25 de febrero de 2021. PSOE y PP sellan su primer gran acuerdo de la legislatura, dos años y medio después de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP. El Gobierno confió en que pactar la composición del Consejo de Administración de RTVE allanaría el camino a más entendimientos con el principal partido de la oposición para el desbloqueo de otras instituciones. Así comenzó la historia del gol que la dirección de Casado metió al Gobierno y que ha terminado con la dimisión del presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero, tras perder la confianza de la mayoría de consejeros del ala progresista.
Diecinueve meses después de aquel pacto in extremis para nombrar a los miembros del Consejo de Administración de la radio y la televisión públicas, y con un cambio en la dirección del principal partido de la oposición de por medio, el Gobierno ya no se fía de sus interlocutores. “Dicen una cosa en privado y en público la contraria”, lamentan en Moncloa, donde han dado un golpe en la mesa ante la cadena de polémicas que ha acumulado el presidente de RTVE.
Tornero, que quedó tercero en el fallido concurso con el que inicialmente se iba a componer el consejo de administración del ente público, fue la propuesta que el entonces secretario general de Presidencia y hoy ministro, Félix Bolaños, puso sobre la mesa para la presidencia como hombre de consenso con el PP, que lo aceptó. El acuerdo era una pieza más de un puzle que incluía, entre otros, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que por entonces acumulaba ya un importante retraso.
Unidas Podemos aceptó por la promesa de poder incluir nombres en el CGPJ. Pablo Iglesias, quien por entonces era vicepresidente segundo del Gobierno y líder del espacio político, aseguró el pasado lunes en la cadena SER que “era imposible llegar a acuerdos en nada con el PP y, de hecho, se iba a buscar una mayoría parlamentaria por otro lado, por el lado de la izquierda”. “No hacía falta el acuerdo con el PP”, señalaba desde la tertulia de Hora 25..
Pero un día, según sus explicaciones, desde Moncloa se pusieron en contacto con Unidas Podemos para comunicarles un acuerdo con el PP para el CGPJ según el cual “aceptan que no solo proponen ellos y nosotros, sino que puede haber dos vocales a propuesta de Unidas Podemos”. “Parecía razonable”, prosiguió Iglesias, “que el PP diga que para llegar a una acuerdo en el CGPJ había que llegar a un acuerdo en RTVE. Aquello se votó y una vez que el PP tuvo a Tornero en Televisión Española y a sus consejeros, dijo este pacto no se cumple”.
Con el tiempo, el Gobierno ha visto cómo Tornero se alejaba de las posiciones de los consejeros designados por PSOE, Unidas Podemos y PNV para acercarse a los conservadores, cuyos nombres ya rechinaron a las fuerzas progresistas en el momento en el que se votaron en el Congreso, con Jenaro Castro y Carmen Sastre, dos perfiles muy polémicos en el ente, a la cabeza. Tornero llegó a perder el control del Consejo de Administración.
En Moncloa no gustaba el tratamiento informativo, más en la televisión que en la radio, por supuesta falta de ecuanimidad. Al tiempo, Tornero elevaba a puestos directivos a personas que habían recibido en el pasado el reproche del Consejo de Informativos por manipulación o que tenían vinculaciones con el PP. Uno de los nombramientos más controvertidos fue el de José Juan Ruiz Jota, como director de gabinete, quien acumuló muchísimo poder al margen del consejo de administración.
Fuentes gubernamentales aseguran que les fueron trasladados numerosos problemas de Tornero con los consejeros. Uno de ellos, Roberto Lakidain, nombrado a propuesta de Unidas Podemos, elaboró un informe analizando la tendencia ideológica de los tertulianos de algunos programas llegando a la conclusión de que había una presencia sensiblemente mayor de perfiles de derechas.
En medio de estas polémicas y con una crisis histórica de audiencias, se produjo esta semana la dimisión de Tornero y su inmediata sustitución por Elena Sánchez, nombrada a propuesta del PSOE. Se hará con las riendas de RTVE de manera interina hasta que el Congreso nombre un nuevo consejero para sustituir a Tornero (se requiere mayoría absoluta). Más complicada será la elección de un nuevo presidente dado que se requiere de la participación del PP, que persiste en el bloqueo del resto de instituciones.
Y es que el nombramiento de Tornero fue una rara avis en la política española desde que una moción de censura mandó al PP a la oposición en junio de 2018. El Gobierno de coalición aceptó entonces desligar el Consejo de Administración de RTVE del conjunto de instituciones que estaban caducadas con la confianza de que ese desbloqueo allanara el de las demás. Pero tuvo que esperar ocho meses para el siguiente acuerdo, que se limitó al Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos, Tribunal Constitucional y el de Cuentas. El CGPJ siempre quedó al margen.
La coalición se tragó entonces dos indigestos sapos: la designación de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, absolutamente alineados con el PP. El objetivo era lograr una mayoría progresista en el Constitucional durante los próximos nueve años con los dos nombres que le corresponden al Gobierno. Sin embargo, la persistencia en el bloqueo del CGPJ y la posterior rebelión del sector conservador para no designar a los dos magistrados que les corresponden ha truncado de momento esos planes.
Ni siquiera el cambio en el PP y la llegada de Alberto Núñez Feijóo, en quien Sánchez quiso ver un perfil más pactista que el de su antecesor, ni tener un acuerdo firmado por escrito para el desbloqueo del Poder Judicial con la anterior cúpula de Génova han permitido renovar el órgano de gobierno de los jueces, que se encamina ya a los cuatro años de mandato caducado.
El pacto de Casado para RTVE, sí; el del CGPJ, no
El propio Feijóo ha reconocido la existencia de un acuerdo para renovar RTVE al denunciar que el Gobierno lo ha roto por, supuestamente, forzar la dimisión de Tornero. “Lamento que RTVE se vea sometida al control férreo del Gobierno. O haces lo que te mandan o simplemente te cesan”, aseguró el dirigente gallego el pasado martes. “Obliga a cesar a una persona elegida, el Gobierno no respeta los pactos”, añadió, para concluir que es algo “especialmente grave”, dijo el presidente gallego que llegó a colocar al frente de la televisión autonómica a una periodista que hacía de interventora del PP en las elecciones y donde se acumulan más de 200 semanas de huelga de una parte de la plantilla que denuncia la manipulación del ente público.
Feijóo insiste pese a todo en tratar de resucitar un acuerdo sellado por la anterior dirección del PP con el Gobierno de coalición para la televisión pública estatal, algo que, sin embargo, rechaza cuando se trata del pacto para renovar el CGPJ.
El pasado mes de agosto se hizo público un acuerdo sellado por Bolaños y el que fue número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea, que hacía referencia a esa segunda batería de renovaciones institucionales que tuvo como objetivos el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor del Pueblo, entre otros.
El documento, firmado por el secretario general del PP, dejaba claro que el principal partido de la derecha se comprometía a renovar el CGPJ sin exigencias. Feijóo negó primero la existencia del acuerdo, aseguró después conocer el contenido y, finalmente, dijo que a él no le incumbía porque lo había sellado otra dirección. La misma que acordó el nombramiento de Tornero, en cuya dimisión ha encontrado el PP una nueva excusa para no alcanzar acuerdos con el Gobierno, al que acusa de “no cumplir sus pactos”.