Isabel Díaz Ayuso anunció el 26 de marzo de 2020 “un plan de choque para las residencias de mayores”. Bajo el mando único de la Consejería de Sanidad se tomaron las medidas necesarias, ya que “proteger a la población más vulnerable ante este virus, los mayores, ha sido una prioridad para el Gobierno regional”, se dijo en un comunicado. Casi de inmediato, se encargó el refuerzo de la asistencia a las residencias a una empresa fundada por la hija de un antiguo alto cargo del PP. Su mayor experiencia profesional había sido ser jefa de ventas de Telepizza.
Se dijo que se iba a medicalizar las residencias. Nunca ocurrió tal cosa. Todo se limitaba a una visita por una empresa privada de ambulancias que poco podía hacer ante el terrible espectáculo que se encontró en los primeros meses de la pandemia. Encarnación Burgueño, la presunta gran esperanza de Ayuso, tenía muy claros sus planes: “Como sigamos así, nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma”, dijo en unos mensajes conocidos después. Un gran negocio en ciernes.
En los escasos diez días que duró su fracasada intervención, murieron en torno a 3.000 personas en las residencias de la región. En total, 7.291 fallecimientos. Las puertas de unos hospitales desbordados estaban cerradas para los ancianos.
Eran siete mil razones que cuestionaban la imagen de éxito que quiso propagar el Partido Popular desde el primer momento en Madrid, incluso con vídeos que presentaban a Ayuso como salvadora de España. Por eso se han negado siempre a permitir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Hay muchas formas de defender ese bloqueo. El PP madrileño ha esgrimido algunas razones que muchas familias de fallecidos consideran particularmente hirientes. El vicepresidente, Enrique Ossorio, superó el umbral esta semana al saberse que Vox, que votó en contra de la formación de la comisión, parece haber cambiado ahora de opinión. Y lo hizo arrogándose el derecho de hablar en nombre de las familias e incluso de sus sentimientos.
“Esta comisión sólo tiene un interés electoral”, dijo Ossorio el miércoles en una rueda de prensa, “y va a causar un daño innecesario a esas familias, que podrán volver a pensar: '¿Se podría haber evitado la muerte de mi familiar?'. Creo que eso las familias ya lo han superado”.
A las primeras muestras de indignación de la oposición, Ossorio respondió subiendo a Twitter un fragmento mayor de su intervención –no mucho, unos 30 segundos más–, que casi lo dejaba peor. Se escuchaba al número dos de Ayuso recurrir al bulo de los guantes en la manifestación del 8M.
No iba a rectificar o pedir disculpas a los familiares cuando ni siquiera está dispuesto a renunciar a una conspiración falsa a la que se ha referido su jefa en varias ocasiones.
La periodista Ángeles Caballero perdió en la pandemia a su madre, Julia, y no ha dejado de llorarla. No es aventurado pensar que miles de personas están como ella, porque ¿cómo se puede superar la muerte de un padre, madre o abuelo, en especial si tienes la sospecha de que se podía haber salvado?
“Usted, portavoz de la comunidad en la que vivo y en la que pago mis impuestos”, escribió Caballero tras escuchar a Ossorio, “no puede apropiarse del dolor de 7.291 personas. Básicamente, porque son un montón de duelos y un montón de víctimas directas y colaterales con las que no ha hablado y, por tanto, desconoce la necesidad de tener una comisión de investigación que indague en lo que pasó esos días”.
Ossorio pensó que desde luego que podía hacerlo y erigirse por su cuenta en representante del dolor de esas familias si le convenía políticamente. Estaba orgulloso de haberlo hecho, como demostró al día siguiente en la Asamblea de Madrid. Y los diputados del PP estaban de acuerdo en que su vicepresidente es el mejor portavoz de esas personas. El único al que les interesa escuchar.
Por eso, le aplaudieron con ganas precisamente por no haber pedido disculpas, ni siquiera en ese formato habitual de disculparse “si alguien se ha podido sentir ofendido”. Ni una concesión a las familias, no fuera que las utilizara la oposición en su favor. Por la tarde, al finalizar el pleno, los diputados de su partido le ovacionaron puestos en pie. Como si fuera un héroe.
Díaz Ayuso se cuidó de no mencionar por su nombre al vicepresidente. Sobre la comisión, dijo que sólo busca “retorcer el dolor de las familias”. Acusó a la oposición de mentir por decir que Madrid fue una de las regiones europeas con mayor número de muertes por habitante (fue la segunda detrás de la Lombardía italiana). Presumió de que “fuimos los que más material sanitario trajimos”, algo que es imposible porque en todos los países fueron los gobiernos centrales los que contaban con más recursos para comprarlo.
También dijo que no tiene problemas en reunirse con las familias. Su Gobierno se ha ocupado de impedirlo. Daría lugar a situaciones embarazosas. “Se han negado a reunirse con los familiares y ahora se atreven a hablar en su nombre para decirles que lo han superado ya”, le acusó Mónica García. “¿Superar qué? Ustedes sabían que iban a morir de forma indigna”.
Eso es lo que ha dicho alguien que sabe qué es lo que hizo Ayuso en 2020, el que fue su consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, que dimitió en octubre de 2020. Ha relatado su experiencia en el libro 'Morirán de forma indigna', donde confirma las peores sospechas sobre cómo se abandonó a los ancianos de las residencias.
“La consecuencia de los protocolos, la más inmediata, es que hubo personas que se podían haber salvado en un hospital y no se salvaron”, dijo hace unos días. “Muchos murieron en condiciones terribles, porque la propia situación de la pandemia hacía que los familiares no pudieran entrar en la residencias”.
Es la pesadilla que vivieron Ángeles Caballero y tantos como ella: “No es que no queramos reabrir la herida, señor Ossorio, es que no la hemos cerrado”.
Ossorio ha conseguido que aumente ese dolor. Es un logro político del que podrá presumir en su currículum.