La cercanía de las elecciones autonómicas andaluzas ha puesto nuevamente de manifiesto el temor que hay en el PP y en el PSOE a los perniciosos efectos de la reforma la ley electoral (LOREG) que ellos mismos pactaron en 2011 para instaurar el llamado “voto rogado” para los residentes españoles en el extranjero. Las numerosas trabas con las que se encuentran estos emigrantes inscritos en el CERA (censo de residentes ausentes) para poder ejercer su derecho al voto ha hecho disminuir de forma alarmante su participación en las elecciones celebradas desde entonces.
Dirigentes de ambos partidos reconocen que se arrepienten de esos cambios mientras se cruzan acusaciones de impedir una nueva “contrarreforma” del sistema ante un año marcadamente electoral como es 2015, en el que la primera cita será las andaluzas del próximo 22 de marzo. Dos meses después, el 24 de mayo, se celebrarán las municpales y autonómicas; luego las catalanas, que serán en septiembre. Y, finalmente, las generales, previstas para noviembre.
El ejemplo más reciente de los nefastos efectos de aquel pacto ha sido el de las elecciones europeas celebradas en mayo del año pasado. De 1.724.390 electores inscritos en el CERA, solo votaron 34.310 personas, es decir, menos del 2%. Sin embargo, en 2009, antes de ser obligatorio el voto rogado, participaron alrededor de 170.000 españoles en el exterior.
La Marea Granate, movimiento transnacional que aglutina a muchos de estos ciudadanos, puso de manifiesto las múltiples irregularidades que impidieron que un alto porcentaje de emigrantes no pudiera ejercer su voto en aquellos comicios. Entre otras cosas, los miembros de este colectivo denunciaron el cierre del periodo de inscripción en el censo electoral sin previo aviso, una “desinformación total” sobre el proceso del voto en los consulados, o una “información privilegiada para los votantes de ciertos partidos”.
Para que esto no se repita, y ante la avalancha de elecciones que se avecinan en España a lo largo de este año, la Marea Granate escribió el pasado 20 de enero una carta abierta al Director General de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristóbal Ramón Valdés, en la que le piden “procedimientos, plazos e información adecuada para el voto exterior”. También le transmiten que se sienten “ciudadanos de segunda” cuyos derechos constitucionales “son vulnerados por el mero hecho de vivir fuera”. “Seguimos peleando por un proceso electoral justo”, advierten en la carta.
La próxima cita electoral será el 22 de marzo, la fecha fijada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para las autonómicas. Según los datos del INE, en la actualidad hay un total de 6.496.685 electores andaluces, de los cuales 209.768 son los inscritos en el CERA. También pueden votar las personas que hayan salido de España temporalmente por diversas circunstancias. Para ello, deben registrarse previamente en el censo de Residentes Temporales (ERTA) acudiendo en persona a la oficina consular o embajada del país donde se encuentren, acreditando su identidad con el DNI o el Pasaporte.
El problema es que para votar, unos y otros deben solicitarlo previamente (“voto rogado”) dentro de unos plazos concretos. Este engorroso trámite burocrático lleva a muchos de estos potenciales votantes a no ejercer ese derecho.
Pese a todo, los dos grandes partido no han renunciado a pelear por el apoyo de esos residentes en el exterior. Saben que en el caso de unos resultados ajustados, sus sufragios pueden ser decisivos para decantar la balanza de un escaño provincial hacia un lado u otro. “Esto es una cita a ciegas. Un solo voto de un emigrante puede decidir un escaño. Incluso te puede dar una mayoría. Ya pasó en Galicia y en Asturias. Desde luego, nosotros salimos en las andaluzas para ganar también ese partido”, afirma Alfredo Prada, secretario ejecutivo del PP en el exterior.
El dirigente popular, no obstante, reconoce que en el caso de Andalucía “el PP nunca ha ganado en el voto exterior. Como tampoco lo hemos hecho en Cataluña o en el País Vasco”.
Los de Rajoy son también conscientes de que ahora lo tienen más difícil por el descontento que hay con el Gobierno por culpa de la crisis, motivo por el que muchos jovenes han tenido que emigrar. Justamente por ello, cuenta Prada, van a poner mayor énfasis en “dar la vuelta” a ese desencanto vendiendo la consabida recuperación económica.
Argentina será uno de sus objetivos. Allí hay más de 48.000 andaluces. Le sigue de cerca Francia con 33.714; Alemania con 24.605 y Brasil con 22.612. El PP asegura que cuenta con 15.000 afiliados en todo el mundo.
Uno de los dirigentes que hará campaña en el exterior para captar el voto andaluz será el gallego Alberto Núñez Feijóo que irá a Argentina -en donde los populares cuentan casi con 6.000 afiliados-, y a Uruguay. “Nos viene muy bien para ir calentado motores de cara a las municipales de mayo”, dice Prada. El que no saldrá fuera es el candidato, Juan Manuel Moreno.
En el PSOE tampoco viajará al extranjero Susana Díaz. Los socialistas andaluces harán actos en varios países europeos como Bélgica, Alemania y Francia. Sin descuidar América Latina: Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, “aprovechando las visitas programadas desde el PSOE federal”, según explica a eldiario.es el coordinador de este área del PSOE-A, Víctor Bellido.
La provincia de Almería les importa especialmente. Allí un puñado de votos del exterior hizo variar los resultados en las anteriores autonómicas. “Lo que decidan los emigrantes de Granada también pueden influir”, añade Bellido.
Los socialistas aseguran que no están preocupados por las encuestas que no les garantizan en Andalucía mejores resultados de los que ahora tienen, pese a que la intención de Susana Díaz con el adelanto electoral es afianzarse en la Junta. Bellido reconoce que en las actuales circunstancias el voto del emigrante andaluz puede darles más de una “alegría”. “Una gota de agua en sí misma no parece importante pero en un momento determinado puede hacer rebosar un vaso”.
De lo que sí son ahora conscientes tanto los de Rajoy como los de Pedro Sánchez es que una nueva reforma de la LOREG antes de las municipales y autonómicas de mayo es algo imposible. Pero los dos partidos piensan que quizá puedan limar asperezas de cara a las elecciones generales de finales de año.
El objetivo de esa “contrarreforma” sería eliminar el voto rogado y que los emigrantes españoles puedan votar directamente en urna en los consulados o bien por correo electrónico, así como ampliar los plazos para el voto por correo. Pero para ello tendría que haber voluntad política del alcanzar un consenso. Y todo apunta a que dicha voluntad no existe.