Pedro Sánchez viajó el pasado viernes en el avión oficial que el Estado pone a su disposición. Tras reunirse a las 13.00 horas en La Moncloa con el presidente del Consejo de Ministros del Líbano, el presidente del Gobierno se montó en el Falcon y aterrizó poco después en Castellón. Visitó el Ayuntamiento de la ciudad durante 20 minutos y se reunió brevemente con el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, en un encuentro que en Moncloa habían calificado de “informal”. Pero Sánchez no viajaba solo en el Falcon. Le acompañaba su esposa, con quien asistió esa noche al concierto de The Killers en el Festival Internacional de Benicàssim.
¿Pude el presidente del Gobierno usar el Falcon para viajar a Castellón a dos breves reuniones de aspecto más protocolario que político y retrasar el regreso para asistir con un familiar a un concierto? ¿Qué fue primero, el FIB o las reuniones? ¿Debe abonar una parte del traslado, la vuelta, ya que el viaje asuntos privados? ¿La asistencia de Pedro Sánchez al FIB se puede considerar “agenda cultural”, como ha defendido la vicepresidenta, Carmen Calvo? ¿La seguridad, como señaló Puig, impide que el presidente viaje en AVE? Si viaja en AVE, ¿lo paga él? ¿Es más barato el AVE que un avión del Ejército en funcionamiento? ¿Lo importante es el viaje o las facturas en licores de más de 1.000 euros para ir al fútbol que se llegaron a pagar con Mariano Rajoy como presidente?
La legislación española no regula el uso de los recursos que el Estado pone a disposición del Gobierno de forma concreta, más allá de los las tipologías normativas generales. La ley no ofrece respuestas exactas a estas preguntas. Más allá de un exiguo Código de Buen Gobierno aprobado en 2005 y una sentencia que obliga al Portal de Transparencia a publicar quién utiliza los aviones oficiales, nada.
La ausencia de normativa siembra el campo para la batalla política. PP y Ciudadanos ya lo ensayan contra Pedro Sánchez. Antes fueron Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar o el que fuera todopoderoso vicepresidente del Gobierno de Felipe González, Alfonso Guerra, los que recibían las críticas. Todos los gobiernos han afrontado alguna crisis comunicativa a cuenta del uso de los recursos públicos para asuntos personales o de partido.
Toni Cantó, contra la “coartada” de las reuniones
El PP ha registrado una batería de preguntas parlamentarias en la que plantea si Sánchez piensa “acudir a más eventos de ocio personal a costa del contribuyente” o inquiere por el coste del viaje. El partido que lidera Pablo Casado también quiere saber si el presidente ha utilizado el “helicóptero Superpuma para desplazarse de Moncloa a Torrejón” antes de partir hacia Castellón.
Desde Ciudadanos también han usado el episodio para arremeter contra Sánchez. Con más dureza. El previsible candidato a la Generalitat valenciana, Toni Cantó, ha recordado que “Sánchez viajaba por toda España con su Peugeot viejo, pero ahora usa el jet público de todos los españoles para irse de concierto”, apuntaba en una entrevista en televisión. Cantó arremetía contra la “coartada” que se había buscado Sánchez en forma de reuniones oficiales sin contenido, en su opinión.
Unidos Podemos, por su parte, ha dado por buena la explicación de la agenda oficial.
Código de Buenas Prácticas y transparencia
En 2005 el Ejecutivo de Zapatero aprobó un Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. En uno de sus puntos, señala: “Se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la Administración General del Estado pone a su disposición por razón del cargo”.
El código, además, señala que “anualmente el Consejo de Ministros conocerá un informe elevado por el Ministro de Administraciones Públicas” y que “en el supuesto de que hubiera incumplimientos de los principios del código, adoptará las medidas oportunas”. Sin más.
La otra normativa aplicable es la publicación en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado del listado de personas que viajan en los aviones oficiales que el Ejército pone a disposición del Gobierno. Desde 2015 a 2018 fueron 500 personas, según la información que logró El País después de que tuviera que intervenir la Audiencia Nacional.
La falta de legislación hace que los partidos critiquen con dureza al contrario por lo mismo que sus líderes hicieron unos años antes.
El último aviso sobre la falta de regulación es del Tribunal de Cuentas. En su informe de fiscalización de la campaña de las elecciones europeas de 2009, el organismo lamentó no saber cómo contabilizar el uso del Falcon presidencial por parte de José Luis Rodríguez Zapatero para asistir a un mitin, por lo que reclamaba una legislación al respecto. Hasta hoy.