La Policía Nacional paró en la mañana del martes al periodista del Diario de Mallorca Kiko Mestre para requisarle su teléfono personal. Por la tarde acudió a la sede de Europa Press en Baleares para hacer lo mismo con otra periodista. También se llevaron varios ordenadores de la redacción. Los agentes esgrimieron una orden judicial del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma que, a instancias del empresario Bartolomé Cursach -acusado de casi una veintena de delitos, todos muy graves- ha pedido que se investigue la publicación de ciertas informaciones sobre su caso.
La actuación de los agentes, a instancias del juez, ha provocado la reacción inmediata de asociaciones de periodistas y de plataformas en defensa de la libertad de prensa. La fiscal general del Estado, María José Segarra, se ha visto obligada a salir al paso de las críticas porque la Fiscalía de Baleares apoyó esa intervención de la Policía. Ha afirmado que tanto jueces como fiscales velan por la libertad de prensa, pero ha entendido que este asunto provoque “inquietud”.
La investigación no es contra los periodistas, sino contra quien les filtró la información, pero amenaza su trabajo sobre un caso en el que su principal acusado tenía en nómina a policías, periodistas y testigos. El sumario describe una Mallorca que más bien parece Sicilia, con un todopoderoso magnate de la noche que contaba con la protección de buena parte de la policía local, que compraba a políticos, con dinero o prostitutas, y en el que testigos protegidos han descrito sobornos, chantajes y palizas.
Manuel Penalva, el primer juez del caso —que, como el fiscal, solicitaron permiso de armas por las amenazas— y que acabó apartado tras una maniobra de Cursach, lo resumió en un escrito: “Nunca he vivido tal situación de acoso hacia investigadores y testigos”. En ese ambiente se desarrolla el trabajo de los dos periodistas a los que los agentes requisaron los teléfonos.
Mestre lo explicó a eldiario.es. No todos los medios de la isla publican los avances de la investigación contra Cursach —“Ha gastado mucho dinero en publicidad (...) y otros medios claramente se han posicionado a su favor”— y los periodistas que lo hacen se enfrentan a las amenazas del entorno del empresario. Ahora, las fuentes que se atreven hablar tendrán un incentivo más para no hacerlo.
“Nadie en España va a querer hablar con un periodista”
“El problema del secreto profesional es que el de un periodista protege a todos los periodistas, y a las fuentes”, dice Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional. En su opinión, lo ocurrido este martes atenta claramente contra el artículo 20 de la Constitución, que protege el secreto profesional y el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.
“Ese artículo, cuando habla del secreto profesional, dice que hay que proteger las fuentes. Es un derecho frente a los jueces, no es como el secreto de las comunicaciones, es un derecho que un juez no puede saltarse, no te puede obligar a decir quiénes son tus fuentes”, sostiene Urías, que pone al mismo nivel preguntar a un periodista por el origen de su información que quitarle el teléfono para comprobarlo directamente.
Este profesor, exletrado del Tribunal Constitucional, cree que los periodistas debían haberse negado a entregar el móvil. “La orden judicial es inconstitucional, la negativa a entregar el teléfono no puede ser sancionada como no puede ser sancionada la negativa a contestar quiénes son tus fuentes si te lo dice un juez”, apunta. Una vez que ya han entregado sus teléfonos —aunque se negaron a dar las contraseñas— asegura que deberían reclamar con ese argumento, el de que la orden es inconstitucional.
En su opinión, que el derecho a proteger a las fuentes no se haya desarrollado por una ley —como dice la Constitución que debería haberse hecho— no supone un problema a la hora de protegerlo: “Eso no hace falta ni es un problema, los derechos de la Constitución no necesitan una ley, es una perspectiva absurda”. Señala que el derecho lo recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero que tampoco esta puede recoger la enorme pluralidad de supuestos a los que afecta el secreto profesional de los periodistas.
“Tendrían que reclamar ya, no solo por ellos, por el resto de periodistas, porque esto genera una desconfianza en las fuentes. A partir de mañana nadie en España va a querer hablar con un periodista”, lamenta.
Derechos fundamentales, pero no ilimitados
La opinión de Urías no es unánime entre los juristas. “Los derechos fundamentales también tienen límites, no son absolutos, pueden ser restringidos por una resolución judicial”, opina un juez decano de una ciudad española con más de 20 años de experiencia que prefiere mantenerse en el anonimato. Ha tenido que lidiar en ocasiones con situaciones como la que afecta a los periodistas de Baleares: perseguir al autor de un delito a partir de una información periodística.
Este magistrado pone el acento en un aspecto muy importante: que ese derecho a proteger a las fuentes no se haya desarrollado en una ley. El hecho de que la Constitución apele a regularlo con una ley “está planteando que habrá de ejercerse por unos cauces y con unos requisitos, es decir, con una serie de límites”. Si no existe esa ley todavía, dice, es en parte por la oposición que han mostrado siempre los periodistas por miedo a que una norma lo “encorsete”.
“Las fuentes hay que protegerlas frente a los propios jueces, pero no siempre y en todos los casos. Se me ocurre que si a un periodista la información se la facilita el autor del delito, no creo yo que ese derecho permita el encubrimiento de ese delito”, sostiene, y añade que en este caso no se investiga a los periodistas, sino el delito que pudiera haber cometido un funcionario al transmitirles los datos del caso.
Este juez —que incide en que en España “no existe tradición de respeto al secreto de sumario”— insiste en que no conoce todos los detalles del caso. Por ejemplo, si el juez ha agotado todas las vías para conocer el origen de la filtración. Este magistrado cree que requisar los teléfonos es una medida que debe tomarse solo cuando ya no queda otra opción. Pero eso sí, en su opinión, que “un juez de lo penal con una resolución motivada crea necesario limitar ese derecho no implica que quede vacío de contenido”.
El juez investiga la filtración desde hace meses
La Policía, por orden del juez, ya había intentado conocer el origen de la filtración hace unos meses. La noticia que ha desatado esa investigación, en concreto en el caso de Europa Press, se publicó a principios de julio. Era un informe policial, de los que circulan por todas las redacciones y se publican habitualmente en los medios. En este caso se trataba de un documento de Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional se acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016.
Unas semanas después de esa información, agentes de la Policía Nacional se presentaron en la sede de Europa Press en Baleares. Lo recuerda Antonia López, la delegada de la agencia de noticias. Aquel día los policías llegaron con tono conciliador, hablaron con la periodista, preguntaron por la fuente —ella se negó a dar cualquier dato— y por “el funcionamiento de la agencia”. Quedaron en que la llamarían para que ratificara su versión.
No volvieron a dar señales hasta el viernes pasado. Avisaron a la periodista de que iba a tener que declarar por escrito, como ya le habían dicho en agosto. Cuando este martes se presentaron en la sede de la agencia todos pensaron que era para eso, para tomarle declaración. Pero no. Le dieron la orden judicial, pidieron reunirse con ella a solas y le dijeron que le requisaban el teléfono, explica López.
“Se llevaron dos torres de ordenadores, un pendrive y toda la documentación que vieron. Pidieron documentación del caso Cursach en general, no solo referente al informe de agosto”, relata. Mientras, ellos mostraron su oposición y advirtieron de que así era imposible proteger a sus fuentes, sobre todo en un caso tan complejo. Insiste en que han informado de todo sobre la investigación a Cursach: cuando le atribuían delitos y cuando le archivaban acusaciones.
Discrepancias en la Fiscalía
Europa Press se va a querellar este jueves contra el juez que ordenó la incautación de material en su sede de Baleares y Diario de Mallorca ya ha anunciado que hará lo mismo. La delegada de Europa Press en Baleares muestra su sorpresa con que la Fiscalía apoyase esa medida.
En concreto, fue el fiscal Joan Carrau quien avaló que el juez de instrucción 12 de Palma, Miguel Florit, a instancias del abogado de Cursach, ordenase que se requisasen los móviles de los periodistas. Esa decisión ha provocado tensiones dentro de la Fiscalía. El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, se ha apresurado hoy a decir que cuando conoció la decisión de Carrau advirtió de que era “delicado” incautar teléfonos de periodistas, según recoge la agencia Efe.
Barceló ha insistido en que “este asunto lo ha llevado y lo lleva” la Fiscalía Anticorrupción: “No he participado en absoluto en la deliberación porque no me corresponde a mí”. “Lo que dije es 'cuidado', que este es un tema delicado precisamente porque está en juego el secreto profesional de los periodistas”, ha añadido.
El asunto ha llegado al Consejo Fiscal, el máximo órgano asesor de la Fiscalía. A este órgano y a la propia fiscal general del Estado ha llegado una carta firmada por cientos de periodistas pidiéndole que dé marcha atrás y se oponga a esa investigación instigada por Cursach. “Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes”, dice esa misiva. El Consejo Fiscal, sin embargo, ha rechazado pronunciarse porque podrían inferir en la investigación en curso.
Una ley que amenaza “el periodismo de investigación”
El ministerio público insistió ayer en que no se trataba de una investigación contra los periodistas, sino que se persigue un delito de revelación de secretos por parte de quien filtró esa información. Pero lo cierto es que los dos periodistas están en el centro de las pesquisas, en un caso que no es una excepción. En los últimos años varios informadores han afrontado procesos judiciales en los que se ponía en peligro la protección de sus fuentes y se enfrentaban incluso a penas de cárcel.
El ejemplo más reciente es el caso Máster. Cristina Cifuentes presentó una querella contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la autora de las informaciones, Raquel Ejerique. Con el apoyo de la Fiscalía, que aunque no ve delito en la publicación de esas noticias sí que apoya conocer el origen. Ambos continúan aún imputados en el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid por un delito de descubrimiento de secretos. Cifuentes pide para ellos hasta cinco años de cárcel.
Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, su portavoz Yolanda Quintana pone el foco en este asunto. “En España tenemos un problema legislativo muy grave cuando tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal son una amenaza para el periodismo de investigación y la protección de las fuentes, al criminalizar denunciantes, las filtraciones y los medios que las publican”, indica.
Quintana señala que la reforma que hizo el PP de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “facilita el acceso a los dispositivos de los informadores, pudiendo vulnerar el derecho constitucional al secreto profesional”. “Estos registros son un ataque al periodismo de investigación y al derecho de información de la ciudadanía”, añade.