntamiento, sea o no con Ciudadanos.
Las acusaciones de compra de cargos también se han dado en Asturias. Allí se ha abierto un nuevo frente esta semana tras las declaraciones del coordinador regional de Ciudadanos y primer teniente de alcalde de Oviedo, Ignacio Cuesta, sobre la portavoz de los populares en el Principado, Teresa Mallada: “Es delirante que Mallada esté maniobrando para atraer a cargos de Ciudadanos cuando lo que está en juego es su propio liderazgo en el PP asturiano”.
“Los comportamientos tramposos se pueden venir en contra tarde o temprano”, añadía Cuesta, en lo que podría interpretarse como una posible amenaza a la alianza entre ambas formaciones en Oviedo. En la capital asturiana gobierna desde 2019 el PP en coalición con Ciudadanos, con nueve y cinco concejales respectivamente. Si bien tras el anuncio de la moción de censura en Murcia, tanto el alcalde del PP, Alfredo Canteli, como Cuesta aseguraban que dicho acuerdo no peligraba, los últimos lances entre ambos partidos en Asturias no lo dejan nada claro. En juego está la supervivencia del principal feudo conservador del Principado.
“La confianza es con los equipos de gobierno, no con los partidos”
En el caso de Baleares, las aguas, por el momento, permanecen tranquilas y las alianzas entre PP y Ciudadanos no se han visto alteradas. De hecho, hace una semana la coordinadora en las islas, Patricia Guasp, llamó personalmente al presidente de los populares, Biel Company, para transmitirle confianza y garantizarle que los distintos pactos establecidos en las islas, en principio, se mantendrán intactos hasta final de legislatura puesto que, como remarcan fuentes de Ciudadanos a elDiario.es: “La confianza es con los equipos de gobierno, no con los partidos”.
En Mallorca, las dos formaciones gobiernan conjuntamente en los municipios de Llucmajor, Ses Salines y Sineu, mientras que en Ibiza ostentan el control tanto del Consell insular como de la localidad de Sant Antoni. Hasta el momento no se ha registrado ningún trasvase de cargos entre ambos partidos. Sí se han producido acercamientos de afiliados desde Ciudadanos al PP, desde donde señalan que tales movimientos están teniendo lugar esencialmente en las bases.
Ciudadanos tiene el corazón partido en dos mitades en Aragón. A nivel autonómico gozan de una buena relación con el presidente socialista, Javier Lambán. Están en la oposición pero han aprobado los presupuestos del PSOE. Sus problemas están en Zaragoza, donde andan peleados con su socio de Gobierno en ese Ayuntamiento. El alcalde del PP, Jorge Azcón, les anula cualquier posibilidad de protagonismo e incluso acepta que Vox imponga recortes con sus enmiendas a proyectos emblemáticos del partido de Inés Arrimadas.
Los problemas de visibilidad y de proyección pública de la vicealcaldesa, Sara Fernández, antigua militante del PAR, son evidentes. La sombra de Azcón es muy alargada, mucho más inexpertos en la gestión política. La figura de Azcón monopoliza la acción de Gobierno haciendo que pase desapercibida la gestión de Ciudadanos, a pesar de ostentar la Vicealcaldía, el área de Cultura, Igualdad, Economía y la cartera estrella, Urbanismo. El partido de Arrimadas, a nivel interno, ha cerrado filas con su líder y se ha conjurado para hacer lo posible por evitar que se extienda a Aragón la ola de “polarización que recorre España”.
Los territorios donde PP y Ciudadanos apenas tienen peso
Hay territorios donde el escaso peso de ambos partidos provoca que apenas haya habido consecuencias de la crisis. Es el caso de Canarias, donde el espectro de la derecha está dominado por Coalición Canaria, que fichó a la primera tránsfuga de Ciudadanos en julio de 2020 en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. O Euskadi, donde lograron cerrar una coalición antes de las elecciones, una de las aspiraciones constantes del líder del PP, Pablo Casado.
PP y Ciudadanos concurrieron juntos a las elecciones autonómicas del País Vasco en verano de 2020. La maniobra no estuvo exenta de polémica porque sobrerrepresentó a un inexistente Ciudadanos, lo que motivó el relevo decidido desde Génova de Alfonso Alonso por Carlos Iturgaiz. El resultado en las urnas fue paupérrimo, seis escaños de 75: cuatro para el PP y dos para Ciudadanos. Iturgaiz y el líder de los de Arrimadas en Euskadi, José Manuel Gil, que apoya de manera cerrada a Arrimadas, se han conjurado estos días por blindar la estabilidad del grupo parlamentario conjunto.
No obstante, cargos del PP han abierto la puerta a que puedan sumarse personas a la “casa común” del centro-derecha. Se da la circunstancia de que seis excargos de Ciudadanos han sido admitidos en el PP en los últimos días, entre ellos el ex 'número dos' Javier Gómez, aunque ya llevaban expulsados desde 2019 por decisión de Fran Hervías. A nivel local y foral, Ciudadanos no tiene un solo cargo público en Euskadi.
En Navarra también hubo unión electoral, y aunque Ciudadanos también es apenas inexistente, la crisis ha inquietado a UPN, el partido que aglutina a la derecha navarra. PP y Ciudadanos son los hermanos pequeños de UPN dentro de Navarra Suma: los regionalistas, principal partido de la comunidad, fueron los impulsores de la coalición en 2019 con el objetivo de recuperar el Gobierno foral y algunos de los ayuntamientos que habían perdido en 2015 y quienes lideran la confluencia en todas las instituciones en las que tienen representación.
Pese a que desde los tres partidos aseguran que el futuro de la coalición no peligra, lo cierto es que en UPN no han sentado nada bien los conflictos que han tenido en otras comunidades los otros dos integrantes de Navarra Suma. El presidente de los regionalistas y portavoz de la coalición en el Parlamento foral, Javier Esparza, lamentó que esas acciones “no ayudan” a la imagen de Navarra Suma en los ayuntamientos en los que gobiernan ni en la cámara autonómica, donde hacen la oposición al gobierno de la socialista María Chivite. Con todo, Esparza se mostró “tranquilo” por el futuro de la coalición “porque es UPN quien la lidera”.
En el Parlamento de Navarra, de los veinte escaños de Navarra Suma, 15 son de UPN, por los solo tres de Ciudadanos y dos del PP. Todavía es más escasa la presencia ambos partidos en el Consistorio de Pamplona, donde Navarra Suma ostenta la alcaldía con 13 concejales, de los que once son regionalistas, por los dos que se reparten PP y Ciudadanos.
En La Rioja, PP y Ciudadanos comparten oposición y tienen poca capacidad de aliarse contra el Ejecutivo de PSOE y Podemos. Ahí, por ahora, no hay riesgo de fisuras: el líder autonómico de Ciudadanos, Pablo Baena, es afín a Arrimadas, que le ha recompensado con un puesto en la Ejecutiva. Él ha justificado la moción en Murcia y se ha mostrado sorprendido que se hable más de la crisis de su partido que del PP: “En vez de estar hablando de la corrupción del PP en Murcia, que ha sido capaz de amañar contratos, comprar voluntades, y está teniendo un comportamiento nada ético, de lo que se está hablando es de los errores de comunicación de Ciudadanos”.
Por último, en Melilla Ciudadanos tiene la única Presidencia de una autonomía que ocupa en todo el país pese a su exigua representación en la Asamblea regional, un escaño de 25. Los regionalistas de Coalición por Melilla y el PSOE, con ocho y cuatro diputados, respectivamente, auparon en junio de 2019 a Eduardo de Castro al puesto de primer edil de la ciudad para acabar con casi 20 años de hegemonía del PP de Juan José Imbroda, que no ha dejado de tacharle de “traidor”, “títere” y “rehén” de sus socios.
Ciudadanos perdió en los comicios autonómicos de mayo de 2019 el único puesto de representación institucional que ha tenido en Ceuta. Durante la legislatura anterior ocupó un escaño en la oposición a un PP todavía con mayoría absoluta a cuyo Gobierno denunció por prevaricación y malversación en un caso de presunta corrupción en la Empresa Municipal del Agua que sigue abierto. Desde hace casi un año la formación de Ciudadanos no cuenta con “ningún órgano en funcionamiento” en la ciudad.
Con información de Fátima Caballero, Sofía Pérez Mendoza, Arturo Puente, Lucrecia Hevia, Javier Martínez Mansilla, Iker Rioja, Santiago Machado, Candela Canales, Alba Camazón, Carmen Bachiller, Daniel Salgado, Laro García, Laura Martínez, Rodrigo Saiz, Elisa Reche, Esther Ballesteros, Alexis González, y Gonzalo Testa.