Primera hora del 31 de octubre de 2019, diez días antes de las elecciones, Moncloa anticipa que Pedro Sánchez va a hacer un anuncio importante en la enésima entrevista radiofónica que concede en campaña: un decreto ley para poner “punto y final a la república digital catalana”. “No va a haber independencia ni offline ni online”, afirmó con rotundidad el candidato socialista, que hizo de la dureza contra los independentistas uno de los ejes de su discurso. Corrían semanas en las que el PSOE pujaba por el voto de Ciudadanos vendiendo mano dura ante el secesionismo.
Apenas un mes más tarde, el escenario ha cambiado. Sánchez ha sellado un acuerdo con Unidas Podemos y necesita al menos la abstención de ERC para repetir en el Gobierno. Aquel decreto aprobado en campaña que irritó al independentismo llega ahora al Congreso para su convalidación sin garantías de que pueda salir adelante y la posibilidad de que si lo hace sea con los votos de PP y Ciudadanos. Y todo la víspera de que se reúnan los equipos negociadores de PSOE y ERC.
Sánchez recurrió a la vía del decreto ley –una figura legislativa reservada a los asuntos de urgente necesidad– para golpear en la línea de flotación de la Generalitat en materia digital. La encargada de explicar el contenido del decreto fue la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien aseguró que se evitaría con él que las administraciones públicas tengan servidores en “paraísos digitales” obligando a que estén radicados en la UE. En Moncloa se mostraron convencidos de que el Govern hace uso de esos “paraísos digitales” en páginas de la institución.
El decreto, que permite al Gobierno intervenir y asumir el control de la infraestructura física y digital que soporta Internet si considera que existe “una amenaza inmediata y grave para el orden público” o pueden derivarse “graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes”, fue considerado por la Generalitat un “155 digital” desde el primer momento. De hecho, el Govern ha anunciado que iniciará los trámites para impugnarlo ante el Tribunal Constitucional al entender que invade competencias.
La convalidación de la normativa –que en este caso defenderá la ministra de Economía, Nadia Calviño– llega a la Diputación Permanente del Congreso este miércoles, un día antes de que el equipo negociador del PSOE se siente con el de ERC para abordar la investidura de Sánchez. No obstante, Gabriel Rufián ha evitado polemizar sobre el asunto este martes. “No mendigamos. Estamos hablando de un conflicto político. Entrar en detalles sería abaratar lo que está pasando”, ha respondido el portavoz parlamentario a preguntas de los periodistas sobre si reclamará la retirada de esa medida como condición.
El PSOE confía en sacar adelante el decreto, aunque en la tarde de este martes fuentes de la dirección parlamentaria aseguraban desconocer el sentido del voto del resto de formaciones. La posición de Unidas Podemos está todavía sin fijar y se mueve entre la abstención y el noi, Aitor Riveiro. Pablo Iglesias criticó duramente la iniciativa cuando fue aprobada por “electoralismo” de Sánchez, pero también aseguró que esa medida era “ponerle puertas al campo” y que “no va a ninguna parte”. La alianza postelectoral de los socialistas y el grupo confederal pasa por la lealtad en lo relativo al conflicto catalán.
En todo caso, Sánchez no puede contar para ese decreto con los votos de los aliados de la moción de censura. ERC, JxCat y PNV votarán en contra. Por eso la posición de PP y Ciudadanos será determinante en la votación en la que su abstención valdría para que la iniciativa salga adelante. Ni los de Pablo Casado ni el grupo que lidera Inés Arrimadas han desvelado cuál será el sentido de su voto en un momento en el que reclaman al socialista que cambie de socios para su investidura.
En plena negociación para la investidura
El apoyo de ERC para que el Gobierno de coalición salga adelante se ve con pesimismo en las filas del PSOE, donde cunde la preocupación ante las exigencias que plantea la formación independentista, entre ellas una negociación “entre gobiernos” para buscar una salida al “conflicto político”. Para una parte importante del partido se trata de condiciones “inasumibles”, según las fuentes consultadas.
El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha defendido “normalizar” la interlocución del Ejecutivo con cualquier gobierno autonómico que se dé “dentro de la normalidad del funcionamiento constitucional”, aunque ha advertido de que algunos de los planteamientos de ERC, como el referéndum o la amnistía, son “inasumibles” para los socialistas.
Sin embargo, fuentes gubernamentales apuntaban este martes a un mayor optimismo tras la rueda de prensa de Rufián en la que ha abierto la puerta a facilitar la investidura si el equipo negociador que encabeza Adriana Lastra se compromete a un calendario para una negociación entre gobiernos.
“Rufián no ha sido tan contundente como lo eran este fin de semana”, apuntan fuentes gubernamentales, que aseguran que en los últimos días “han estado hablando” las distintas partes en diferentes niveles y que confían en que los republicanos rebajen sus exigencias: “Te presentas a pedir todo, pero vamos a ir viendo”. Esas fuentes señalan el trabajo “complementario” de Carmen Calvo con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, al de la “mesa de partidos” que se reunirá este jueves en el Congreso. El dirigente de ERC ha desvelado, además, que se ha intercambiado mensajes con Sánchez.
La sesión de la Diputación Permanente –que es el órgano encargado de la actividad parlamentaria en periodos inhábiles– abordará también las enmiendas al decreto de medidas urgentes para afrontar la debacle del touroperador Thomas Cook. Al convalidarse, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos aprobaron que fuera tramitado como Proyecto de Ley para hacer cambios a través de enmiendas. Fuentes parlamentarias dudan de que dé tiempo a que las modificaciones se realicen en el Senado antes del próximo 3 de diciembre, cuando se componen las nuevas Cortes y decaen los proyectos vigentes de la anterior legislatura. El Congreso aprobará, además, el decreto para ejecutar el presupuesto de la Seguridad Social, el vinculado a la organización de la Cumbre del Clima y el de retribuciones para las instalaciones de energías renovables.