Dos directivos de Unipost han afirmado hoy ante el juez que su empresa no recibió ningún pago del Govern sobre el 1-O y han alegado que las tarjetas censales sobre el referéndum que les intervino la Guardia Civil no las iban a repartir ni facturar porque la Generalitat se las envió sin albarán.
Según han informado fuentes judiciales, ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga a altos cargos del Govern por los preparativos del 1-O, han comparecido hoy cinco testigos vinculados a Unipost, actualmente en concurso de acreedores, entre ellos el director de zona Cataluña-Baleares y el director financiero.
Los testigos han asegurado ante el juez, que busca el origen de cinco transferencias de la Generalitat a Unipost supuestamente vinculadas al 1-O por valor de casi un millón de euros, que la compañía no recibió ni un euro del Govern por el referéndum, pese a que desde el año 2016 tenían un contrato marco para efectuar envíos periódicos que les encargaba el ejecutivo catalán.
Sobre las casi 50.000 tarjetas censales que la Guardia Civil intervino el 19 de septiembre en la sede de Unipost en Terrassa (Barcelona), el director de zona ha alegado que una persona de la Generalitat -que no ha identificado- le llamó para decirle que le enviarían tres palés un viernes, sin especificar su contenido, aunque el material llegó el sábado y no lo repartieron porque no les dieron ningún albarán, por lo que no facturaron ni los repartieron antes de que fueran intervenidos.
Los testigos han insistido en que desconocían el contenido de los sobres que les enviaba la Generalitat para distribuir, ya que, según han remarcado ante el juez, es delito abrir las cartas que tienen que repartir.
El director de zona ha detallado que cuando recibió los tres palés llenos de sobres con el emblema de la Generalitat se dirigió él mismo al almacén que la compañía tiene en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y los trasladó personalmente hasta la planta de Terrassa, porque quería evitar preocupaciones a los trabajadores de la compañía, que ya se encontraba inmersa en concurso de acreedores, aunque nunca sospechó que estuvieran vinculados al 1-O.
En el marco de la investigación sobre la financiación del 1-O, la Guardia Civil detuvo el pasado 14 de diciembre al director general de Unipost, Pau Raventós, y el 25 de enero al jefe de operaciones de la empresa en Barcelona, por los delitos de malversación y falsedad documental, ante la sospecha de que la compañía postal actuó “en concierto” con el Govern para facilitar el referéndum ilegal.
El juez acordó los interrogatorios a los cinco testigos que han comparecido hoy después de que la Guardia Civil concluyera en un informe, al que ha tenido acceso Efe, que Unipost facturó 979.661,96 euros a la Generalitat por repartir cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales del 1-O y en repartir 5.346.734 tarjetas censales, aunque la acción de la justicia impidió su distribución.
“El servicio que iba a realizar Unipost a la Generalitat no se circunscribía únicamente al reparto de las cartas a las que se unieron unos certificados falsos, sino que además tenían la intención de simular una obligación para que sus destinatarios, que supuestamente eran designados por la Generalitat, debían constituir las mesas del referéndum”, apunta el informe.
“Y ello es lógico ya que sin esa certificación muchos de los destinatarios harían caso omiso a esa convocatoria, por eso se pretendía simular que era una certificación oficial”, agrega la Guardia Civil, que sostiene que los responsables del Govern intentaron “transmitir la imagen” de que el 1-O fue una votación “con todas las garantías”.
El juez trata de corroborar ahora si la Generalitat, como advierte la Guardia Civil en su informe, fraccionó los pagos a Unipost para “simular fácilmente” la operación a través de cinco facturas giradas a otras tantas consellerías: Presidencia, Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Cultura.
De hecho, en el registro del despacho de Raventós, la Guardia Civil halló documentos sobre esta supuesta facturación, por lo que el juez ha pedido a Caixabank que le informe del origen de esas cinco trasferencias y ha pedido a la Intervención General un informe fiscal y económico sobre las facturas que Unipost giró a estos cinco departamentos.
La Guardia Civil concluye que existió un “concierto manifiesto” entre Unipost y la Generalitat, “urgido por el propio Govern para materializar el referéndum del 1-O”, y que la persona de contacto de la Generalitat con la empresa postal era Francesc Sutrias, uno de los altos cargos del Govern detenidos el pasado 20 de septiembre, que fue director de Patrimonio de la secretaría de Hacienda de la consellería de Economía cuando la dirigía Oriol Junqueras.
Tras la detención el pasado 14 de diciembre de Pau Raventós -que quedó en libertad ese mismo día tras negarse a declarar-, Unipost alegó que nunca ha financiado actuaciones fuera de su objeto social y que desconoce el contenido de los documentos que distribuye.
La Generalitat ya encargó a Unipost el buzoneo de información institucional de la consulta del 9N de 2014, que también había sido suspendida por el Constitucional, en ese caso por 240.259 euros.